La doble comparecencia este viernes en el Parlamento del consejero de consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y del director gerente de Sodena, Iñaki Larraya, con motivo de la difícil situación de Sunsundegui y la presencia de Bixente Nazabal, ex etarra condenado por el asesinato de Jesús Ulayar, en su consejo de administración ha permito repasar muchas de las polémicas que rodean a esta empresa en situación de concurso.

Irujo ha acudido al legislativo por petición de UPN, PP y Vox, cuyos portavoces le han reprochado la inacción del Gobierno de Navarra para impedir que el terrorista formara parte del órgano de dirección de una empresa que se sostiene con ayudas públicas. El consejero se ha defendido con el argumento de que la normativa ampara el nombramiento de Nazabal por parte de los socios trabajadores y que no se podían poner reproches legales a esta decisión.

Tanto Javier Esparza (UPN) como Maribel García Malo (PP) y Emilio Jiménez (Vox) han acusado a Irujo de ocultar la presencia Nazabal en el consejo de administración de Sunsundegui cuando, en abril del año pasado, defendía en el Parlamento la aprobación del segundo tramo de las ayudas de Sodena por seis millones de euros. Los tres grupos de la oposición han considerado que se encubrió este hecho para facilitar la tramitación del salvavidas financiero. El consejero no ha entrado al trapo y se ha limitado a relatar el acuerdo de 25 de noviembre de 2023 que llevó al reparto de los consejeros que iban a formar parte del órgano de dirección sin que, por entonces, se hubiera designado ningún nombre.

Ha sido el propio portavoz de PSN, Javier Lecumberri, el que ha reconocido que le constaba que UGT, sindicato con mayor representación en Sunsundegui y al que pertenece el presidente del comité, había maniobrado sin éxito para impedir el nombramiento de Nazabal. García Malo le ha recordado a Irujo que como consejero había presumido de haber logrado la renuncia del administrador único de Sunsundegui, Ignacio Murillo, para dar paso al nuevo consejo de administración, pero no había utilizado su influencia, como también había indicado antes Javier Esparza, para descabalgar a Nazabal. Este razonamiento ha llevado a que tanto Lecumberri, como Adolfo Araiz (Bildu), Mikel Asiáin (Geroa Bai) y Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) a afear a los portavoces de UPN y PP por lo que consideraban un “chantaje” a los socios-trabajadores.

García Malo ha sacado a la palestra que “ocho días antes de pedir el préstamo en el Parlamento” se tenía noticias de que el Registro Mercantil había parado los nombramientos de los consejeros de Sunsundegui. Irujo ha contestado que las razones dadas por el Registro Mercantil habían sido de tipo formal, algo que la portavoz del PP ha rechazado después leyendo los motivos aducidos. Posteriormente, Larraya ha explicado que el problema había radicado en un error en la convocatoria que había redactado la asesoría de Sunsundegui, por lo que hubo que contratar a “un despacho de abogados externo para subsanar los defectos”.

Durante la comparecencia del director gerente de Sodena, se ha abordado el rápido deterioro de la situación de Sunsundegui tras la aprobación del segundo tramo de ayudas. Tanto Esparza como García Malo han mostrado su extrañeza de que la cancelación del contrato con Volvo para fabricar sus dos autobuses premium se produjera dos meses después y que, unas pocas semanas más tardes, se hablara ya del concurso. “Entenderá que el ciudadano común no pueda comprender qué ha pasado”, le ha espetado la portavoz del PP tras señalar que a principios de mayo del año pasado el propio Gobierno de Navarra presumiendo de la “buena marcha” del proyecto. Irujo ya ha señalado antes que, durante la aprobación de las ayudas, se había advertido de la “delicada situación financiera” de Sunsundegui. Por su parte, Larraya ha expuesto que en noviembre de 2023, veinte días después de firmar el acuerdo con Volvo, la dirección de Sunsundegui ya había solicitado ayuda a Sodena porque “no podía hacer frente a sus obligaciones”.

La negativa del Gobierno de Navarra a entregar al Parlamento el contrato con Volvo por el que Sunsundegui iba a ensamblar sus autobuses premium ha sido otro de los motivos de fricción en las comparecencias de ayer. García Malo de lo ha echado en cara tanto al consejero Irujo como al director gerente de Sodena, sobre todo tras el informe jurídico de la cámara legislativa que avalaba el derecho a que se aportara dicha documentación. Esparza ha censurado la negativa a mostrar el contrato y ha lamentado que la oposición se va ver obligada a recurrir a los tribunales: “Espero que luego no nos acusen de judicializar la política”. Lecumberri le ha contestado que el PSN es consciente del “conflicto legal” y que va a tener que ser un tercero el que decida.