Diario de Navarra

El Parlamento de Navarra no podrá puntuar las mejoras salariales ni los avances implantados en materia de conciliación familiar e igualdad por las empresas que aspiran a adjudicarse el contrato de limpiezas del edificio. Así lo ha resuelto el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ante una queja presentada por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) frente a los pliegos reguladores del “Contrato de los servicios de limpieza del edificio sede del Parlamento de Navarra”, licitado por la propia institución con un precio de 340.000 euros. En dicho pliego se establecía una valoración de hasta 10 puntos (de un total de 100) “para las mejoras en las condiciones laborales y salariales, y en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal y de igualdad, llevadas a cabo por la empresa licitante con carácter general para todos sus trabajadores en los dos años previos a la fecha de publicación de la presente licitación (17 de septiembre de 2024) y que supongan una mejora respecto a lo establecido en el convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de Navarra, y en la normativa vigente”. Para la asociación de empresas de limpieza dicho criterio es contrario a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia, y así lo ha entendido el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. ALEGACIONES DE ASPEL La asociación de empresas de limpieza ASPEL alegó que en la redacción del citado criterio de adjudicación no se determina su naturaleza, “siendo así que el pliego no aclara si será objeto de valoración automática mediante la aplicación de fórmulas matemáticas o, por el contrario, se incardina dentro de los criterios susceptibles de valoración mediante la aplicación de juicios de valor”. Alega, asimismo, que la descripción del criterio resulta “ambigua e imprecisa, impidiendo a las empresas conocer con carácter previo a la presentación de sus ofertas la metodología que empleará el órgano de contratación para otorgar la máxima puntuación en el criterio, dejando ampliamente abierto el rango de actuación tanto a los licitadores como al órgano de contratación”. También añade que el criterio impugnado no está formulado de manera que permita su valoración en condiciones de igualdad de trato y competencia efectiva entre los licitadores, También señala que la implantación de dichas mejoras únicamente serviría para acreditar las buenas prácticas de la empresa en material social, “cuestión que acredita la aptitud, pero que no resulta viable para realizar una comparativa entre las ofertas presentadas, porque no se constata que una empresa que ya disponga de dichas mejoras o propuestas vaya a realizar una prestación del servicio con mayor calidad que otra que no disponga de ellas”. En cuanto a la inclusión de un criterio que valore las mejoras salariales sobre lo previsto en los convenios, el Tribunal Administrativo, señala que este tipo de cláusulas "no se ajusta ni a las Directivas europeas ni a la Ley de Contratos Públicos, no pudiéndose incluir ni como criterio de adjudicación ni como condición especial de ejecución, ni siquiera para aquellos contratos en los que la mano de obra sea intensiva”. En cuanto a la inclusión de los otros criterios de adjudicación indicados, como la valoración de la existencia en la empresa de un Plan de Conciliación de la vida laboral y profesional, y la mejora de la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo, las conclusiones a las que llega son las mismas que para la mejora de los salarios. Por todo ello, el Tribunal Administrativo de Contratos ha estimado la queja y declara nulo el criterio citado y retrotrae el proceso de licitación a su fase inicial.

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La licitación del contrato de limpieza del edificio del Parlamento tropieza con la conciliación

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos declara nulo un criterio que puntuaba las mejoras de las empresas en esta y otras materias laborales

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