La Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política en Navarra ha recibido en su primer año de vida un total de 41 solicitudes de otras tantas víctimas, todas ellas aún en expedientes en tramitación y amparadas por la confidencialidad.

Del total de solicitudes, en diferentes fases del procedimiento y dentro de plazo, hay 10 que responden a personas fallecidas y son sus familiares quienes las han instado; otras 13 son de personas que dicen haber sufrido torturas o malos tratos; y las 18 restantes aducen haber sufrido daños físicos y/o psicológicos.

Son datos aportados por el presidente de esta Comisión, Martín Zabalza, en comparecencia parlamentaria para exponer la memoria anual de este organismo, en la que ha advertido de la confidencialidad de estos casos aún en trámite, y donde ha recordado el objeto de sus trabajos, amparados en la Ley foral de 2019 y modificada en 2022 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Zabalza ha explicado el rechazo de la tortura del que parte la ley y los trabajos de la comisión, que se apoya en informes tanto de comisionados de la ONU sobre su práctica en España como en los trabajos encargados al Instituto Vasco de Criminología (IVAC) para conocer la incidencia en Navarra de esta práctica, tanto durante la dictadura de Franco como a partir de 1979, que permiten hablar de abusos "a escala importante".

Ha defendido la "independencia, objetividad, profesionalidad imparcialidad, confidencialidad y sometimiento al orden jurídico" de la comisión, que trabaja con un proceso "complejo y garantista" con cada uno de los casos en los que se solicita la declaración como víctima, que de aceptarse, tienen plazos legales de más de un año hasta su declaración.

En cualquier caso, ha sido contundente al advertido de que en la comisión "reconocemos víctimas, no identificamos victimarios", en un proceso en el que "a falta de una justicia penal que nunca se impartió" pretende reconocer y reparar a los afectados.

Tras escuchar las intervenciones de los grupos en el Parlamento, en una sesión a la que no ha acudido Vox, Martín Zabalza ha agradecido "el tono" de sus portavoces y ha pedido, especialmente a UPN y PP que en su día rechazaron la ley en la que se basa la comisión, que respeten la consecuencia de su aprobación y "evolucionen" como lo ha hecho el resto de la Cámara.

Así, por UPN Iñaki Iriarte ha recordado los argumentos que en su día llevaron a su grupo a rechazar la ley, que compartimenta víctimas, ha advertido para, sin negar la existencia de torturas y rechazar esta práctica, considerar que es el Gobierno estatal el que debería habilitar algún mecanismo a nivel nacional y en su caso indemnizar a afectados si se demuestra la implicación de funcionarios públicos.

En la misma línea, Javier García (PP) ha reiterado su rechazo a una ley que "no ofrece ningún tipo de garantías jurídicas ni a la sociedad ni a las víctimas" y es "una forma de legalizar la desigualdad entre víctimas del terrorismo y víctimas de motivación política", ha dicho para advertir en todo caso que "la memoria no puede ser política, sino que debe de ser objetiva".

El resto de los grupos presentes ha respaldado los trabajos, con una Inma Jurío (PSN) que ha agradecido a la sociedad navarra "haber sido capaces de avanzar" en la actual época sin violencia por primera vez en 80 años (tras la dictadura franquista y el posterior terrorismo etarra).

Por EH Bildu, Arantza Izurdiaga ha elogiado la puesta en marcha de este recurso extrajudicial para "promover la verdad y reparar" a las víctimas de una tortura que sí ha entendido que fue sistemática en España y para la que se montó un sistema que "garantizaba la impunidad", y por ello no existen apenas denuncias respecto a los casos reales.

"Tarde, pero afortunadamente" ha llegado esta ley y sus acciones de reconocimiento y reparación, ha dicho Mikel Asiain (Geroa Bai), quien ha instado a la celebración de un acto anual que dé visibilidad pública a las víctimas, mientras que Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha considerado "necesaria" esta comisión, a la que ha invitado a acercarse a los afectados.