Diario de Navarra

Tanto nada para morir en la orilla...”, suspira Dioris Albarrán. La joven llegó a España desde Venezuela en busca de asilo político por su oposición al régimen. Como ella, otros 230 compatriotas pidieron refugio en Navarra durante 2019. Es la segunda nacionalidad en el número de solicitudes, solo por detrás de Colombia (253) y seguida por Nicaragua (86). Les suceden en la lista Honduras, Perú, Ucrania y El Salvador. “Hay una serie de conflictos de muy larga duración que no se están resolviendo y muchos otros que se están complejizando cada vez más”, señala Idoia Oneca, coordinadora de CEAR Navarra. Situaciones en las que la corrupción, la violencia sexual, la falta de atención sanitaria o de comida están presentes en el día a día. Y entre las que se abren paso nuevas problemáticas, como la persecución a los defensores medioambientales de comunidades indígenas y la crisis climática. En los últimos años, el número de peticiones de asilo se han multiplicado; si en 2018 se registraron 325 en Navarra, en 2020 pasaron a las 972. Pero las cifras no se traducen luego en concesiones del estatuto de refugiado. La nacionalidad con más solicitantes en España, la venezolana, es a la menos se otorga esta protección internacional. Es otra figura, la de autorización de residencia por razones humanitarias, la que les permite estar un año, y depende de la situación en el lugar de origen. Para ser considerado refugiado es preciso demostrar que en el país de procedencia existe una persecución individual que pone en riesgo su integridad. Por su ideología, género, orientación sexual o por la presión de grupos criminales, entre otras consideraciones. “No solo se viene por conflictos, uno huye porque hay vulneración de derechos”, insiste Sofía Zamalloa, abogada de CEAR Navarra. Aunque los protagonistas del reportaje tienen relación con la comunidad LGTBI+, matiza Oneca, su marcha es por motivos políticos. Sí ha afectado al cómo se dio la persecución. ACCESO AL PROCEDIMIENTO Las peticiones de oriundos de países como Siria han ido disminuyendo y, aunque en sus hogares hubiera una guerra, el número tampoco llegó a las cotas de otros Estados. “Las nacionalidades mayoritarias son de América Latina porque tienen acceso al procedimiento”, asevera Oneca. Es el caso de sirios, yemeníes y de personas subsaharianas, añade: “Muchos países de África no tienen esa posibilidad. Su tránsito supone poner en riesgo su vida para llegar a Europa y poder pedir protección”. La coordinadora defiende que estos solicitantes, si contasen con “acceso por vía ordenada, segura y legal”, serían los mayoritarios. Según advierten desde CEAR, Europa dificulta la solicitud de asilo “cuando la gente empieza a huir” de sus países, como ocurrió con los éxodos de Siria, Yemen, Gambia o Palestina. Había ciudadanos que compraban billetes de avión a terceros países y se bajaban durante su escala en estado europeo para solicitar la protección internacional. “Para que no ocurra algo así se pide un visado de tránsito, para que la gente no pueda salir del aeropuerto. Es dificultar cada vez más que se pueda acceder al procedimiento”, señala Oneca. La concesión en España es del 5%, cuando la media europea, indican desdeCEAR, se sitúa en el 33%. Tampoco los criterios son los mismos en todos los Estados. Ser afgano, antes de la retirada de tropas de la OTAN, en unos país implicaba obtener el estatuto de refugiado casi de inmediato, relata Oneca, y en otros, la denegación. Y en España hay agentes persecutores que no se reconocen porque tienen que ser “estatales”, una categoría en la que no entran, por ejemplo, las maras salvadoreñas. Con la llegada de la pandemia y el cierre de fronteras las peticiones descendieron un 25% en el conjunto. También ha supuesto un cambio en el perfil de solicitantes. A los programas de acogida de CEAR llegaban sobre todo, familias de Latinoamérica. Ahora aumenta el número de hombres solos, que vienen del Magreb y el África Subsahariana. “No sabíamos de qué nos estaban acusando” Dioris Albarrán Paulino suspira al recordar los pensamientos que la invadieron al dejar atrás Venezuela. Tiene apenas 30 años y cree que no podrá volver; si lo hace, se enfrenta a laprisión. Cuando era alumna universitaria en Caracas, Albarrán formaba parte del movimiento estudiantil, al que siguió ligada cuando se graduó y entró a trabajar en el ámbito de la prevención de la violencia de las barriadas con una oenegé. El entonces presidente, Hugo Chávez, murió y ante la deriva “totalitaria” del Gobierno venezolano, con desapariciones de opositores, represión policial y censura, se sucedieron las protestas. Varios grupos de estudiantes elevaron sus quejas ante organismos internacionales. En 2014 organizaron una concentración y una acampada para la que, explica Dioris, contaron con el permiso del Ayuntamiento. El ejército venezolano se presentó en la zona y se llevó a más de 200 asistentes. Entre ellos, Albarrán y su novia, que acabaron encerradas junto al resto de jóvenes con las manos esposadas a las espaldas durante dos días, en un centro de inteligencia. “Esas 48 horas terminan en una presentación a la audiencia de tribunales, todo un proceso viciado; nos hicieron firmar actas que no tenían ningún tipo de acusación, ni siquiera teníamos conocimiento de qué nos estaban acusando y no tuvimos acceso a una defensa”, denuncia Dioris Albarrán. Se investigó la vida de los participantes y se interrogó a amigos y familiares. A los asistentes les impusieron medidas como presentarse cada semana en los tribunales, la prohibición de salir de Caracas o la representación política. El proceso aún sigue abierto para un caso que no prescribe, aunque ha excedido el límite de dos años que dicta la ley. Pero llegó Guaidó y para muchos, una esperanza de cambio. Albarrán entró a trabajar como relatora en la Asamblea Nacional de Venezuela y empezó a notar una estrecha vigilancia, con interceptación de llamadas y robos. “No es lo mismo ser opositor en cualquier país a tú ya tener nombre y apellidos para un gobierno”, repone la joven. A esto se sumó el peligro que corría por su orientación sexual y una situación del país agravada durante la última década: “Empeoró por los niveles de corrupción, por la dependencia del petróleo y cómo eso económicamente afecta a la productividad del país”. Su padre falleció de cáncer a los 68 años porque la familia no pudo costear el tratamiento. “Voy a seguir luchando, no me voy a callar nunca” En el resguardo indígena de María Susana Perdomo, en Colombia, hay asuntos que no se pueden tratar en voz alta. La homosexualidad no se puede confesar y las agresiones sexuales se callan. Las violencias se mezclan unas con otras y se viven a diario con la presencia de la guerrilla, los paramilitares y los policías que son corruptos. María Susana, de carácter decidido, animaba a las víctimas a denunciar. Esta brutalidad embistió a su propia familia por primera vez hace más de una década. Un guerrillero acosaba a una de sus hermanas, combativa como María Susana, porque “era muy bonita”. Ella lo denunció y ese mismo día unos hombres entraron en su casa y la mataron frente a su hijo, niño que Perdomo adoptó como suyo. Lo hicieron pasar por un “crimen pasional”. “Mis papás no quisieron denunciar, tenían el dolor de la muerte de su hija”, repone la colombiana. Poco después la guerrilla se llevó a un sobrino de 13 años, hijo de un hermano de María Susana Perdomo, porque “ya podía con un fusil”. Cuando la familia lo sacó del lugar en el que lo retenían, mataron al padre del chico. Perdomo se transformó en una lideresa implicada en las violaciones de mujeres y niños y defensora firme de la comunidad LGTBI+. Con algunos vecinos, tenía una casa reservada para atender a las víctimas. Una de las agresiones sexuales se perpetró contra una niña de 2 años y María Susana se empeñó en llevarla al hospital. Cuando días después fue a comprar, un hombre armado se plantó delante de ella para amenazarla. La escena se repitió días después: “Me dijeron tantas cosas... En ese momento ya sabes que estás muerta”. Lo que vino después fue una marcha precipitada junto a su pareja y sus tres hijos. Dieron tumbos por distintas ciudades, albergues y casas de protección. Los persecutores, tanto la guerrilla como los paramilitares -“son la misma ley”-, conseguían siempre sus números de teléfono. Los encontraban y los seguían o acudían a la portería del edificio reclamando a los niños. Ya no se fiaban ni de la escolta que les adjudicaron tras insistir mucho. En Pamplona, donde llegó con un préstamo del banco y sus suegros, sigue recibiendo llamadas. Perdomo conoce a otros paisanos en situaciones similares, algunos han sufrido agresiones en España, pero se reafirma en su papel. “No me arrepiento de haber luchado y voy a seguir luchando porque no soy la única que lo está viviendo. No me voy a callar nunca”, sostiene.

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Una búsqueda de refugio en Navarra

972 personas solicitaron asilo en la Comunidad foral en 2020, más del doble que en 2018. Los colombianos, los venezolanos y los nicaragüenses son quienes más lo piden

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