UPN propone implantar en Navarra las denominadas Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs), una nueva figura que ya opera en comunidades como Madrid o Aragón y con la que se busca agilizar las tramitaciones urbanísticas. Como ha explicado esta mañana en rueda de prensa Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz parlamentario de la formación en materia de vivienda, se trata de entidades acreditadas por la propia administración que se encargan de verificar que las licencias van cumpliendo la normativa y llegan a la administración permitiendo reducir de forma notable los plazos burocráticos para obtener dicha licencia. "No puede ser que se tarde tanto en conseguir la licencia para un edificio de viviendas como en construirlo", ha defendido el parlamentario.

Entre las funciones que podrían ejercer estas entidades privadas que tendrían carácter técnico y personalidad jurídica propia además de medios materiales, personales y financieros para el ejercicio de sus funciones, está la intervención o control en el procedimiento de tramitación de licencias y declaraciones responsables, a instancia del ciudadano, mediante la emisión de certificados de conformidad de licencias y declaraciones responsables urbanísticas. También, la verificación e inspección de actos del suelo o subsuelo y edificación, a instancia del ayuntamiento, mediante la emisión de actas e informes de inspección urbanística. 

La creación de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas es una de las propuestas que ha planteado esta mañana el parlamentario de UPN en el marco de la nueva proposición de ley sobre vivienda asequible presentada por los grupos que conforman el Gobierno de Navarra y EH Bildu y que contra la que la formación regionalista presentará al menos 15 enmiendas al entender que, pese a su título, “ va a dificultar aún más el acceso a la vivienda” creando inseguridad jurídica para los potenciales arrendadores y frenando  las rehabilitaciones, entre otros aspectos. Muniáin ha criticado que en el texto presentado no se aborde ni una sola medida para agilizar la disposición de suelo para construcción de vivienda” calificando la política que se propone como un “reparto de las migajas”, ya que si no se desarrolla más suelo. "Si no se disponen parcelas de titularidad municipal o foral donde poner en marcha la política pública de vivienda, sólo les queda estrujar lo que ya se tiene, cada vez menos, hasta llegar a la nada más absoluta”. 

Entre las enmiendas que los regionalistas llevarán al Parlamento para su debate también está la supresión del artículo de la Ley de cambio climático que está "haciendo inviables desarrollos urbanísticos como el de Donapea o el TAV" porque obliga a reservar suelo en superficie donde generar energía cuando hay otras alternativas que, a su juicio, concitarían el consenso de todos los grupos. Muniáin ha calificado como "imposible" cumplir la exigencia planteada de que en 2030 todas las viviendas tengan calificación energética A o B y pedirá que se introduzca en la ley de vivienda “la obligación de que se publique en tiempo real el número de demandantes de vivienda protegida”, así como una disposición transitoria que obligue al gobierno a actualizar la normativa de habitabilidad en un plazo de seis meses, debido a las obligaciones obsoletas que dificultan la creación o rehabilitación de viviendas.

Sobre el alquiler, considera que la propuesta planteada por el Gobierno y sus socios “dificulta aún más el acceso al alquiler” al añadir “nuevas trabas a los propietarios”, a quienes “les prohíbe retener la fianza, y les obliga a depositarla en el Gobierno de Navarra. Si alquilan la vivienda, ya no van a disponer de la fianza del alquiler”.

Por otro lado, ha denunciado que estos mismos propietarios van a pasar a ser “acosadores inmobiliarios” y “a seguir desprotegidos frente a los okupas”, ya que en la nueva ley se introduce el concepto de ‘acoso inmobiliario’ como motivo de sanción para el propietario que alquila su vivienda "de una forma indeterminada y subjetiva, lo que supone aún más inseguridad jurídica y, en lugar de fomentar, disuade aún más el alquiler”, ha considerado.

Sánchez de Muniáin también ha rechazado como punto negativo que se suprima la posibilidad del alquiler con opción de compra, ya que “obligan a los que acceden a una vivienda a perpetuarse en el alquiler, aunque no quieran”.

Por otro lado, ha destacado que “supone un varapalo a la rehabilitación” porque las ayudas “ya no van a depender sólo de la renta, sino también del patrimonio”. Así, ha explicado que de la opción a ayudas se excluye a quien supere un patrimonio de 100.000 euros, por lo que “quien viva en un pueblo de Navarra y posea otra vivienda en Pamplona o Tudela no puede acogerse a ayudas, por ejemplo”.

Asimismo, ha denunciado las dificultades que conlleva para la promoción de apartamentos tutelados o comunitarios por parte de la empresa familiar navarra, debido a las cláusulas "inalcanzables" que impone para acceder a subvención, como la de 75 años de permanencia en la inversión.