Diario de Navarra

Juan Manuel Fernández Martínez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, es uno de los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que firman un contundente escrito contra una eventual ley de amnistía. Fernández admite que ha participado activamente en la redacción de este borrador. Este miércoles 1 de noviembre se encontraba en Madrid, donde le esperan días intensos hasta la celebración de un pleno del Poder Judicial que debatirá una declaración institucional sin valor jurídico ni normativo. “No es un informe ni tendrá carácter vinculante. Tampoco es una defensa de los jueces frente a los ataques desde determinados partidos. Se trata de alzar la voz ante una ley que afectará gravemente al Estado de derecho y la igualdad de todos los españoles”, justifica. ¿Dónde reside la gravedad de la futura ley? La amnistía dejará sin efecto un elevado número de sentencias y procedimientos judiciales que afectan a un gran número de personas, relacionados con el proceso de sedición. La amnistía, a diferencia del indulto a determinadas personas, no está contemplada en la Constitución por lo que en mi opinión no tiene encaje. Tal como explicamos en nuestro escrito, la ley tendrá efectos en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. La separación de poderes es la base de la democracia. Los jueces estamos para hacer cumplir las leyes que emanan de un parlamento democrático. Pedro Sánchez justifica la ley en “el bien común” y la mejora de la convivencia entre españoles. En España no hay presos políticos. A nadie se le ha procesado por su ideología política sino por salirse de los cauces establecidos para defender esas ideas. En todas las causas judiciales relacionadas con el procés no ha existido ningún tipo de finalidad política. Carles Puigdemont, Junts y ERC están negociando una ley que les va a beneficiar directamente. ¿No es esto prevaricación? Puigdemont, como prófugo de la justicia, debería ser entregado para que el Tribunal Supremo le juzgue por unos hechos por los que otras personas ya fueron juzgados y condenados. Si sale adelante una ley de amnistía, esa responsabilidad desaparecerá. Esos delitos nunca habrán existido. Si finalmente la ley de amnistía incluye delitos de terrorismo, ¿se pueden reabrir heridas? No conocemos los términos de la proposición de ley, pero se está hablando de delitos muy graves, de desórdenes públicos, malversación de fondos e incluso terrorismo. A la ley se le está otorgando una finalidad carente de toda justificación. Insisto, en España no hay presos políticos. La norma afectará al principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. ¿Qué van a pensar otros ciudadanos que cumplen penas por los mismos delitos? Por eso decimos que la norma creará una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos. Al ciudadano de a pie le sorprende que en estas cuestiones jurídicas o técnicas no haya consenso entre los vocales del Poder Judicial. Entiendo que a los ciudadanos les cueste entender esta división y que esto mina la confianza en las instituciones. Esto no es una cuestión de jueces conservadores o progresistas sino de Estado de derecho. Son muchos los jueces que al margen de su adscripción a determinadas asociaciones están preocupados. Y si hay vocales de CGPJ que ven correcta la ley de amnistía, deberán dar las oportunas explicaciones. Las reacciones al manifiesto no se han hecho esperar desde el ámbito político e incluso judicial por la dureza de sus términos. Les acusan de hacer política. La clase política ha utilizado la vía de la proposición de ley para evitar los informes preceptivos del Poder Judicial y el Consejo de Estado. En mi opinión, dada la gravedad y las consecuencias de la ley de amnistía, debería tramitarse como proyecto de ley para recabar así el mayor número de voces expertas. La amnistía borra los efectos del delito, lo que conlleva reconocer que fue justo el proceso de sedición e injusta la actuación judicial que lo sancionó. Si estar disconforme con esto es hacer política, pues muy bien. Yo le llamo defender la separación de poderes, la independencia judicial, esencial para la existencia del Estado de derecho. La ministra Margarita Robles señala que no son los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad y que deberían dimitir. La competencia para la elección de los vocales del CGPJ la tienen las Cortes. No es nuestra culpa que llevemos tanto años sin renovación de asientos. La dimisión no es una opción válida y mientras tanto podemos ejercer nuestras funciones de forma plena. Los vocales conservadores señalan que la amnistía iría en contra del Tratado de la UE. ¿Pueden las instituciones europeas frenar en un futuro la ley? La Unión Europea, a raíz de la integración de democracias más recientes, ha puesto un foco intenso sobre las decisiones que toman los estados porque afectan al conjunto de la Unión, a la calidad de vida democrática, a la economía. En Europa siguen con atención, y también con preocupación, todo este proceso que se vive en España. DNIJuan Manuel Fernández Martínez nació en Barquisimeto (Venezuela) en 1958. A los 4 años su familia regresó a Galicia y desde los 16 vive en Pamplona. En 1984 ingresó en la carrera judicial. Ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) desde febrero de 2004 hasta 2013. Dejó este puesto tras ser nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial. En dos periodos distintos ha sido miembro de su Comisión Permanente. En septiembre de este año se reincorporó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJN.

Diario de Navarra

Juan Manuel Fernández: "No cabe la amnistía. En España no hay presos políticos"

El magistrado del TSJN Juan Manuel Fernández ha participado activamente en el borrador de declaración firmada por ocho vocales del CGPJ que alerta de las “graves” consecuencias de una ley de amnistía

Comentarios

Detenido tras una pelea un joven de 20 años que portaba un machete

Herido un operario en un accidente laboral en una empresa de Artajona

Otro hito para la historia: Víctor Muñoz, primer futbolista español de Osasuna en jugar un Mundial

El Parlamento foral sortea tener que pedir al Athletic Club la retirada del mapa de 'Euskal Herria'

Geroa Bai urge al PSN a impulsar la mesa que analice la situación de la educación, aprovechando la moratoria en el cierre de aulas