La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha negado en comisión parlamentaria que exista entre los perceptores de la renta Garantizada una “cronificación” poniendo en valor que el pasado año 1.658 unidades familiares dejaron de percibir esta ayuda para acceder a un empleo.

Maeztu ha hecho esta aclaración en comisión parlamentaria ante las críticas vertidas desde UPN, PP y Vox que han aludido a la ineficacia de la Renta Garantizada por no salir sus perceptores al mercado laboral y la falta de responsabilidades de estos para percibir la ayuda.

En 2022, ha apuntado la consejera, 1.658 unidades familiares abandonaron la Renta Garantizada por haber accedido a un empleo y del total de perceptores, el 33% la había percibido menos de un año. Mientras, ha agregado, el 35% la habían percibido entre uno y dos años, el 8% entre 2 y 3 años y el 24%, más de 3 años.

Ha negado también que no existan medidas de control entre las personas que perciben esta ayuda, de hecho, ha señalado, el pasado año se produjeron 3.855 suspensiones de renta, 4.013 extinciones y 88 sanciones.

Ante la crítica vertida desde Vox aludiendo a la imposibilidad de que la mitad de la población navarra sostenga a la otra mitad que percibe esta ayuda Maeztu ha aclarado que la Renta Garantizada la cobra el 5% de la población Navarra siendo estas personas el 57% de quienes están en riesgo de pobreza.

El último informe sobre pobreza y desigualdad en Navarra, ha referido Maeztu, refleja una situación “muy buena” respecto al conjunto de España y de la Comunidad Europea y “revela la alta influencia” de los ERTE, la renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital como “elementos que contribuyeron a amortiguar el efecto económico y social de la pandemia”.

De esta manera, ha puesto en valor, el informe establece que estas medidas han evitado “un crecimiento de la pobreza en Navarra de un 23,5%”.

Además, ha subrayado, Navarra “es la comunidad autónoma la que más se ha avanzado en procesos de integración de las actuaciones entre los servicios sociales y el empleo” con iniciativas como el modelo ERSISI-AUNA, a través de herramientas compartidas de valoración, protocolos de validación e implantación de estímulos al empleo para personas de Renta Garantizada.