Los delitos sexuales en menores de 16 años van a más cada año en Navarra
La Fiscalía advierte de casos graves y a edades cada vez más tempranas
Publicado el 19/10/2023 a las 05:00
Las diligencias relacionadas con delitos contra la libertad sexual siguen la senda de un crecimiento sostenido en Navarra y en 2022 rozaron los 600 casos. En concreto, la Memoria de la Fiscalía con datos de 2022 subraya las 598 diligencias previas ese ejercicio relacionadas con delitos contra la libertad sexual, holgadamente por encima de las 479 instruidas un año antes o las 464 de 2020, 449 en 2019. Por ello, en su análisis de la criminalidad expresa su preocupación por “el aumento progresivo de este tipo de delitos, y dentro de ellos, de los más graves, como agresiones con acceso carnal o sobre menores de 16 años”. En este periodo, la Fiscalía trabajó en sumarios con 11 casos de delitos por abusos sexuales a menores de esa edad y en 19 relacionados con agresiones sexuales, subrayando además las dificultades que implica la persecución de un hecho en esas circunstancias. “Gran parte de estos delitos ocurren en el ámbito o entorno familiar, o son llevados a cabo por personas que tienen alguna relación con la víctima menor de edad. Todo ello dificulta especialmente su persecución, ante la tardanza en su denuncia, por la falta de pruebas que corroboren la declaración de la víctima, con lo que en muchas ocasiones solo se va a poder contar con la declaración de la misma y la credibilidad que establezca la pericial que se practique al respecto”.
En el global del apartado referido a menores, la Fiscalía subraya “el claro aumento cuantitativo de la criminalidad”, con un volumen de trabajo en esta franja de edad que comprendió 1.217 delitos en 2022 por 1.055 en 2021. En su escrutinio de la cifra señala que “siguen incrementándose los delitos por robos violentos, generalmente cometidos por grupos de menores que intimidan a otros para sustraerles dinero y teléfonos móviles”. Además, se mantiene la tendencia respecto a 2021 de delitos de acoso escolar cometidos a través de tecnologías informáticas, “generalmente en el ámbito de los menores de 14 años, debido a la precoz utilización de los dispositivos y el acceso a Internet así como a las redes sociales sin control parental”.
En este grupo se han registrado menos denuncias por delitos de lesiones, “si bien siguen siendo un número muy elevado”, reflexiona el informe, “entre las que destacan las peleas entre chicos o entre chicas de forma grupal, disminuyendo los casos de grabación y difusión de las agresiones a través de redes sociales”. En cuanto al resto, repuntan de forma notable los delitos de violencia contra la mujer y en el ámbito familiar, así como los englobados en el área contra la seguridad vial, en su mayoría por conducción de vehículos sin permiso.
ALEJAMIENTO DE HIJOS
Se detiene también la Fiscalía en la Memoria en una triste realidad conectada con esta franja de edad, aunque no solo, como las denuncias por maltrato habitual de padres hacia sus hijos (se dictaron 37 órdenes de alejamiento en 2022). “Suelen ser situaciones crónicas, no hechos puntuales, dado que los padres suelen aguantar esas situaciones de agresiones y daños, o cuando menos amenazas en general, durante un tiempo prolongado hasta que llegan a una situación límite”. Concluye indicando que la mayoría de estos procesos suelen concluir con sentencia absolutoria porque los progenitores retiran la denuncia o no declaran en los términos iniciales “especialmente al ver que para su hijo se pide una pena de prisión y alejamiento por un tiempo importante, alegando que lo que quieren es que a su hijo denunciado lo internen en algún centro que corrija su comportamiento agresivo, pero que no les impidan comunicarse con él o que ingrese en prisión”.
UN 10% MÁS DE LESIONES
Otro hecho delictivo en el que también pone el acento la Memoria al referirse a los delitos especialmente significativos de entre los miles abordados es el del 10% más de de lesiones. Durante 2022 alcanzaron las 11.585 diligencias previas por esta cuestión, incluidas las ocasionadas por imprudencia o violencia de género, entre otras, aunque matiza que no todas obedecen necesariamente a la existencia de un delito previo. “En bastantes ocasiones se inicia una investigación como consecuencia de partes de lesiones que se remiten de centros hospitalarios ante la duda sobre esas heridas”, sin que esa alerta se materialice siempre en un recorrido judicial. No obstante, sigue siendo una cifra preocupante, añade, y también va aumentando progresivamente. La Fiscalía apunta con rotundidad a un contexto concreto. “Sigue siendo una tónica habitual que este tipo de delitos se ocasionen normalmente en lugares de ocio, constatando la reiterada falta de capacidad de frustración de los autores ante cualquier incidente” y, además, manifiesta, “se da una respuesta agresiva en muchas ocasiones derivada de una discusión previa por razones banales”. Tampoco deja de mencionar el importante número de delitos de lesiones leves que acompañan a los atestados que incluyen acusaciones de atentado a agentes de autoridad, “demostrando así el acto de acometimiento propio de ese delito”.
En el ámbito del patrimonio, la Fiscalía hace hincapié sobre el aumento de diligencias referidas a robos con violencia e intimidación (de 251 a 350) y hurtos (de 1.438 a 1.635). Con respecto a estos últimos, apunta a que “se siguen cometiendo mayoritariamente en establecimientos comerciales por personas ya organizadas y dedicadas habitualmente a este tipo de acciones, con un alto nivel de reincidencia”. En lo referido a robos con fuerza en las cosas, “destacan dentro de estos delitos calificados los relativos a locales abiertos al público fuera de las horas de apertura y también los robos en casa habitada, especialmente al incluir en los mismos los robos en trasteros con comunicación directa con el domicilio a través del interior del edificio”.
En el abordaje de otras áreas especializadas, la Memoria resalta el incremento experimentado también en el ámbito de violencia de género, con 2.527 diligencias previas abordadas en los juzgados y valora la agilidad en el proceso judicial a la hora de proteger mejor a la víctima. “Las diligencias urgentes que terminan en juicios rápidos constituyen un medio muy práctico y válido (...) Si hay conformidad y se puede dictar sentencia de forma inmediata, permite acordar unas medidas de alejamiento e incomunicación ya como parte de la ejecución de la sentencia.
EL 50% USA LA INFORMÁTICA
El crecimiento de los delitos cometidos a través de los medios informáticos es una realidad, aunque a la vista de los datos de 2022 la Fiscalía entiende que estamos llegando a “una meseta”. Ya en 2021 en torno al 50%d e los delitos tratados se habían llevado a cabo de alguna manera con algún soporte informático, porcentaje que se mantiene, con importantes retos a la hora de investigarlo o enjuiciarlo. “Cada vez es más difícil investigar estafas cometidas por internet debido a la imposibilidad de obtener pruebas suficientes respecto de la autoría”. Constata también que los delitos leves de estafa se cometen “casi en exclusiva” a través de las web de compra-venta y que aumentan “drásticamente” las grandes estafas realizadas utilizando técnicas de ingeniería social, así como aquellos delitos en los que se usan criptomonedas.
Valora que cada vez se estudia el contenido de los teléfonos móviles de los implicados, prácticamente en relación a cualquier causa. “El volcado del contenido de los móviles de autor y víctima no es exclusivo de los delitos cometidos por internet sino a cualquier tipo, por ejemplo delitos contra la indemnidad sexual, ya que muchos contactos previos entre agresor y víctima se realizan por estas vías”.
Alerta asimismo en este ámbito acerca del uso cada vez más frecuente de identidades falsas para abrir una cuenta bancaria, lo que dificulta a los investigadores llegar a los posibles autores y advierte sobre “la necesidad de seguir formando a los menores sobre los riesgos de los contactos que les solicitan conversaciones de alto contenido sexual o el envío de imágenes explícitas”.
Por último, menciona los casos investigados en relación a ‘voyeurs’, “con utilización de dispositivos móviles o cámaras encubiertas para obtener las imágenes que luego descargan en los ordenadores, colocando esas cámaras disimuladas de muy diversas formas, normalmente en baños o lugares similares de establecimientos públicos, con gran alarma social”.
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Tres expedientes de declaración de fallecimiento en relación a personas desaparecidas
El informe en su apartado dedicado a la sección Civil recoge el apunte de que a lo largo de 2022 se promovieron “tres expedientes de declaración de fallecimiento en la jurisdicción voluntaria a partir de tres demandas referidas a personas desaparecidas o con las que se había perdido el contacto”. Según refiere, en los tres supuestos, antes de informar a favor de la declaración de fallecimiento, “por el Ministerio Fiscal se interesó la práctica de diligencias orientadas a constatar que efectivamente se desconocía cualquier dato sobre esa persona”. Para ello se consultó el Registro Civil, la Hacienda Foral, la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y Jefatura de Tráfico.
Recurrida la negación al derecho a la eutanasia por padecer una enfermedad mental
Refiere el texto la controversia surgida a raíz de una solicitud de eutanasia denegada a una persona con enfermedad mental por parte de la Administración al considerar que la recurrente “no tiene un pronóstico de vida limitado”. La ley exige para este tipo de solicitudes padecer una enfermedad grave e incurable y un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, es decir, sostiene el informe, “que no pueda valerse por sí mismo y que no haya posibilidad de curación o mejoría apreciable”. En este caso tan complejo, señala el texto, la Fiscalía se decantó por la postura de la Administración, “ante la dificultad de concretar la imposibilidad de mejora y la inexistencia de un pronóstico de vida limitado”. Hay un recurso pendiente.
Una empresa con tres procedimientos abiertos contra los derechos de los trabajadores
La Fiscalía en su escrito denuncia lo que estima como peligroso, como el hecho de que estén surgiendo empresas donde, en poco tiempo, se sucedan accidentes de gravedad. “En concreto, una acumula ya tres procedimientos contra los derechos de los trabajadores. Uno de ellos se enjuició en el 2021 (se llegó a conformidad), por unos hechos ocurridos en 2019 y otros dos en tramitación, uno iniciado en 2021 y otro en 2022”. La Fiscalía envía el mensaje de que la mayoría de accidentes laborales se produjeron por manejo inadecuado de máquinas o caída de objetos. “El exceso de confianza del trabajador es determinante, pero ello no obsta el deber de vigilancia del empresario”.
El fiscal superior pide incorporar “economistas forenses” que ayuden en delincuencia económica
El fiscal superior de Navarra, Jaime Goyena, reclamó ayer la creación de un cuerpo de “economistas forenses” que ayuden a los fiscales a la investigación de la delincuencia económica porque, según indicó, este tipo de delincuencia “a veces llega a unos niveles que para nosotros es inabarcable”. “Nosotros -los fiscales- tenemos básicamente una formación jurídica y necesitaríamos apoyarnos en esos economistas forenses o como queramos llamarlos, tal y como hacemos con los médicos forenses. Cuando investigamos un delito no todo es derecho, hay muchas veces en las que necesitamos el auxilio de personas de otras ramas del conocimiento que cooperen con nosotros”, afirmó en el Parlamento, donde presentó la Memoria correspondiente al año 2022.
