Informe

El principio de igualdad y transparencia "no estuvo garantizado en Belate"

Comptos considera que Obras Públicas tendría que haber solicitado un informe a la Junta de Contratación Pública que diera luz a los reparos del interventor

El consejero de Obras Públicas, Óscar Chivite, el pasado 8 de octubre en las obras de Belate
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El consejero de Obras Públicas, Óscar Chivite, el pasado 8 de octubre en las obras de Belate
El consejero de Obras Públicas, Óscar Chivite, el pasado 8 de octubre en las obras de Belate

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Pedro Gómez

Publicado el 27/11/2024 a las 05:00

La Cámara de Comptos comparte las advertencias hechas por los letrados de la mesa de Belate sobre “aspectos significativos que impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato” en el proceso de adjudicación de las obras de duplicación de los túneles. Por ello, el órgano concluye que Obras Públicas, antes de firmar la adjudicación, tendría que haber solicitado un informe a la Junta de Contratación Pública, “máxime teniendo en cuenta la relevancia de este contrato”.

El informe de Comptos sobre las cuentas generales de 2023 dedica un apartado a analizar el proceso de licitación y adjudicación de las obras de Belate por 62,88 millones (IVA excluido) a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar, con una bajada del 20% sobre el importe de licitación. El expediente incluyó un reparo no suspensivo por parte del interventor porque las valoraciones técnicas no estaban debidamente justificadas, el sistema de puntuación no fue transparente y la solvencia de la empresa ganadora no estaba debidamente certificada, entre otras cuestiones.

El hecho de que el reparo no fuera suspensivo ha sido el argumento al que se aferró el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, para defender la legalidad de las actuaciones y la “imposibilidad” de paralizar la adjudicación. La Cámara de Comptos, sin embargo, lo rebate. Recuerda que la ley foral establece el carácter suspensivo de los reparo únicamente en una serie de supuestos tasados. “Los reparos no suspensivos no suspenden la tramitación, pero no significa que haya una opinión favorable sobre el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, cuyo control tiene atribuido la intervención”, dice el informe. Por eso la Cámara de Comptos considera que “hubiera aportado una mayor garantía al proceso” solicitar un informe a la Junta de Contratación Pública. Este es el órgano colegiado que tiene como misión velar por el buen funcionamiento del sistema de contratación pública. Precisamente, a principios de febrero UPN llevó al Parlamento una moción para solicitar a la Junta de Contratación Pública un informe sobre Belate. La moción no prosperó porque PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin votaron en contra.

Cuando el director general de Obras Públicas, Pedro López, recibió en octubre de 2023 la propuesta de adjudicación, decidió por su cuenta y riesgo solicitar al Ministerio de Transportes un informe sobre el túnel de Caldearenas que aportaba Acciona para su solvencia técnica. Además, pidió a los técnicos de la mesa de contratación que rehicieran el documento de análisis, evaluación y puntuación de los criterios cualitativos de las ofertas presentadas para justificar mejor las puntuaciones otorgadas. La Cámara de Comptos advierte que la mesa de contratación es un órgano colegiado que no está sometido jerárquicamente al órgano de contratación, en este caso Obras Públicas, “y no puede ser sustituida en sus funciones”. Además, Comptos critica que Cohesión Territorial no le ha entregado la documentación relativa a estas actuaciones posteriores a los trabajos de la mesa de contratación.

Advertencias

Motivaciones. El margen de discrecionalidad en la valoración de los criterios cualitativos debe acotarse con una adecuada concreción y ponderación de los criterios.

Imparcialidad. El presidente de la mesa puntuó las ofertas el último y conociendo los puntos de los demás. Comptos considera que debió seguirse otro procedimiento que garantizara los principios de igualdad de trato y transparencia.

Plazos. Se superó en 80 días el plazo máximo establecido por la ley de contratos para adjudicar una licitación.

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