La investigación por estafa o apropiación indebida de la 'startaup' de criptomonedas domiciliada en Tajonar podría afectar a más de 300 personas en Navarra y superar el millón de euros de dinero defraudado. De momento solo han denunciado 32 que reclaman al fundador de Nexxyo Labs un total de 297.000 euros. Este martes, Daniel Valdés Araiz fue enviado a prisión por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona, que estaba de guardia.

En la operación, llevada a cabo por la Policía Nacional, también fue arrestada su mujer, que quedó en libertad. A principios de noviembre, declarará en el Juzgado de Instrucción nº 4, que será el encargado de dirigir la instrucción.

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La startup tecnológica se dedicaba a la inversión en criptomonedas desde el año 2019. Prometía intereses de en torno al 15% y, debido a la cantidad de reconocimientos públicos que ha recibido durante estos años y al boca a boca, numerosas personas de Pamplona invirtieron en su empresa. Durante un tiempo, estos inversores fueron recuperando su dinero (los que lo deseaban), aunque en los últimos tiempos hubo algunos que ya no lo recibían con la regularidad prometida y empezaban a recibir como excusa un posible bloqueo temporal de la cuenta por un problema con la actualización de datos. Las cantidades invertidas por los 32 afectados van desde los 1.000 a los 300.000 euros.

Las alarmas saltaron cuando la Hacienda Foral de Navarra publicó que esta empresa era deudora. En el listado hecho público en junio por el Gobierno foral, la Sociedad Limitada detrás de la startup, App de Transporte Urbano, figuraba como deudora de un total de 419.511,45 euros. Tras las denuncias, interpuestas en verano, la investigación de la Policía Nacional constató que parte del dinero invertido por muchas personas no había ido a la compra de criptomonedas, sino al pago de hipotecas, amortización de préstamos y a gastos sus propias empresas. Se investiga también si, como ocurre con las estafas piramidales, el capital de nuevos inversores iba destinado a pagar los intereses a los anteriores.

Doce afectados, defendidos por la abogada Idoia Ábrego Sánchez-Ostiz, del despacho Ábrego Martí Abogados, denunciaron lo que estaba ocurriendo. Tras ser detenido por la Policía Nacional, el juzgado decretó el martes su ingreso en prisión provisional. En su declaración, dijo que el dinero estaba invertido, aunque reconoció que no había devuelto, ni el capital ni los inversores. Fue enviado a prisión.