El ministerio de Hacienda del Gobierno central ha desdicho al consejero de Interior del Gobierno de Navarra, quien ha asegurado en distintas ocasiones (la última en comisión parlamentaria el pasado 16 de marzo) que desarrollar reglamentariamente las retribuciones de Policía Foral en base a la Ley de Policías que se aprobó en 2018 supone un incremento “indiscriminado” de los salarios para el que se requiere una “habilitación específica” del ministerio para aumentar las retribuciones del cuerpo al margen del resto de funcionarios, al considerar que podría superar el límite máximo de masa salarial aprobada en los Presupuestos del Estado. Según dijo Remírez, el Ejecutivo foral “ya ha solicitado” la habilitación. Pero esta petición, según ha trasladado el Ministerio de Hacienda a la senadora navarra del PP Amelia Salanueva, no se ha producido.

En una pregunta escrita al Gobierno central, Salanueva cuestionó: “¿En qué fecha ha sido solicitada dicha habilitación legal al Gobierno de España por parte del Gobierno de Navarra? ¿Ha respondido el Gobierno de España a dicha petición? ¿En qué fecha? ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de España?”. La contestación, también por escrito y remitida desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, tiene fecha de este último miércoles y señala lo siguiente: “En el ámbito de competencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública no se tiene conocimiento de la solicitud a que se refiere la iniciativa”.

En la justificación de su pregunta, la senadora popular recordó que la Ley Foral de las Policías de Navarra de 2018 “marca la exigencia de un desarrollo reglamentario para regular, entre otras cuestiones, la jornada y las retribuciones de Policía Foral”, y que a día de hoy dicho desarrollo reglamentario sigue sin estar aprobado. APF y CSIF-SPF, que suman mayoría en Policía Foral, exigen el desarrollo y la dimisión de Remírez y su directora general, Amparo López, por “inacción”.

El pasado día 16, el consejero de Interior declaró que los partidos que aprobaron la ley en 2018 “sabían que nacía bloqueada para el desarrollo reglamentario en materia retributiva”. “La norma la marcan los Presupuestos Generales del Estado, que establecen un incremento máximo y el Gobierno de Navarra no puede incrementar de manera indiscriminada los salarios, por lo que requiere una habilitación específica del Ministerio de Hacienda que ya hemos solicitado”, indicó.