El camino de subida a San Miguel de Aralar desde el cruce de Uharte Arakil hasta la conexión con la carretera NA-7510 era una pista de hormigón con grietas y otros desperfectos en vísperas de que la Vuelta Ciclista a España pasara por allí el 21 de octubre de 2020. El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno que dirige el socialista Bernardo Ciriza contrató el arreglo que se acabó justo a tiempo para la etapa. El problema se originó cuando las facturas por aquellos trabajos llegaron al interventor, figura interna que se encarga de supervisar que todo se realiza conforme a la ley, y que el 28 de octubre expresó su reparo al pago del dinero, al considerar que se habían producido varias anomalías que el departamento negó.

Se abrió así un cruce de discrepancias que se ha prolongado más de un año. El pasado 17 de noviembre, el Gobierno de María Chivite acordó en su sesión semanal dar la razón a Cohesión Territorial, lo que permitió pagar las facturas.

DOS ENCARGOS DIRECTOS

Las obras las realizaron dos firmas a las que Cohesión Territorial había encargado de manera directa los trabajos. Una era LAKITA, S.A., por 38.986 euros (47.173 con el 21% de IVA) por tareas de desbroce, tala, limpieza y barrido de ambos márgenes del camino de Aralar en el tramo citado. La otra factura era a nombre de Patxi Otamendi Goicoechea, por 39.376 euros (47.645 IVA incluido), por trabajos de extendido de aglomerado y compactación en fresados y regularizados en esa zona.

Según la ley de Contratos Públicos, ambos eran contratos de menor cuantía por no superar los 40.000 euros (sin IVA), lo que permite la contratación directa.

El informe del interventor delegado de Cohesión Territorial suspendió la tramitación de las facturas firmadas por el director general de Obras Públicas, Pedro Andrés López, y con ello, su abono. Indicó que las obras se hicieron en el mismo tramo, por lo que el contrato debió haber sido uno. Si no se hubiese fraccionado, el coste superaba los 40.000 euros, lo que hubiera exigido un proceso de adjudicación al que se pudieran presentar ofertas. En la licitación se podía haber contratado una por un precio menor, por lo que, al no hacerlo, se ha podido producir un “quebranto” a la Hacienda, indicó. El interventor recalcó que la ley impide fraccionar un contrato para bajar su cuantía y “eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que corresponda”.

Además de otros reparos más técnicos, sostuvo que Cohesión Territorial no tenía competencia para encargar estas obras, ya que el camino de Aralar no está en la Red de Carreteras de Navarra (pertenece a Uharte Arakil). Es una de las causas legales para que un acto administrativo sea nulo “de pleno derecho”, subrayó.

OBRAS PÚBLICAS LO NIEGA

El director general de Obras Públicas mostró su desacuerdo con los reparos. Negó que fraccionaran el contrato para adjudicarlo directamente, asegurando que tenían fines distintos y se encargaron a dos empresas “especializadas en actividades diferentes, desbroce y tala de arbolado en un caso y fresado y aglomerado de calzada en otro”. Agregó que una directiva europea fomenta la contratación “por lotes”.

Negaba el problema competencial, al señalar que aunque el camino de Aralar no está en la Red de Carreteras, era su responsabilidad que, por seguridad de la caravana ciclista, se adecuara suficientemente como vía de unión y de servicio entre las carreteras de su titularidad. Indicó que además se les encomendó la gestión a petición de la consejera de Deportes, Rebeca Esnaola, y de la presidenta Chivite, ante la relevancia de la Vuelta a España.

EL INTERVENTOR GENERAL DISCREPA

El director general de Intervención y Contabilidad, que entonces era Javier Marticorena, realizó en enero de 2021 un informe ante las discrepancias, en el que respaldó los argumentos del interventor delegado y mantuvo la suspensión de la tramitación de las facturas. Destacó que el camino de Aralar es de propiedad municipal y que la seguridad de la carrera, al ser un evento privado, correspondía a su promotor y a la propietaria del camino “en la medida en que esta última esté obligada a ello”. Indicó que las responsabilidades del Gobierno se deberían haber recogido en el contrato de patrocinio por 60.000 euros que firmó con Unipublic, la empresa organizadora. Y que no se había aportado razonamiento jurídico alguno que obligara al Ejecutivo a financiar las obras. Insistió en que el departamento no era el competente para encomendar los trabajos.

Hay que destacar que en la Vuelta Ciclista a España de 2014, fue Unipublic la que se hizo cargo de la reparación de los tramos de mal estado de esta pista de cemento de la subida a San Miguel de Aralar.

El director de Intervención, además, señaló en su informe que no se debió fraccionar el contrato. En cuanto a que se fomente la adjudicación por lotes, indicó que, según la ley, si así se hace se debe aplicar el procedimiento de adjudicación y la publicidad que correspondería al valor acumulado de ambos, “no siendo por tanto ajustada a derecho” la contratación directa de las dos prestaciones que se encargaron en la pista.

Destacó que no hay en el expediente una validación de los trabajos realizados y del coste que han tenido por parte de técnicos con conocimiento y competencia para ello, al haber una “total ausencia de informes técnicos o jurídicos que lo avalen”.

EL GOBIERNO RESUELVE

Como recoge la ley en estos casos de discrepancia, queda en manos del Gobierno de Navarra su resolución. Contó con sendos escritos sobre la relevancia de la Vuelta Ciclista a España para Navarra y las localidades que atraviesa de los responsables del Instituto Navarro del Deporte y de Proyectos Estratégicos del Ejecutivo.

El 17 de noviembre pasado, el Gobierno acordó resolver la discrepancia en “sentido favorable” a Cohesión Territorial.