La empresa pública de Transporte Sanitario de Navarra Bidean entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2025 pero, de momento, se desconoce su coste total para las arcas públicas. Ayer, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, acudió al Parlamento foral, a instancias de UPN, para informar sobre esta empresa que creó el anterior Gobierno en abril de 2023. Y lo hizo con un informe “desfavorable” del servicio de Patrimonio del Gobierno, que consideró que resultaría “más gravoso” y, además, que no quedaba demostrado que el cambio procurase “una mayor calidad de la prestación”.

Domínguez afirmó que el informe de Patrimonio hace una valoración “bajo el prisma de los principios de economía y eficiencia”. Y apuntó que ya se había reconocido en informes previos el aumento de costes, sobre todo en una fase inicial, debido a la subrogación del personal de las empresas privadas que ahora prestan el servicio así como por la necesidad de invertir en ambulancias, bases de permanencia, personal y estructura. Pero, según el consejero, también se reconocía que el transporte sanitario “es un servicio esencial” que exige una estructura de coordinación con los centros sanitarios” para hacer mejoras, optimizar rutas y ahorrar viajes innecesarios, combustible y tiempos de espera para los usuarios, entre otros.

En este sentido, Domínguez dejó claro que cuando se habla de servicios sanitarios “no es tan importante el coste y el precio sino la calidad, la seguridad y la eficiencia que ganan los pacientes”. También recordó que en la mesa de transporte sanitario que se constituyó en 2016 y que estaba integrada por numerosas entidades “todo el mundo estaba de acuerdo con la empresa pública de transporte sanitario”.

LOS PRIMEROS PASOS

El servicio de transporte sanitario corre a cargo actualmente de dos empresas privadas, Baztán Bidasoa, que cubre el 77% del servicio, y SSG, con el 23% restante en las zonas de Tudela y Sangüesa. Entre ambas realizaron 250.082 servicios de transporte en 2023 (37.548 urgentes). El coste en 2022 fue de 19,2 millones.

Ahora, Salud trabaja para poner en marcha la empresa pública. Así, ha conformado un consejo de administración de 12 personas y ha nombrado al gerente, Alberto Lafuente, así como a una responsable jurídica y a un responsable de recursos económicos. “Los primeros pasos de una empresa de esta envergadura son claves y se está trabajando siendo conscientes de ello y de la importancia que para la cadena asistencial supone un servicio como el del transporte sanitario”, apuntó.

Bidean se ha incluido en una línea presupuestaria del Presupuesto General de Salud de 2024 con una partida de 1,2 millones para gastos de personal y explotación (alquiler, informáticos, plan estratégico, adquisición de terminales, etc.).

Con todo, Domínguez dijo que la mayor inversión está prevista para 2025, aunque no la detalló, con la subrogación de más de 350 trabajadores de las empresas que prestan el servicio ahora, el alquiler de la nave para la base de Pamplona, adecuación de bases, material sanitario y renting de ambulancias. Salud prevé amortizar en cinco años este desembolso y, para ser más eficientes, plantea una apuesta por la formación de los trabajadores (incluye comprar un simulador de conducción y formación de simulación clínica), por las nuevas tecnologías para la gestión de la flota y sus rutas o por el renting de 60 meses para los vehículos.

PACIENTES Y PERSONAL

Salud quiere poner al paciente en el centro del servicio con medidas como ver la ubicación de dónde está su ambulancia, conectarse con la empresa de forma rápida tras su procedimiento y opinar del trato.

Respecto al personal, el consejero dijo que será preciso contratar a unas 30 personas más, ya que tras la subrogación la jornada laboral de los 350 trabajadores que ahora dependen del convenio del sector privado será menor (1.592 horas frente a las 1.728 actuales).

Añadió que, desde el punto de vista logístico, que se están negociando contratos de alquiler para las bases de Pamplona y Tudela y se están reuniendo con alcaldes para renegociar contratos en bases el resto de Navarra.

De momento, bajo un Sistema Dinámico de Compras que persigue fijar las condiciones para los trabajos objeto de contratación, se han aprobado dos licitaciones: una de 1,4 millones para 5 años para la licitación de 10 ambulancias convencionales y una bariátrica (para personas con sobrepeso) y otra para el suministro mediante renting de 43 ambulancias, con un presupuesto de 5,7 millones para cinco años.

A nivel logístico se trabaja en sistemas de información para contar con herramientas informáticas que permitan la gestión de rutas, personal, equipamiento, etc. Según el consejero, la primera inversión en sistema informático es de 82.000 euros y el mantenimiento será de 48.000 para el resto de los años.

La mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron ayer a favor de la constitución de la empresa pública de transporte sanitario pero reclamaron que se haga “con todas las garantías” y teniendo muy presente que el coste sea el más eficiente para la Administración. UPN, por su parte, no se posicionó. Pidió más transparencia y que el servicio se preste con calidad. Vox consideró que “no es el momento más adecuado” para entrar en estos costes debido a los recursos actuales disponibles.

Cristina López (UPN), criticó la situación en enriquecimiento injusto en la que se encuentran las empresas que prestan ahora el servicio. “Se han pagado 107 millones. No es bueno ni para los trabajadores ni para los pacientes ni sus familias”, dijo. Advirtió, además, de que hay “muchos compromisos incumplidos. “No sabemos cómo va a acabar”. Y aludió a que el informe de Patrimonio indicaba que no quedó demostrada una mayor calidad en la prestación.

Maite Esporrín (PSN) insistió en que no hay que mirar solo con criterio económico. Pidió que se ponga en marcha cuanto antes pero “no sin la seguridad de que se va a llevar a cabo con éxito”. “No podemos permitirnos un fracaso”, añadió.

Txomin González (Bildu) destacó la “incapacidad” de la Administración para supervisar pliegos y que se cumplan de forma estricta. Consideró que es el momento de poner en marcha la empresa pero pidió que las decisiones que se tomen sean lo más eficientes para la administración. Isabel Aranburu (Geroa Bai) apuntó que el modelo tiene muchas ventajas sobre la gestión privada pero reconoció que es “complicado y costoso”. “Queremos que se haga con todas las garantías”. Irene Royo (PP) se mostró a favor pero siempre que se haga de la “mejor manera y más eficiente”. “Si se gestiona de forma poco eficiente detrae recursos para otros servicios”. Y Daniel López (Contigo) apuntó que debe primar la prestación del servicio y no la cuantía. “En servicios públicos no se gasta, se invierte”. Maite Nosti (Vox) dijo que “se está exagerando” sobre el servicio actual. “No es inadecuado y si lo fuese el SNS hubiese tenido que intervenir”.