SOS Racismo Navarra ha denunciado este martes por la mañana en el Parlamento de Navarra "la criminalización" que sufren "las personas migrantes o racializadas" en una sociedad, la nuestra, "donde el racismo es estructural e institucionalizado" y, por lo tanto, "no se puede reducir a la denuncia de casos aislados". Una representación de esta entidad ha acudido a la comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias a petición de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para presentar el informe que elaboran anualmente, en este caso con casos correspondientes a 2023, un año en el que "el 68% de las discriminaciones racistas las cometió la Administración". "Los porcentajes más altos se corresponden con dificultades o trabas en el acceso a protección social, con un 23%. El segundo ámbito más amplio de discriminación fueron las actuaciones policiales, con un 23% (están entre ellas las citas trampa que fueron denunciadas en este Parlamento en años anteriores, también violencias por partes de agentes de la policía y controles de identidad policiales por perfil étnico)", ha asegurado Aleyda Gaspar, una de las comparecientes. 

PERFIL DE LA PERSONA DENUNCIANTE

Un 55% de las personas que acudieron a la oficina de Sos Racismo en 2023 eran hombres y un 45% mujeres. El 62% tenían entre 19 y 40 años. "Resulta interesante ver cómo el 45% de las personas atendidas se encontraba en situación administrativa irregular, una situación de vulnerabilidad jurídica que dificulta su acceso a servicios tanto públicos como privados, e impide o recorta su acceso a derechos fundamentales de facto, como el trabajo regular o prestaciones y ayudas, o de manera indirecta como el acceso a la vivienda o la sanidad", ha desarrollado Gaspar. 

Otros ámbitos de discriminación que han mencionado son los relacionados con trámites de asilo y refugio con 9%,  incidentes racistas, conflictos vecinales y trato discriminatorio en comercios con un 8%". Además, un 17% de los casos tuvieron a entidades privadas como "agente discriminador", destacando que en "un 6% fueron entidades bancarias", con la denegación en la aperturas de cuentas bancarias como principal exponente. 

EMPADRONAMIENTO Y ACCESO A LA RENTA GARANTIZADA

El empadronamiento, que supone la llave para muchos de los derechos y prestaciones reconocidas, es el origen de otras tantas vulneraciones. La dificultad de empadronarse por falta de documentación en vigor, la falta de acreditación de vivienda por carecer de ella o por ser una infravivienda, la imposibilidad de renovarlo o la ausencia de comunicación ante el vencimiento son algunas de las circunstancias concretas que ha detallado Flavia Navarrete, otra de las integrantes de SOS Racismo. Desde la entidad también constatan la "falta de coordinación y criterios comunes” en los servicios sociales. "Se constata cómo por parte de algunos ayuntamientos se exige un tiempo mínimo de residencia en el municipio para poder acceder a esas prestaciones, al sistema de protección social, que fijan en 4 a 6 meses, sin que este criterio aparezca en ninguna normativa", ha denunciado. 

Sobre la Renta Garantizada (que exige una residencia de dos años en Navarra o uno en casos de familias con menores o personas dependientes), Navarrete ha valorado que  "los requisitos de acceso a esta prestación no se adecúan a las necesidades reales de la población". Prueba de ello es, a su juicio, el aumento de las solicitudes que se hacen por la vía extraordinaria. "Entendemos que debería bastar con acreditar la inexistencia de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas", ha indicado. 

También ha criticado la falta de servicios de interpretación y traducción, la existencia de discriminación en el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia o dificultades para acceder a ayudas al alquiler de vivienda, falta de recursos de asesoramiento para trámites de extranjería y un agravamiento de la brecha digital. 

LOS DISCURSOS DE ODIO

Si algo ha caracterizado al 2023 es "la cronificación y el agravamiento de los discursos de odio en espacios públicos e institucionales", que tienen una traslación a otros ámbitos, "como el de los medios de comunicación" o el vecinal, a través de "discursos colectivos que vinculan la presencia de jóvenes migrantes en situación de calle a la inseguridad" o "la recogida de firmas para solicitar cierre de recursos para personas sin hogar", entre otros. Ante esto, Beatriz Villahizan ha pedido a las instituciones "que hagan pedagogía" y generen "un contrarrelato". Del mismo modo, ha solicitado a los grupos parlamentarios que impulsen las reformas legislativas que estén en su mano "para blindar derechos" o  insten al Gobierno central a acometerlas en casos como la regularización de personas en situación irregular, la homologación de títulos o la sanidad universal. También ha exigido la reforma de la Ley de Extranjería, recordando que "toda política migratoria que se base en el control de fronteras va a ser vulneradora de derechos". 

Por último, ha pedido que no se reduzca el racismo "a una cuestión de casos individuales" porque "hay grandes áreas de vulneración de derechos que no se denuncian". ¿Por qué? Porque "en una sociedad en la que el racismo no está reconocido, la denuncia no reparar, no protege e incluso revictimiza a quien la promueve".