El Consejo de Ministros ha acordado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral de Protección Civil y Emergencias, que buscaba la generalización del régimen de coeficientes reductores para la jubilación (0,20 por año trabajado)de algunas categorías profesionales de bomberos, al ir contra las competencias del Estado en materia de Seguridad Social y jubilaciones.

El Gobierno impulsará dicho recurso tras no acordar en la comisión bilateral con Navarra lo referente a algunos preceptos de la norma autonómica. Fue en mayo de 2024 cuando el Parlamento de Navarra aprobó una modificación del artículo 53 de la Ley de Protección Civil y atención de emergencias de Navarra por la que unos 150 conductores auxiliares de bomberos y peones auxiliares de bomberos contratados como refuerzo para las campañas forestales de verano e invierno se consideraban a partir de entonces pertenecientes a la categoría profesional de Bombero, en sus diferentes escalas o especialidades.

La norma a la que aspiraba el Gobierno de Navarra introduce en los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento los puestos de trabajo de "conductor auxiliar bombero y de "peón auxiliar de bombero", que se consideran ambos "pertenecientes a la categoría profesional de bombero en sus diferentes escalas o especialidades".

"Esta previsión implica encajar estos nuevos colectivos dentro de las especialidades existentes para los Bomberos en materia de seguridad social y jubilación, lo que va contra las competencias que ostenta el Estado", añade.

Recuerda el Gobierno que, a nivel estatal, se exige "un procedimiento reglado específico" para "poder establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en la Seguridad Social", algo avalado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda.

La norma autonómica, prosigue en la referencia, pretendía "orillar" el procedimiento estatal y las exigencias básicas al incluir "nuevas categorías de bomberos no previstas" y "sin el debido procedimiento", algo que, remarca el Gobierno, "resulta incompatible con la normativa básica estatal".

"De reconocerse la competencia a la Comunidad Foral de Navarra de poder establecer su propio sistema de Seguridad Social, así como de reglas especiales en materia de jubilación, se produciría una quiebra del sistema y de la caja única así como del principio de igualdad reconocido para todos los españoles", zanja el Consejo de Ministros.