El anteproyecto de la nueva Ley Foral de atención y protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los menores y de la igualdad apuesta por el modelo de acogimiento familiar de menores frente al modelo residencial y recoge libertades a los menores en materia de identidad y pensamiento, así como a ser escuchados.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha comparecido a petición propia en comisión parlamentaria para informar sobre el anteproyecto de ley, un texto que está prácticamente listo su debate en la Cámara y posible aprobación sustituyendo así a la actual Ley Foral de promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia aprobada en 2005.

Esta ley, ha destacado, apuesta por “fórmulas de acogimiento familiar frente al modelo residencial” que el próximo año se materializará en un incremento de la partida presupuestaria destinada a ayudas directas a las familias de acogida del 74%.

Este servicio de apoyo y acompañamiento a este acogimiento familiar y a la adopción “proyecta atender en torno a 200 acogimientos frente a los 90 actuales”, ha informado subrayando también el compromiso de un incremento presupuestario superior al 300% de este servicio, pasando de 200.000 euros al año a 830.000.

Ha asegurado que esta ley busca “mantener a las personas menores el mayor tiempo posible en su entorno familiar”, para lo que se incorporan nuevos programas como la valoración en la intervención que puede llevar a una revisión de las capacidades parentales y marentales, así como la intervención de alta intensidad en crisis o la capacitación parental.

Recoge entre otros, el derecho a la integridad física y psíquica y al desarrollo y “quedan reforzados” los derechos a la protección de datos, a la identidad cultural, identidad y orientación sexual, libertad de pensamiento, conciencia y religión, a que no se les impongan las ideas y a ser escuchados sin presuponer su madurez por la edad.

Asimismo, ha detallado, se introducen normas específicas sobre igualdad para niñas, personas LGTBI, personas desfavorecidas, con discapacidad y con problemas derivados de la multiculturalidad.

Maeztu ha puesto en valor que esta ley incluye como principios rectores “la parentalidad positiva, la atención centrada en la persona y el trabajo en red y la potenciación de la participación de las propias personas menores como instrumento para su empoderamiento y acceso a la ciudadanía plena”.

En el texto se reconoce la pluralidad de formas familiares destacando que algunos de estos modelos entrañan más fragilidad debido a su mayor exposición a determinados riesgos sociales, por lo que “no solo se reconocen, sino que se prevé que serán beneficiarias de medidas de apoyo específicas”, ha comentado la consejera.

En materia de salud encomienda a la Administración garantizar a los menores el derecho a recibir información sobre su salud y obtener su consentimiento a partir de los 16 años o hasta los 12 si tienen madurez suficiente.

Dentro de la cultura y el ocio establece que han de promoverse medidas para evitar la soledad y se insta a Administración y entidades locales a ampliar la oferta de plazas en igualdad de oportunidades.

También se han introducido el derecho a la sostenibilidad y a la inclusión social recogiendo el sistema de garantía de ingresos “como un instrumento para prevenir la pobreza infantil y garantizar la inclusión social”, ha explicado.

El anteproyecto incorpora además nuevo artículo según el cual todas las Administraciones públicas de Navarra tendrán que realizar al formular sus proyectos normativos una evaluación sobre el impacto que estos tendrán sobre los menores y el disfrute de sus derechos y otro para dar prioridad a los derechos de los niños en los presupuestos.

La ley apoya también el trabajo comunitario garantizando la existencia de comisiones interdepartamentales con representación de familias y entidades sin ánimo de lucro y se refuerza la colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad para trabajar con perspectiva de género.

Desde Navarra Suma, Marta Álvarez ha puesto en valor cuestiones como su enfoque “trasversal”, que “no se limite al ámbito de los derechos sociales” o mejoras en el sistema de protección, el seguimiento de adopciones, si bien ha criticado que “se ha perdido la oportunidad de mejorar en otros aspectos”.

Nuria Media (PSN) ha considerado que es una ley “pionera” que “coloca a Navarra a la cabeza de la protección de la infancia y supone un cambio de paradigma en la atención a la infancia” y ha destacado la incorporación de “esa mirada integral que no solo se centra en el sistema de protección”.

Para Isabel Aramburu, de Geroa Bai, “el anteproyecto responde en términos generales” a sus expectativas y “reformula, amplia y concreta los derechos que ya están enunciados en al vigente ley adecuándolos a la realidad de 2021”.

Patricia Perales (EH Bildu) ha resaltado los avances en atención comunitaria, prevención y detección precoz, si bien ha clarificado que conseguir una igualdad de oportunidades “es un gran objetivo” pero también “un gran reto”.