Cuando el ciudadano considera que una administración pública ha tomado una decisión que no es justa o no atiende sus demandas o ni siquiera le responde, una de las puertas a las que puede llamar es a la del Defensor del Pueblo, Javier Enériz Olaechea.

¿Ha salido indemne de estas navidades de contagios y confinamientos?

Sí, la verdad, ni positivo ni nada. Sí ha afectado al trabajo, porque de una plantilla muy pequeña la cuarta parte ha sido positivo y hemos tenido que reorganizar todo.

¿Han llamado a sus puerta los sanitarios, muchos sin vacaciones, doblando turnos, sobrepasados en hospitales y centros de salud por los casos y las bajas?

Sí, nos han llegado quejas de un personal que se está viendo limitado en sus derechos por la necesidad de reorganizar los servicios.

¿Cómo ve la situación actual de la pandemia en Navarra?

Preocupado, porque ha desbordado a los ciudadanos y sobre todo a los servicios sanitarios, servicios públicos a los que les ha pillado con el pie cambiado, primero por la fuerza de la variante ómicron y segundo porque se partía de una premisa absolutamente diferente, que era que la pandemia se había terminado con la 5ª ola y Navarra era la primera en quitar restricciones. Ha llegado una ola muy potente que ha desbordado a todos y ha sido más complicado por coincidir con las fiestas navideñas.

¿Cuáles están siendo ahora las principales quejas de los ciudadanos relacionadas con la gestión de la covid?

El mayor número de quejas, en una especie de llamada de unos a otros para acudir al Defensor, son sobre los problemas que está planteando el pasaporte covid, la reacción de gente que está en contra de que se les reclame para hacer las cosas que hace en su vida normal, como ir al gimnasio, al restaurante o a un concierto. La gente está enfadada.

Entiendo que serán personas que no están vacunadas.

Yo así lo entiendo, aunque no lo dicen. También hay gente que tiene que viajar al extranjero y no le hacen la PCR en el sistema público y se la tienen que hacer ellos. No entienden que, teniendo que cumplir un requisito para entrar en un país, la administración sanitaria le remita a los test de antígenos que no sirven.

A los que se quejan porque se les exige el pasaporte covid, ¿qué les responde usted?

Les contestamos que en situación de pandemia las autoridades sanitarias tienen que tomar medidas para proteger a la mayor parte de la población. Además, la exigencia del pasaporte ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Los ciudadanos tienen que asumir que aunque pueden vacunarse o no, no hacerlo conlleva cargas.

La pandemia sigue, pero también otros problemas como las dificultades para el acceso a la vivienda, algo que usted lleva tiempo alertando.

Cada vez lo vemos con mayor preocupación, porque la lista de demandantes no para de crecer. Siguen aumentado las familias y personas que necesitan una vivienda y la respuesta que están recibiendo son los programas David y Emanzipa y algunas promociones previstas, pero la lista crece y el embudo cada vez es mayor. Pedimos que se amplíen y mejoren esos programas y se establezcan otros nuevos. Hay familias en las que hay niños pequeños que no tienen vivienda o su situación es indigna. Tarde o temprano habrá que promover un plan de choque de vivienda pública por parte de la Administración foral y de las entidades locales que tengan medios. Hay que dar una respuesta lo antes posible y lo más grande posible.

Pidió medidas al departamento de Vivienda del Gobierno y al Ayuntamiento de Pamplona ante casos como el de una persona que vive en una habitación con su hijo menor compartiendo piso con otras familias. ¿Qué le han respondido?

El departamento de Vivienda se remite a los planes que tiene, no hay más respuesta que esta. Nos dice que está haciendo lo posible, que está el censo y el que quiera que se apunte y que promueven un número equis de vivienda. Esa es la respuesta tipo que recibimos ante cualquier situación personal que planteamos. El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un numero muy limitado de viviendas y trata de buscar soluciones a problemas muy puntuales.

¿En qué otros asuntos están viendo que hay un mayor desamparo ciudadano?

El aumento de las listas de espera de Sanidad en asistencia especializada. Tenemos casos de rehabilitación de personas en listas larguísimas, en traumatología, cirugía ordinaria, en oftalmología, dermatología... Por otro lado vemos cada vez mayor pobreza, personas a las que no les llega para vivir.

¿Y ustedes qué hacen ante eso?

Hablar con Derechos Sociales. No digo nada si les quitan la renta garantizada o el ingreso mínimo vital. Eso ya es un drama. Vas viendo que cada vez hay gente más necesitada. Luego está la enfermedad mental que se ve incluso en personas que plantean sus quejas en nuestra oficina. Otro de los problemas es la brecha digital, por ejemplo en los trámites con las administraciones. O tienes ordenador o no eres nadie. Todos recordarán las quejas que surgieron al indicio de la pandemia con aquella campaña de la declaración de la renta (cuando no era presencial).

Muchos ciudadanos han acudido estos años al Defensor por multas de tráfico. ¿Sigue ocurriendo?

Sí, y siguen creciendo incluso. Si te ponen una multa de 100 euros o de 200 euros no vas a ir a la justicia, porque entre abogado, procurador y las costas si pierdes te va a costar muchísimo más que la multa. Por eso la gente o protesta a través del Defensor, intentando que se revise el procedimiento, o paga la multa.

¿Qué hace su oficina ante esas sanciones de tráfico?

Pedimos el expediente y lo revisamos. Si vemos que se ha cometido una irregularidad pedimos a la administración que sea que levante la sanción y no la imponga.

¿Eso ocurre muchas veces?

No, en pocas. La administración ha perfeccionado mucho su mecanismo sancionador. Si has cometido una infracción es muy difícil que te la levanten, pero sí hay casos en los que se aprecian caducidades, insuficientes pruebas o que la resolución está mal.

Otra queja habitual es la relacionada con los ruidos. ¿La Administración toma medidas?

Sí, intentan reaccionar y en muchos casos se solucionan. Uno tiene derecho en su domicilio a descansar. Sin embargo, las fuentes de ruido son diferentes. Por ejemplo, un servicio público es muy difícil de resolver. Lo digo porque hay muchas quejas sobre las horas a las que pasa el camión de la basura. Ahí es muy difícil actuar. Seguramente la jurisprudencia diga que los de los servicios públicos son ruidos que los ciudadanos tienen la obligación de soportar. Eso es distinto de otros, como un parque público en el que por la noche hay jóvenes haciendo ruido, ahí sí que puede actuar la administración.

¿Cómo está ahora el problema de los botellones?

En este momento han bajado las quejas. Yo hablaría incluso de minibotellones, de grupos de chavales muy repartidos por bancos y distintas partes de la ciudad.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno, el socialista Bernardo Ciriza, se molestó cuando su oficina le recomendó que, sin perjuicio de que siga construyendo en la carretera N-121-A esa vía 2+1, impulse la redacción de un proyecto de doble carril en ambos sentidos entre Pamplona y Sunbilla para que se ejecute cuando sea posible. El consejero lo descartó y apuntó que a juicio de los técnicos sería “una irresponsabilidad técnica”.

El asunto se cerró con aquella respuesta. Yo le envié una carta diciéndole que no me parecía ni la forma ni el fondo. Las cosas requieren mucha más profundidad y sobre todo más respeto a una administración que te está supervisando y proponiendo algo.

¿Sigue defendiendo la necesidad de que se elabore ese proyecto?

Propusimos que se planteara no una autovía ni nada caro, sino un desdoblamiento allá donde el terreno lo admitiera. A partir de conversaciones con ingenieros de obras públicas, entendíamos que era posible hasta Sunbilla ese 2+2. No porque nos parezca mal el 2+1, sino porque nos parece insuficiente para miles de camiones diarios que pasan por esa carretera. El problema es ese, que si te desvías un poco te estampas contra un muro de camiones y que por eso se muere la gente, la gente se está matando. Esto no es una gracieta entre un consejero y el Defensor. Es que la gente cuando tiene un accidente tiene mucha probabilidad de que un camión lo arrolle y lo acabe matando y esto es un drama. ¿Qué nos hemos encontrado? Que en el primer tramo que se ha abierto recientemente hay una rotonda, un 2+2, luego un 2+1, luego una rotonda, luego un 2+1 en el sentido inverso, luego otra rotonda, un 1+1... Es decir, después de que se criticaba la propuesta de un 2+2 hasta Sunbilla porque todo tenía que ser homogéneo, ves que hasta en lo inaugurado no hay homogeneidad técnica. Cada vez que hay un accidente no se puede estar sacando una nota que nos hable de las bondades del 2+1 en Suecia. El problema es otro, no es el diseño de la carretera 2+1, sino que esa carretera, incluso con 2+1, va a seguir soportando en los próximos años el paso de miles de camiones y eso requiere una solución, que es, o un desdoblamiento o el desvío de los camiones. Desde luego la solución no creo que vaya a ser la que se nos está dibujando, porque al final lo único que vamos a conseguir es salir de las rotondas a 30 km por hora.

Este asunto lo planteó de oficio. ¿Lo ha cerrado, cree que no hay posibilidad de que se aborde?

Sí, al final tengo que cerrar los expedientes cuando veo además una voluntad muy cerrada de no hacer caso. La respuesta nuestra ni se admitió a trámite, creo que se nos dijo. Causó cierta desazón.

¿Hay algún otro asunto que haya impulsado de oficio?

Sí, un asunto que nos preocupaba mucho, el de los parques eólicos y fotovoltaicos, porque ha habido una avalancha de proyectos y nos ha dado la sensación de que la planificación es cero y la previsión, poca. Se han presentado decenas de proyectos y algunos de magnitudes que ocupan el territorio de una manera diría que salvaje e incluso en varias sierras con proyectos que machacaban yacimientos históricos. Nos dirigimos a los departamentos competentes del Gobierno para decirles que hay que velar por los valores culturales y medioambientales. No es una oposición a los proyectos, pero que se hagan donde se pueda y en condiciones.

¿Recibieron alguna respuesta?

El departamento de Medioambiente nos respondió que estaba previsto un proyecto de decreto regulando la implantación de estos parques eólicos y fotovoltaicos, algo que nos parece bien.

El Parlamento ha sido incapaz hasta ahora de consensuar el nombre de la persona que esté al frente de la oficina del Defensor del Pueblo, cargo que necesita el apoyo de al menos 30 parlamentarios de los 50. Es el motivo por el que Javier Enériz, que fue elegido en 2007 para 6 años, lleve ya casi 15 en el cargo, es decir, cerca de 9 en funciones.

¿Cómo está viviendo esta situación?

Yo ya empiezo a ver la necesidad del fin de esta larga etapa en mi vida. Espero que el Parlamento elija pronto a otra persona y creo que así será. Yo ya necesito esa salida personal. Estar tantos años en funciones no es bueno, porque tampoco te atreves a hacer grandes propuestas y reformas que un titular elegido para 6 años sí puede plantear en pro de la propia institución.

¿Cree que va a ser ya posible?

Están en ello, es lo que me han transmitido. El presidente del Parlamento me dijo que había algunas personas, algún candidato que entraba dentro del perfil y que lo estaban hablando con los grupos a ver si concitaba la mayoría necesaria tan difícil de conseguir de 30 de 50.

¿Usted ha puesto algún plazo?

No, ni por mi forma de ser ni por las circunstancias. No puedo o mejor, no debo dejar la oficina abandonada.

¿Se plantea que podría llegar a su jubilación dentro de tres años en este cargo?

No, no me lo planteo porque ya me pude jubilar a los 60, pero sigo cumpliendo con esta función, con esa mentalidad muy militar, de guerrero, de que el puesto no lo abandona un soldado hasta que viene otro y le entregas el polvorín. Pero sí que estoy necesitado de esa salida.

Habrá quien piense que esa prolongación en el cargo ha podido ser “un chollo” para usted.

Yo he trabajado toda la vida en el sector público en diferentes situaciones. Para mí es un honor, hay pocas cosas que te puedan dar más satisfacción que defender a la gente frente a situaciones que puedan ser injustas, ante abusos o negligencias. Si no hubiera estado aquí hubiera estado en el Tribunal Administrativo, que es mi plaza de origen, haciendo lo mismo. Ya las diferencias salariales las dejo que las estudien otros, pero la función sería parecida. Ha sido “chollo” en el buen sentido, en el de la función que he podido hacer.

¿Hay algún caso que recuerde con pesar por no haber podido resolverlo?

Muchos y cada vez más. Cuando entré en 2007 era una época muy buena, no había crisis económica y las administraciones disponían de recursos y estaban muy predispuestas a atender las demandas ciudadanas. Con la crisis, todo era hablar de dinero y de pocos derechos sociales, y en la época actual ya no son los derechos sociales, sino las libertades individuales las que están cortadas y limitadas. Ha ido bajando la consecución de resultados por nuestra parte, porque te encuentras con administraciones cada vez más duras después de dos grandes crisis.

¿Por eso pidió al Parlamento, y así lo aprobó, incluir en la ley que se sancione a las administraciones que no atiendan al Defensor?

Sobre todo por la falta de respuesta. Las administraciones van cogiendo el vicio de no responder al ciudadano ni a quien tiene la función de defender al ciudadano y eso no puede ser.

¿Ya tiene alguna multa preparada?

Sí, algunas, pero me molesto mucho en avisar de que eso va a ocurrir. Después de tantos avisos y llamadas, el sistema funciona y no hace falta poner la multa. Por ahora.

¿Nos puede dar el nombre de alguna administración que sea remisa a contestar?

El último caso ha sido el del Ayuntamiento de Corella, al que hemos mandado varios requerimientos y nos han pedido una prórroga. Se la hemos dado hasta el 20 de enero, pero si no cumple, irá la multa. También algún departamento del Gobierno como el de Presidencia, con el que tengo una magnífica relación, pero en algún expediente se le ha pasado y le he tenido que avisar.

En época de crisis se llegó a plantear eliminar su institución.

Creo que esas iniciativas son erróneas y además dañinas para el ciudadano. ¿A qué ciudadano perjudican? Al más pobre, al más vulnerable, al que menos sabe, al que se enfrenta a un problema con un ayuntamiento y no sabe ni a donde dirigirse o va y no le contestan. Hoy en día la justicia está sólo para ricos, para gente que puede acceder. El Defensor es uno de los pocos mecanismos que en ese caso tienen los ciudadanos. Tengo la sensación de que la mayoría de la gente que ha pasado por la oficina está agradecida de que al menos la administración le ha respondido y esta debe además hacerlo de modo justificado y bien.