Política
Chivite saca con EH Bildu el decreto de medidas por la guerra
La deducción a rentas de hasta 30.000 euros que reclamaba Bildu se queda de momento en nada
Actualizado el 05/05/2022 a las 15:24
Gracias a un acuerdo con EH Bildu, el Gobierno de María Chivite ha logrado convalidar en el Parlamento el decreto de ley foral de medidas por la guerra de Ucrania con 22 votos a favor, 20 en contra y 8 abstenciones. La coalición de la izquierda abertzale se ha abstenido, lo que bastaba a la presidenta para aprobar la norma. Por su parte, Navarra Suma ha votado en contra; PSN, Geroa Bai y Podemos a favor e I-E se ha abstenido como Bildu.
QUÉ INCLUYE EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON BILDU
Una de las condiciones que había puesto Bildu en sus negociaciones con el Gobierno para lograr acuerdo era una rebaja fiscal mediante una deducción a las rentas que estén por debajo de los 30.000 euros y que se aplicaría este año, pero se notaría en 2023. Finalmente, no se ha concretado en nada. El acuerdo se limita a que se pedirá al Ejecutivo que analice la influencia de la crisis en las rentas medias y bajas y a que con esos datos los grupos del Gobierno y Bildu impulsarán una propuesta legal.
El acuerdo recoge un fondo de 4,2 millones para compensar a municipios y concejos por la subida energética, dinero que se distribuirá entre las entidades locales en función de su población y que se aprobará por ley en este jueves en el pleno parlamentario.
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NI EL GOBIERNO NI EL PSN DETALLAN EL ACUERDO
Ni la consejera de Economía Elma Saiz ni el socialista Ramón Alzórriz han informado en sus intervenciones del acuerdo que han alcanzado con EH Bildu para su abstención y lo que contenía. Ni siquiera han citado las siglas de la coalición de la izquierda abertzale. El socialista ha centrado su discurso en criticar a Navarra Suma por votar en contra de la norma. Ha sido el parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, el que ha explicado el acuerdo.
No ha sido lo único llamativo de la sesión. Mikel Asiáin, de Geroa Bai, socio del Gobierno, ha dedicado casi toda su intervención en detallar las “muchas medidas” que a su juicio faltan en el decreto de ley, a pesar de que ha votado a favor. Ha mostrado así las discrepancias internas en el gabinete de Chivite. De hecho, Araiz le ha dicho a Asiáin que parecía que hablaba como si estuviera fuera del Ejecutivo.
“NI PARA CARAMELOS DE LA CABALGATA”
El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha preguntado en qué ayuda este decreto a quien tiene dificultades para pagar la compra o a una familia que no puede pagar la luz. “En nada”, se ha respondido, como tampoco ayuda, ha dicho, a autónomos y empresas, porque se aprueba para ellos aplazamientos de pagos y una deducción que recibirán en 2023, ha agregado. Ha recordado al PSN que su grupo acudió a negociar al Gobierno y reclamó una deflactación de la tarifa de IRPF que no consiguió y que ya advirtió que no apoyarían medidas “raquíticas” ante la crisis. Ha sostenido que tras el acuerdo del Gobierno con Bildu no están sólo los 4,2 millones “que no llegan ni para los caramelos de la cabalgata de Reyes”.
QUÉ RECOGE EL DECRETO QUE HA CONVALIDADO EL PARLAMENTO
El decreto de ley foral ya entró en vigor cuando se publicó en el BON, pero debía ser convalidado por el Parlamento, algo que se ha aprobado hoy tras el acuerdo del Ejecutivo con EH Bildu. Incluye medidas urgentes para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, aunque sólo una de esas actuaciones tendrá efectos sobre la Hacienda Foral. Se trata de una deducción de hasta 3.000 euros para autónomos y microempresas para este año, por lo que será efectiva en 2023, que tendrá un coste estimado en 17,5 millones de euros.
La norma convalidada ya incluye además actuaciones para dar liquidez a las empresas con aplazamientos excepcionales de deudas tributarias o la exoneración a los autónomos de realizar el pago fraccionado del segundo semestre de este año. También se amplía en el Impuesto de Sociedades el plazo para acogerse a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios.
Por otro lado, declara exentas las ayudas derivadas del plan nacional de medidas urgentes; amplía a las viviendas de protección oficial el límite para la subida del precio del alquiler fijado en el 2%; simplifica y agiliza los procedimientos para poner en marcha instalaciones de energías renovables y establece medidas para agilización la gestión y ejecución de fondos europeos.
Por último, modifica la ley de contratos públicos para que en determinadas circunstancias se puedan revisar los precios del contrato al margen del régimen establecido en los pliegos.
