Anabel Liras y su marido, propietarios de un piso en la calle Guelbenzu, en la Milagrosa, denuncian que llevan prácticamente cuatro años sin cobrar ni un euro del alquiler de la persona que habita. La historia de este matrimonio comienza hace cinco años cuando adquirieron un piso del portal número 15. “Mi marido y yo nos llevamos casi veinte años, él tiene 80 y yo casi 63”, explica Liras. “Hace cinco años lo compramos con la idea de poderme jubilar un poco antes. Lo que me quitaran de la jubilación por hacerlo antes de tiempo, lo compensaríamos con el alquiler”, contextualiza esta mujer sobre la idea inicial. “Teníamos ahorros, pero aún y todo contratamos una hipoteca para comprar el piso. Se hizo la reforma y se le alquiló a este señor”, añade.

Según lo expuesto por la propietaria, el primer año no hubo problemas con los pagos. Empezaron el segundo. “Hablábamos y le decía que tenía que pagar. Nos comentaba que el mes siguiente nos pagaría dos juntos, pero no fue así”, indica Liras. “Yo le exigía y él me decía que le metiera a juicio. Yo no quería. Eso también costaba un dinero. A pesar de ello, al final tuve que ir a juicio con todo lo que conlleva: tiempo, trámites, gastos...”, añade Anabel Liras, que es enfermera. “Finalmente salió una orden de desahucio para el 2 de mayo de 2023”, comenta.

El matrimonio explica que durante un tiempo, al tener domiciliada la luz, el gas, la calefacción y agua a su cuenta, los gastos les llegaban a ellos. “Hace unos dos años la asistenta social le dijo al inquilino que tenía que pagar esos gastos y ya los puso a su domiciliación”, comenta Liras, aunque explica que de calefacción existen 700 euros pendientes.

UN DESHAUCIO PARALIZADO

La fecha del desahucio estaba programada para el 2 de mayo, según explica la propietaria del piso, pero no se llevo acabo. “Antes del día, él, aconsejado por el Sindicato de la Vivienda, que le ayudan en todo, solicitó la vulnerabilidad y se la concedieron”, comenta ella. “No se le puedo desahuciar porque es vulnerable”, añade lamentándose por la situación que están viviendo desde hace prácticamente cuatro años, tiempo que llevan sin cobrar los 750 euros mensuales de alquiler que estipulaba el contrato firmado inicialmente. Por su parte, el sindicato informó en redes sociales en un vídeo junto al inquilino que consiguieron frenar un “desahucio ilegal”. Ahora, mayo de 2024, el matrimonio sigue sin cobrar y ella ha recibido una denuncia por amenaza por parte del inquilino a raíz de un “rifirrafe” ocurrido un día en el bloque. “Llevo cinco años sin ver cómo está el piso y alguna vez ha tenido alguna avería en la que caía agua al piso de abajo y no ha dejado entrar tampoco al seguro”, relata Anabel Liras. “En su momento hicimos un juicio personal y le insistí al juez que me dejará entrar al piso con una citación concertada”, añade comentando que el juez le dijo supuestamente que tenía derecho a verlo, pero no lo recogió por escrito, hecho en el que se escuda el inquilino para no dejarle entrar, según dice Liras.

“A día de hoy han vuelto a solicitar la vulnerabilidad al juez”, informa ella reconociendo que está situación está “consumiendo” física y psicológicamente a su marido. “En sí no es un okupa porque le avala que en su momento tuvo un contrato, pero tampoco es inquilino”, contextualiza sobre la situación de la persona que vive en ese piso acompañado de su familia, como dice Liras, enfermera que encarrilaba la prejubilación trabajando un tercio y se ha visto obligada a volver a hacer guardias.

“Los sindicatos de la vivienda me dicen que le haga contrato, pero si se lo hago tiene otros cinco años por delante para estar”, dice. “A mí el contrato no me garantiza que me pague. Hasta ahora ha tenido contrato y no ha pagado. Me comentan que entienda su situación y... ¿quién entiende la mía?”, sentencia enumerando otros problemas que han surgido a raíz de este alquiler que sigue sin ingresarse en la cuenta del matrimonio.