Diario de Navarra

El caso Davalor podría llegar a cerrarse tres años después sin haber culminado la instrucción. Las defensas de las siete personas investigadas, entre ellas el exvicepresidente del Gobierno foral Manu Ayerdi, han solicitado al juzgado que archive el caso al entender que se han excedido los plazos legales de una instrucción. Consideran que el asunto se inició con el auto del Tribunal Supremo de enero de 2021 y que las prórrogas de la investigación se han hecho fuera de plazo. Por contra, Fiscalía y UPN sostienen que el punto de partida es posterior y debe marcarse cuando el juzgado de Pamplona asumió la causa, en marzo de 2021, y por tanto se ha prorrogado en plazo. La magistrada del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona tendrá que tomar una decisión acerca de este conflicto jurídico, sobre el que la Audiencia tendrá la última palabra. La ley establece que una instrucción debe durar doce meses, salvo que se acuerde una prórroga dentro de dicho plazo. Aplicado a este caso, la duda estriba en qué se entiende por inicio del caso. El Tribunal Supremo incoó el procedimiento el 21 de enero de 2021, ya que Ayerdi era consejero y solo podía ser investigado por el Alto Tribunal, pero tras su dimisión el caso llegó a Pamplona y el Juzgado de Instrucción nº 2 incoó su procedimiento el 9 de marzo. El magistrado pidió un informe a la Policía Nacional y la complejidad del asunto provocó que este tardara en llegar hasta enero de 2023. Por el camino, el juez pamplonés empezó a prorrogar la instrucción el 18 febrero de 2022, una fecha que llegaría fuera de plazo si se entiende que el procedimiento arrancó con el Supremo o ya caducada si se toma Pamplona como origen. La última prórroga se dictó en agosto, para llevar el caso hasta marzo de 2024. Pero los abogados de algunas de las personas imputadas a raíz del informe policial solicitaron la nulidad del caso en julio y lo han vuelto a hacer ahora. Argumentan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las circulares de la Fiscalía general del Estado marcan que el plazo comienza con el primer auto de incoación y por tanto toda la investigación posterior a enero de 2022 es nula. Y como aún no se ha tomado testimonio a nadie (las declaraciones estaban previstas para mediados de este mes, pero se suspendieron por un tema ineludible de un abogado), y esto es un requisito indispensable para llevar un asunto a juicio, solo cabe el archivo. “No puede seguir tramitándose como si nadie se hubiera percatado del error”, sostienen. Todas las defensas se han adherido. La Fiscalía y UPN se han opuesto. La fiscal argumenta que este caso tiene varios autos de incoación y que los del Supremo “no se pueden considerar como principio de la fase instructora”, pues no acordó diligencia alguna, y solo cuando el juzgado pamplonés asumió la causa y acordó diligencias de investigación es cuando se inició la fase. A su entender, el plazo empieza a correr entonces, el 9 de marzo. Es más, resalta que la causa tardó 48 días en llegar de Madrid a Pamplona tras la dimisión de Ayerdi y ese tiempo entre que un órgano judicial pierde su competencia y otro la asume es “nulo” y no puede ser computado. Por último, resalta que a seis personas se las declaró investigadas a raíz del informe policial, por lo que el inicio de la causa para ellas debe fijarse cuando se les cita a declarar, el 28 de abril, no en 2021. Sobre Ayerdi, destaca que en estos años ha solicitado las prórrogas y no ha recurrido ninguna. CLAVES1 Lo que dice la ley. Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “El plazo de investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa”. Puede prorrogarse en ese plazo.2 Lo que sostienen los investigados. El plazo comienza a correr el 21 de enero de 2021, cuando el Tribunal Supremo incoa procedimiento (Ayerdi era aforado). Por tanto, la primera prórroga, en febrero de 2022, llega fuera de plazo y el resto es nulo.3 Lo que mantienen las acusaciones. El plazo empieza cuando el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona asume la causa tras la dimisión de Ayerdi e incoa el procedimiento el 9 de marzo de 2021. Por tanto, la primera prórroga llega en plazo.

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Piden archivar el 'caso Davalor' por una posible caducidad de los plazos

Las defensas creen que la instrucción es nula porque la inició el Supremo y se prorrogó fuera de plazo, pero las acusaciones dicen que arrancó después en Pamplona y es correcta

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