El magistrado Miguel Azagra Solano ha defendido, en su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la independencia de los integrantes del Poder Judicial ante las "descalificaciones y los intentos de desprestigio" a los que sus integrantes están sometidos .

Azagra, pamplonés de 61 años, ha sucedido en el cargo a Carmen Arnedo. Su toma de posesión ha tenido lugar en un acto celebrado ante la Sala de Gobierno del TSJN, informan en un comunicado.

En su discurso ha aludido a las consideraciones a las que se ve sometido el Poder Judicial que "superan las críticas normales —y a veces necesarias— a cualquier institución o poder del Estado, para constituir descalificaciones institucionales e incluso personales carentes de cualquier rigor".

Con ello se busca "trasladar al ciudadano dudas e inquietudes sobre aspectos tan dispares como el sistema de acceso a la carrera, las designaciones o nombramientos, la independencia judicial respecto de otros poderes del Estado, la imparcialidad o, incluso, sobre la verdadera motivación de sus resoluciones".

Estos intentos de desprestigio, ha apostillado, producen "intranquilidad, relajan la confianza que los ciudadanos tienen en sus jueces y no hacen sino socavar el Estado de Derecho, que es el soporte de la democracia".

"Nuestro trabajo al servicio del ciudadano, se basa en un compromiso personal y profesional inquebrantable que solo tiene como referente la imparcialidad, el sometimiento a la Constitución, a la Ley y al Estado de Derecho”, ha defendido.

Al mismo tiempo ha apuntado que los jueces de esta comunidad están llamados más que nunca a cumplir con la función encomendada de ser garantías de la aplicación del ordenamiento jurídico “frente a todos, y de ser así garantías de la convivencia”.

“Pese a la carencia de medios materiales y personales, pese a las críticas a veces exacerbadas e injustas, seguiremos desempeñando nuestra tarea como lo venimos haciendo, con responsabilidad y con el máximo respeto a los principios de independencia e imparcialidad con los que juramos o prometemos desempeñar nuestro cometido”, ha aseverado.

Además, ha reclamado la tercera plaza de magistrado para la Sala de lo Social, que desde su creación cuanta solo con dos titulares y no con tres que es lo propio de cualquier tribunal.

En su intervención ha destacado el aumento del 20 % que se ha producido en las causas que ven, es decir, en los recursos de suplicación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Social, así como el incremento del 32 % en las sentencias dictadas respecto al año anterior.

En el año 2024 las reclamaciones ingresadas en los Juzgados de lo Socialse situaron en 5.701, un 11,5 % más que el año anterior, resolviéndose casi un 21 % más de asuntos.

Cada juzgado recibe casi 1.200 asuntos al año, lo que, ha dicho, "hace materialmente imposible una respuesta adecuada al ciudadano en una materia tan sensible como la propia del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Todos estos números, ha matizado, podrían haberse incrementado exponencialmente de no existir una labor de mediación y conciliación muy relevante por parte de los órganos de solución extrajudicial de conflictos existentes. Así, el Tribunal Laboral tramitó 3.707 reclamaciones, que afectarán a 11.515 trabajadores, en las que se alcanzaron acuerdos en un 64 % de las mismas.

Su compromiso, además de a mejorar el funcionamiento y la respuesta que el Tribunal debe dar a las cuestiones que se le plantean, se dirige también a "intentar acometer las iniciativas necesarias para que el trabajo en los juzgados pueda llevarse a cabo con los medios materiales y personales necesarios para ello y conseguir así una respuesta rápida y adecuada".