Diario de Navarra

Nunca llueve a gusto de todos. El pacto nacional para acabar con el abuso de la temporalidad de los interinos en la Administración Pública ha dividido a los sindicatos en Navarra, con competencias exclusivas en Función Pública, y que a partir de septiembre deberá abordar la adaptación de dicho acuerdo a la realidad de la comunidad. Tres de los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de la Función Pública, AFAPNA y los nacionalistas ELA y LAB, discrepan de las soluciones planteadas en el tercer proceso de estabilización de empleo público al entender, aunque con matices y argumentos distintos, que resultan perjudiciales para el colectivo de interinos. Al menos 5.000, según la estimación más conservadora de AFAPNA, podrían verse afectados por la reforma al cumplir las condiciones recogidas en el acuerdo. Es decir, llevar al menos tres años ocupando plazas estructurales ininterrumpidamente -sin tener en cuenta los traslados que en ese tiempo se hayan podido producir- que antes de 2025 deberán ser fijas. Los que no superen la oposición serán indemnizados con 20 días por año trabajado. Ahora, el acuerdo in extremis salvado por el Gobierno el miércoles en el Congreso introduce varias piezas nuevas en el complicado tablero de los interinos. Así, entre los cambios que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, accedió a asumir respecto al texto pactado por su antecesor en la Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos mayoritarios, estaría la posibilidad de que las comunidades no otorguen carácter eliminatorio a las oposiciones que se convoquen para regularizar la situación de los trabajadores interinos. El Decreto Ley ya preveía un peso del 40% en la valoración de la experiencia a estos interinos con 3 añosde antigüedad, pero ahora añade que las CCAA podrán decidir que esas pruebas no sean eliminatorias. Y en opinión compartida por los sindicatos, esto beneficiará a los trabajadores, porque podrán pasar muchos más a la fase del concurso, que será para todos los sectores de la administración, no como hasta ahora. Y hay una segunda gran novedad introducida desde Madrid: que se exima de esas oposiciones a los empleados públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos diez años. Estos deberán pasar sólamente un concurso de valoración de méritos, sin examen. Sólo UGT y CC OO, firmantes junto con CSIF del acuerdo nacional, hablan de solución “positiva” que permitirá estabilizar “varios miles” de plazas públicas en la comunidad. Aunque a falta de un estudio detallado de dichas plazas no existen cifras oficiales sobre el impacto del acuerdo en Navarra parece que será notable. CC OO, Cecilio Aperte, asegura que para cumplirlo deberán convocarse “no menos de 10.000”. Desde UGT, Jesús Elizalde, habla de acuerdo “razonable” incidiendo en que “no tenemos mucho más margen” y es una forma de que la administración “se ponga las pilas” para reducir la temporalidad. “No es de recibo que tenga una temporalidad superior a la de la empresa privada”, apostilla. Según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a enero 2021, Navarra cuenta con 39.848 empleados públicos, de los que 28.212 corresponden a la administración autonómica, 7.522 a las entidades locales y 4.114, al sector público del Estado. El plazo para cumplir el acuerdo apremia. Por un lado, por la exigencia derivada de la última jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y del Supremo, que compromete la legislación actual y, por el otro, por el compromiso de reforma de la Administración pública fijado en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así, todas esas plazas que se pretenden estabilizar -300.000 en toda España- deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024. En Navarra, los cinco sindicatos coinciden en la urgencia de reducir la temporalidad al 8% desde tasas que llegan en algunos departamentos al 50% pero no existe unanimidad sobre el proceso de estabilización que se plantea y que afectará, reza el acuerdo, “a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020”. Una de las principales novedades del acuerdo es que los interinos que pierdan su plaza si no superan el proceso serán indemnizados con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. La medida no se aplicará en los casos de finalización de servicio por motivos disciplinarios o renuncias voluntarias. Pero esta circunstancia, en opinión de Juan Carlos Laboreo, de AFAPNA, no evita el perjuicio a personas con dilatada trayectoria en la administración y algunas de las cuales no obtuvieron plaza pese a jaber aprobado oposiciones. “Entendemos que debe darse a esas personas la categoría de laboral indefinido no fijo a extinguir” para que puedan ir a la vacante que deje el funcionario. “Así, no sólo no se perjudica a los funcionarios sino que se evita obligarles a presentarse otra vez a oposiciones y la administración se ahorraría las indemnizaciones”, indica. Teniendo en cuenta que el 50% de la plantilla de la administración foral son contratados, Laboreo estima que entre 5.000 y 6.000 interinos podrían encontrarse en la situación recogida en el acuerdo. EN QUÉ LUGAR QUEDAN LOS INTERINOS DOCENTES AFAPNA, por último, se muestra especialmente preocupado por el destino de los docentes interinos. “Cabe recordar, que bajo ningún concepto AFAPNA permitirá que los grandes perjudicados pudieran ser los docentes a los que les hacen contrato año a año. Además, los 10 años deberán bajarse en el trámite del Decreto, porque sería prácticamente inviable y un brindis al sol ya que las administraciones a veces han sacado plazas (muy pocas) y en eso pueden excusarse para no nombrar a los que se encuentran ocupándolas como plazas a extinguir”, sentencia Laboreo. Desde LAB, Isabel Artieda, habla de acuerdo “terriblemente perjudicial para el personal temporal y hecho de espaldas a Navarra, que no deroga la tasa de reposición y pone condiciones difíciles de cumplir en la comunidad. Advierte que no se podrán estabilizar plazas si no se meten en plantilla. “Habrá poquísimas que cumplan la condición de los tres años porque nuestra normativa dice que tiene que haber traslados y se han hecho muchos”. En este punto Aperte, de CC OO, puntualiza que a diferencia de lo ocurrido en los otros dos acuerdos, en el recién firmado se establece que los procesos de estabilización “serán compatibles con los concursos de traslados” lo que, a priori, resolvería el problema. “Si no se hubiera tenido en cuenta el efecto de los traslados se podrían estabilizar unas 1.000; así serán no menos de 10.000”. Izai Bujanda, de ELA, entiende que el acuerdo posibilita el despido de miles de empleados públicos y se vuelven a imponer las tasas de reposición. Advierte del peligro de solucionar con indemnizaciones la temporalidad y teme que el proceso acabe en los tribunales. Aboga por un proceso extraordinario de consolidación del empleo público. “Habría examen pero no sería eliminatorio y tendría el mismo valor que un año y medio de experiencia en el puesto de trabajo”. "DEFINIREMOS CON EXACTITUD LOS PUESTOS AFECTADOS" “Globalmente positiva y políticamente valiente”. Con estas palabras valora el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Función Pública e Interior Javier Remírez la iniciativa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de cara a afrontar el problema estructural de la temporalidad en la administración pública. Pese a destacar los avances del Real-Decreto- Ley, que recoge aportaciones de Navarra, Remírez remarca la necesidad de “derogar la tasa de reposición”, no incluida en la norma, así como “la inclusión de otras herramientas que nos dotaran de más capacidad para reducir la temporalidad a lo que estrictamente esté justificado”. En todo caso, apostilla, el Gobierno “aplicará el Real Decreto-Ley en los términos compatibles con nuestro autogobierno y ámbito competencial que creemos será en su mayor parte, previo estudio más detallado por parte de la Dirección General de Función Pública”. El Gobierno de Navarra, explica, trabajará ahora con los diferentes departamentos -en especial Salud y Educación-, así como con la Mesa General de la Función Pública el nuevo escenario que se abre con la nueva normativa, aún pendiente de ratificación en el Congreso de los Diputados, “de cara a definir con exactitud los puestos afectados así como los procedimientos y cronogramas para la publicación de las futuras OPE de estabilización y los procesos de selección”, con el plazo máximo de 2024 para culminar todos los procesos. Esta legislatura se ha aprobado la OPE de 2019 (725 plazas), y la de 2020, (715). UPN Y BILDU DENUNCIAN QUE EL DECRETO INVADE COMPETENCIAS FORALES UPN ha denunciado que el Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público convalidado en el Congreso, y que los dos diputados regionalistas votaron en contra, no respeta las competencias de Navarra. Por ello, reclama que en su próxima tramitación como proyecto de Ley se incluya una salvaguarda para respetarlas y anuncia la presentación de una enmienda a dicho proyecto para conseguirlo. La formación regionalista recuerda que Navarra tiene competencias exclusivas e históricas para regular el acceso a la función pública y la organización y régimen estatutario de los funcionarios públicos. “Sin embargo, el Real Decreto Ley convalidado ayer no hace ninguna referencia a ello”, señalan. Dado que el citado Real Decreto Ley tendrá que tramitarse como un proyecto de Ley “malo e improvisado”, UPN exige que se corrija esa situación. “La tramitación del texto como proyecto de Ley Foral para solucionar la falta de apoyo que tenía el Gobierno de Sánchez para aprobarlo da una nueva oportunidad a que no se produzca un nuevo ataque al régimen foral”, han afirmado. “Por eso, desde UPN exigimos al Gobierno de España que deje de intentar centralizar competencias que corresponden a Navarra y que incluya en la Ley dicha salvaguarda. En el caso de no que no lo haga, presentaremos una enmienda en ese sentido”, han anunciado. Asimismo, el partido regionalista solicita al Gobierno de Navarra y a la Dirección General de Función Pública “que no espere más y que ejerza desde ya sus competencias para evitar que el retraso que va a suponer la aprobación de la Ley produzca situaciones discriminatorias en oposiciones ya convocadas y para impedir la inseguridad jurídica que se va a producir con la situación actual entre el personal interino y las personas que quieren acceder a la Administración vía oposición o concurso-oposición”. En este sentido recuerdan que el texto del Real Decreto Ley aprobado ayer mantiene la tasa de reposición y deja muchas cuestiones en el aire y abiertas a distintas interpretaciones. Recentralización para Bildu También EH Bildu considera que las medidas aprobadas en Madrid para la reducción de la temporalidad en el empleo público suponen un nuevo ataque al autogobierno de Navarra. Por ello, el grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia del Consejero Remírez al entender que este contenido normativo “constituye un nuevo intento recentralizador por parte del Estado e invade competencias históricas de Navarra” en materia de personal. “Nuevamente, Navarra ha quedado relegada a ser una Comunidad Autónoma mas, pretendiéndose laminar su capacidad de regular en una materia que, históricamente, ha sido de su competencia. Queremos saber qué propuestas hizo el Gobierno de Navarra en la Conferencia Sectorial de Administración Pública y si en las mismas defendía sus competencias”, indicó Adolfo Araiz. LAS CLAVES DEL TERCER PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO ¿Por qué ahora? La urgencia de la reforma obedece a dos razones fundamentales. Por un lado, la exigencia derivada de la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que compromete la legislación actual. Por el otro, la reforma de la Administración Pública comprometida en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). ¿Cuál es el objetivo? Situar la temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas españolas. ¿A qué plazas afecta? A todas las de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas temporal e ininterrumpidamente al menos en los 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización de 2017 y 2018. ¿Qué plazos se establecen? La resolución de los procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. ¿Cómo será el sistema de elección? Será el de concurso-oposición. La última reforma añade la posibilidad de que las CCAA convoquen sin exámenes eliminatorios a interinos con 3 años de antigüedad. Los de al menos 10 años en una plaza estructural deberán pasar una valoración de méritos, sin exámen. ¿Qué pasará con los que no superen el proceso selectivo? Las convocatorias podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo pero que sí hayan obtenido una determinada puntuación que se considere suficiente su inclusión en bolsas de interinos específicas o ya existentes. No superar el proceso dará lugar a una compensación económica de veinte días de sus retribuciones fijas por año trabajado, hasta un máximo de doce mensualidades, teniendo en cuenta que no se compensará económicamente a quien no participe en el proceso selectivo. ¿Se podrá seguir nombrando personal funcionario interino? Sí, pero sólo en cuatro supuestos. Por vacante, si no se puede cubrir la plaza por personal funcionario de carrera, con una duración máxima de tres años, por sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo “estrictamente necesario”, para ejecutar programas de carácter temporal, no superarán los tres años ampliables doce meses más, o por exceso o acumulación de tareas, con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.

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Al menos 5.000 interinos se verían afectados en Navarra por la reforma

Navarra debe adaptar el pacto nacional para hacer fijas miles de plazas

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