Administración pública
Audenasa lleva al Gobierno navarro a los tribunales al perder una exención fiscal
El Ejecutivo rechazó compensarle y cifra la reclamación en 42,7 millones
Publicado el 17/09/2023 a las 05:00
Las reclamaciones judiciales pendientes forman parte de los riesgos a los que debe enfrentarse el Gobierno de Navarra, ya que perder en los tribunales le puede suponer un relevante desembolso económico. A 18 de mayo de este año 2023, las demandas que superaban los 300.000 euros sumaban reclamaciones por un total de 115 millones, cuando a cierre de 2022 eran 70 millones. El motivo de ese incremento es la demanda que ha presentado ante la justicia Audenasa, concesionaria de la autopista AP-15, contra el Gobierno foral por no haber aceptado compensarle por la supresión desde el año pasado de una exención fiscal que disfrutaba desde su origen. Autopistas de Navarra está participada al 50% por el propio Ejecutivo y el otro 50% por el Grupo Itinere.
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El procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra está en fase probatoria. Se realizará una prueba pericial de parte y otra de oficio por parte del tribunal para cuantificar los posibles perjuicios. El Gobierno, en la relación de las principales reclamaciones judiciales que tiene pendientes, cifra la demanda de Audenasa en 42,7 millones.
ORIGEN Y CONTENIDO DE ESA EXENCIÓN FISCAL
El contrato de construcción, conservación y explotación de la primera fase de la autopista de Navarra, aprobado por la Diputación foral y formalizado en escritura pública en agosto de 1973, recogía que la sociedad concesionaria disfrutaría durante el plazo de concesión de la exención del Impuesto de Sociedades en la parte del beneficio que no excediera el 10% de su capital social.
La concesión finalizaba en 2014, pero en 1997 se acordó ampliarla hasta el 30 de junio de 2029 y se mantuvo esa exención.
En 2017, el Gobierno y la concesionaria acordaron que a efectos de determinar el importe del capital social suscrito y desembolsado no se tendrían en cuenta los aumentos o reducciones que se produjeran a partir del 1 de julio de ese año, cuando el capital social era de 170,4 millones. El 1 de septiembre de 2017 firmaron el acuerdo, que supuso dejar exentos desde entonces hasta 17 millones de euros de beneficios. Tres días después de esa firma, la junta general extraordinaria de Autopistas de Navarra redujo el capital social a 120,2 millones.
En diciembre de 2021, en el debate de las medidas fiscales de Navarra para el año siguiente, el Parlamento aprobó una enmienda de Bildu por la que a partir de 2022 se eliminó esa exención.
AUDENASA PROPONE AMPLIAR LA CONCESIÓN
En julio de 2022, Autopistas de Navarra, a través de su director general Víctor Torres, interpuso una reclamación al Gobierno solicitando medidas para mantener el “equilibrio financiero de la concesión” tras la supresión de esa exención fiscal.
Propuso al Ejecutivo de María Chivite ampliar el plazo de la concesión que finaliza en junio de 2029. Otra solución que planteó fue que la Administración navarra realice una aportación directa en la cuantía que se estipule, o bien que se adopten medidas “suficientes, oportunas y necesarias” de común acuerdo entre la concesionaria y el Ejecutivo.
EL GOBIERNO RECHAZA LA PETICIÓN DE AUDENASA
El pasado 19 de octubre, el Gobierno foral desestimó la reclamación de Audenasa y esta recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), recurso que fue admitido a trámite. La demanda se presentó el pasado 8 de marzo.
En su acuerdo de desestimación de la petición de Audenasa, el Ejecutivo afirmó que ningún documento muestra que la pretensión de la Diputación con medidas fiscales como esa exención fuera la de asegurar o garantizar el mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión. Citando una sentencia del TSJN, defendió que la Administración foral no ha modificado las condiciones, sino que la eliminación de la exención la ha aprobado el Parlamento navarro. Entre otros argumentos, indicó que el desequilibrio tendría que ser “relevante”, cuando no se ha cuantificado aún.
LA MAYOR PARTE DE DEMANDAS, FISCALES
Las reclamaciones por asuntos tributarios, donde se incluye la de Audenasa, superan los 94 millones. Entre ellas hay 12 procedimientos que reclaman un total de 30,5 millones relacionados con la solicitud de devolución de cantidades ingresadas por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
1,2 millones pide la hostelería por las limitaciones en la pandemia
La pandemia supuso varios cierres de los locales de hostelería y restauración y restricciones a su negocio. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra tenía abiertos hasta el pasado 18 de mayo un total de 14 procedimientos ordinarios de responsabilidad patrimonial interpuestos contra el Gobierno por empresas de hostelería por los presuntos daños y perjuicios que sufrieron con motivo del cese o limitación de su actividad. Sus demandas a la Administración foral suman un total de 1,2 millones de euros.
Hay que recordar que la justicia navarra ha dado la razón a varios locales de hostelería que reclamaron indemnizaciones a sus compañías de seguro por las pérdidas económicas que se derivaron de esos cierres durante 2020 y 2021, al considerar que la situación no quedaba excluida de la cobertura. El pasado abril un juzgado condenó a una aseguradora a indemnizar a un bar-restaurante de la comarca de Pamplona con 258.000 euros, la mayor cantidad fijada hasta ese momento, en una sentencia que no era firme.
