El Gobierno de España ha ordenado devolver todas las multas del primer estado de alarma (entre 15 de marzo y 21 de junio de 2020). La decisión es consecuencia de la sentencia de junio del Tribunal Constitucional que anuló ese periodo y las sanciones que conllevó ese paraguas legal. Para proceder a ello, el Ministerio de Política Territorial ha creado un equipo de trabajo con diversas instituciones para proceder a paralizar el cobro o, llegado el caso, devolver las sanciones impuestas durante ese periodo que ya han sido ejecutadas.

En Navarra se impusieron 13.848 sanciones en esas fechas por incumplir las restricciones del periodo de alarma si bien un porcentaje pequeño, las relativas a desobediencias graves (hubo 85 detenidos por este motivo) no se verán afectadas. En cuanto a las impuestas por no llevar mascarillas durante ese periodo (su uso fue obligatorio solo el último mes), puede que tampoco se vean afectadas ya que, según algunos juristas, esta normativa tuvo un desarrollo posterior, sin relación con la movilidad.

En Navarra no hay datos de cuántas multas quedan sin cobrar. Delegación del Gobierno tramitó las de Policía Nacional y Guardia Civil, así como las de algunos ayuntamientos pequeños. Gobierno de Navarra se encargó de las de Policía Foral (3.142) y cada Ayuntamiento con posibilidades, las de sus policías locales.

Hasta septiembre del año pasado, entre Delegación, Gobierno y Ayuntamiento de Pamplona (su policía local impuso 2.513) habían tramitado 5.000 multas y se habían pagado ya 1.200.

El equipo técnico para la devolución de las sanciones está compuesto por técnicos de todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno (excepto País Vasco y Cataluña, que tienen esa competencia transferida), está formado por personal de la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.

Según fuentes del Ejecutivo, la idea es que la administración, a través de la puesta en marcha de programas informáticos, proceda de oficio a reintegrar el dinero que, en muchos casos, las instituciones han cobrado de forma ejecutiva. La intención del Ministerio de Política Territorial es que los ciudadanos afectados puedan facilitar de forma telemática una cuenta para las devoluciones de las sanciones.

SUSPENSIÓN DE DERECHOS

El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró ilegal esta medida al entender que el encierro supuso una suspensión de los derechos fundamentales y no una simple limitación de los mismos, como sostuvo el Ejecutivo central en la argumentación jurídica del decreto, que la corte de garantías zanja que vulneró la Constitución. Suspender derechos como el de la libre circulación -entendió la sala- es algo que el Gabinete de Sánchez solo podía haber hecho bajo el paraguas del estado de excepción, el más severo de los previstos en la Constitución y que hubiera requerido el permiso previo del Congreso de los Diputados.

El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma (desde el 14 de marzo al 21 de junio de 2020) , y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma (desde 26 de octubre hasta mayo de este año), según datos del Ministerio del Interior.

De acuerdo con las informaciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas hasta mayo, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente, habían sido archivadas Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) eran las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentaban las menores cifras, con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.