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Economía

Los ingresos de casi la mitad de los navarros dependen ya de las arcas públicas

Quienes cobran del sector público igualan casi a los trabajadores del sector privado, que sumaban 240.800 en el primer trimestre de este año

Ampliar Ciudadanos caminan por la calle Zapatería de Pamplona.
Ciudadanos anónimos caminan por la calle Zapatería de PamplonaEduardo buxens
Actualizado el 07/08/2022 a las 08:32
Los ingresos de cuatro de cada diez adultos navarros salen de las arcas públicas. Un arma de doble filo, pues al mismo tiempo que el sector público se constituye en el principal motor económico de nuestra sociedad, vive con la amenaza de ser sepultado por el peso de su propia deuda. Una preocupación que cobra mayor actualidad ahora que el interés de la deuda empuja hacia arriba mientras los salarios y las pensiones -estas últimas vinculadas al IPC- disparan aún más el gasto.
30.000 PENSIONISTAS MÁS QUE EN EL AÑO 2000
Así, a día de hoy más de 210.000 navarros tienen vinculadas sus rentas a las arcas públicas, ya sean estas del Estado, de los Ayuntamientos y entes municipales o de la propia Comunidad foral.
El grueso principal de estos navarros cuyos ingresos dependen de las arcas públicas son los pensionistas. Suman más de 129.000 (no hay que confundir el número de pensionistas con el de pensiones, ya que estas ascienden a 137.642, lo que se debe a que hay pensionistas que pueden percibir más de una prestación por haber cotizado en dos regímenes de previsión distintos).
Desde el año 2000, cuando había cien mil pensionistas en Navarra, la cifra se ha elevado en un 30%. Y en los próximos años no hará sino aumentar y más en la medida en que la generación del llamado ‘baby boom’ se acerque a la edad de jubilación.
DESDE 2008, DIEZ MIL EMPLEADOS PÚBLICOS MÁS
A los pensionistas les siguen los funcionarios y empleados públicos como grupo más numeroso cuyas rentas se financian desde lo común. En Navarra, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre, había 48.000 empleados públicos. Casi 30.000 pertenecen a la Administración foral, donde, como informó Diario de Navarra recientemente, la plantilla se ha incrementado en más de cinco mil personas en los últimos seis años. Las 18.000 personas restantes se integran en las plantillas municipales , sobre todo, y en la Administración del Estado, especialmente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Justicia.
15.979 PARADOS TIENEN DERECHO A PRESTACIÓN
Finalmente, hay que sumar a los más de 33.000 parados registrados en Navarra, si bien la mitad de ellos han agotando en la actualidad la prestación a la que tenían derecho. Así, según datos del Servicio Estatal de Empleo Público, en abril eran 9.023 los parados con derecho a una prestación contributiva por haber cotizado más de doce meses.
Junto a ellos había otros 6.286 trabajadores desocupados que percibían el subsidio de desempleo, pensado para trabajadores que no han cotizado lo suficiente para percibir la prestación contributiva. Además, otras 670 personas cobraban una renta activa de inserción.
41.564 RECEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA
Un capítulo a parte merecen otro tipo de prestaciones públicas, como la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de la vida. A efectos de este reportaje sus perceptores no se han sumado a la cifra de navarros cuya principal renta procede de las arcas públicas ya que muchos de los perceptores lo que hacen es complementar otra fuente de ingresos públicos o privados. No obstante, no dejan de ser personas cuyas rentas dependen de unas haciendas públicas saneadas. Un total de 41.564 personas, agrupadas en torno a 18.366 unidades familiares percibieron la renta garantizada en 2021.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación no contributiva, en este caso del Estado, para personas que carecen de recursos económicos suficientes. Navarra la complementa con su renta garantizada. En la actualidad hay unas 6.100 familias navarras que cobran el Ingreso Mínimo Vital, cuyos pagos gestiona ahora la Comunidad foral tras un acuerdo con el Estado.
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