El Gobierno de Navarra quiere limitar a un máximo de 32 las sesiones de atención psicológica a víctimas de delitos graves. Así lo va a incluir en el pliego en el que está trabajando para sacar a concurso esta asistencia que desde 2005 ha ido adjudicando a PSIMAE, Instituto de Psicología Jurídica y Forense, pero con el que acordó rescindir el contrato a partir del pasado 30 de septiembre, pese a que vencía a final de este año.

¿Por qué? Ante el gran volumen de atención necesaria tanto a víctimas de delitos como a agresores que estaba llegando a este gabinete, el Ejecutivo foral le planteó rescindir el contrato para sacarlo a concurso con más fondos y nuevas condiciones, explicó a este periódico el psicólogo José Antonio Echauri, socio fundador de PSIMAE.

Sin embargo, el concurso quedó desierto.

UNA ASISTENCIA QUE SE PRESTA A UNAS 600 PERSONAS

Hasta que se elabore un nuevo pliego y se realice el nuevo concurso, PSIMAE sigue prestando el servicio, atendiendo a unas 350 víctimas de delitos adultas, a entre 80 y 90 menores y a más de 200 agresores, detalló Echauri.

Explicó que no consideraron idóneas para realizar bien su trabajo las nuevas condiciones técnicas que introdujo el Gobierno en ese último pliego ni comparten tampoco que se quieran limitar las sesiones de terapia sin tener en cuenta lo que puede precisar cada víctima.

DENUNCIA DE CONTIGO NAVARRA Y VERSIÓN DEL GOBIERNO

En medio ha surgido una polémica, cuando, según denunció Contigo Navarra y corrobora Echauri, personal de la dirección general de Justicia trasladó a PSIMAE que hasta que se elaboren los nuevos pliegos y se convoque el concurso vayan dando de alta a quienes llevan más tiempo de tratamiento o si fuese necesario los deriven a la red de Salud Mental. Echauri dejó claro su desacuerdo, pero señaló que lo han tenido que ir comunicando a los afectados, entre 8 y 10 personas, entre las que hay víctimas de abusos en la Iglesia, pero también de otros delitos.

El parlamentario de Contigo Navarra Miguel Garrido afirmaba esta semana que las propias víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia les comunicaron que estaban recibiendo el alta sin ninguna explicación. “Podemos entender que tiene que haber un límite en la atención psicológica específica y que se valore derivar los casos crónicos, pero esta decisión debe ir aparejada del establecimiento de un proceso adaptativo, gradual en el tiempo y cogestionado entre el o la profesional y la propia víctima”, señaló Garrido en una nota. “Esta manera de tratarles es inaceptable”, lamentó, anunciando que van a exigir al Gobierno y su departamento de Justicia una rectificación de esta medida.

La consejera de Justicia y portavoz del Ejecutivo, Amparo López, negó esa acusación. Sostuvo que su departamento “no ha hecho ninguna comunicación” ni ha cesado asistencia alguna y que había sido una decisión de los profesionales que prestan el servicio “en base a criterios médicos” que no iba a “cuestionar”. Y agregó que la empresa que presta el servicio debe hacerlo “en las mismas condiciones” hasta que haya un nuevo concurso.

Unas palabras que sorprendieron a Echauri, quien insistió en que se les dio esa directriz desde la dirección general de Justicia.

ARGUMENTOS DE LÓPEZ PARA CAMBIAR EL SERVICIO

¿Qué cambios quiere introducir el departamento de López en este servicio y por tanto en el nuevo concurso? Según destaca, quiere “igualar la atención a todas las personas que son víctimas de delitos graves y menos graves” e incrementar el alcance del servicio, para que llegue a más personas. Como se indicaba, fijará en 32 el número máximo de sesiones en adultos víctimas de delitos graves.

La consejera recalcó que hay casos como el de las víctimas de abusos en la Iglesia que llevan recibiendo una atención terapéutica “larga, de 4 o 5 años”, con “más de 80 sesiones”. “Por desgracia, en esta sociedad moderna tenemos muchas víctimas y el Gobierno tiene la obligación de prestar atención a todas”. Señaló que en las Comunidades “la media” de atención psicológica que se presta “es de 15 o 20 sesiones.

Argumentó que en 20 años de servicio público de atención a las víctimas, alrededor del 80% de los pacientes adultos tratados han recibido el ata terapéutica con menos de 25 sesiones.

Además, recalcó que en lo que se lleva de legislatura, la dotación para la atención a estas personas se ha incrementado en 110.000 euros hasta alcanzar los 560.000.