El Defensor del Pueblo ha recomendado al departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra que actúe con “celeridad” para que reconozca a su plantilla distintas mejoras para la conciliación, entre otras el permiso retribuido de 5 días por enfermedad grave y hospitalización de un familiar.

Se trata de medidas que ya disfrutan otras administraciones españolas, así como trabajadores del sector privado, tras la aprobación del Real Decreto Ley 5/2023, que traspone una directiva europea en esta materia. El Gobierno foral dispone de un plazo máximo de dos meses para responder al Defensor si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento. El pronuciamiento del Defensor parte de distintas quejas de empleados públicos recibidas.

En su defensa, el departamento de Función Pública recordó al Defensor que Navarra ostenta la competencia exclusiva en materia de régimen estatutario de los funcionarios públicos y que no está obligada a que la regulación foral de tales derechos sea idéntica y uniforme a la estatal, “siempre y cuando garantice de forma suficiente que el contenido esencial de tales derechos quede respetado”.

En todo caso, desde Función Pública se argumentó que se ha realizado un estudio de tales permisos, así como de los contenidos en la Directiva comunitaria, “para mejorar la normativa foral con la finalidad de implantar las condiciones de trabajo más favorables para los empleados públicos de Navarra, una vez que el Estado ultime la definición del permiso parental y realice la transposición final de la Directiva”.

Esta nueva regulación está siendo objeto de estudio y análisis en los grupos de trabajo constituidos entre la Administración y los representantes de las diferentes organizaciones sindicales para negociar y redactar el texto del nuevo Proyecto de Ley Foral del estatuto de la Función Pública de Navarra. Sin embargo, la aprobación de dicha Ley podría retrasarse más de un año.

RECLAMACIÓN SINDICAL

Una mayoría conformada por los sindicatos LAB, CC OO y UGT presentó también el pasado mes de febrero una reclamación por escrito a la dirección de Función Pública del Gobierno foral para que se aplicara con carácter inmediato, entre otras medidas de conciliación, el permiso retribuido de cinco días por accidente, enfermedad, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares de hasta segundo grado y convivientes.