Navarra es una de las comunidades que todavía no ha creado la comisión que validará y evaluará las solicitudes de eutanasia que pueda haber, pese a que debía estar constituida en los distintos territorios para el pasado viernes. Es la Comisión de Garantía y Evaluación, que debe contar con al menos 7 miembros entre los que tiene que haber personal médico y de Enfermería y juristas.

El Gobierno foral está sometiendo a participación el futuro decreto que regulará esta comisión. El siguiente paso será aprobar la norma y tras su publicación en el Boletín Oficial de Navarra tendrá 15 días para crearla.

La ley Orgánica que regula la eutanasia en España entró en vigor el viernes, aunque todavía quedan muchas cuestiones por resolver para que se pueda poner en marcha. La han recurrido al Tribunal Constitucional el PP y diputados de VOX. El mismo viernes, el pleno del Constitucional admitió a trámite el recurso de VOX, aunque no aceptó su petición de suspender la ley.

La norma establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten si sufren “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, certificados por el médico responsable. Estas personas deberán disponer de información sobre su proceso y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos; y tendrán que presentar dos solicitudes con al menos 15 días naturales entre ambas. No se exigirán estas últimas condiciones si la persona no se encuentra en pleno uso de sus facultades, pero detalló su voluntad en un testamento vital o documento equivalente.

FUNCIONES DE ESTA COMISIÓN

La Comisión de Garantía y Evaluación analizará que las peticiones que se presenten cumplen los requisitos legales. Luego verificará si se llevó a cabo con los procedimientos previstos en la norma. Además, resolverá las reclamaciones que formulen personas a las que un médico haya denegado la solicitud. Así mismo, dará respuesta a las dudas que puedan surgir durante la aplicación de la ley. Tendrá el deber de guardar secreto sobre su tarea y proteger la confidencialidad de los datos personales de sanitarios, pacientes y familiares.

EN NAVARRA, 9 MIEMBROS

El Ejecutivo de María Chivite ha propuesto que esta comisión esté integrada en Navarra por un mínimo de 9 personas, con: 3 profesionales de Medicina y 2 de Enfermería con formación o experiencia de trabajo en bioética y/o en tratamiento de enfermedades con padecimientos graves o incurables; 3 licenciados en Derecho con formación y experiencia en derecho sanitario y bioética; y 1 o 2 profesionales del ámbito psicosocial, con formación o experiencia en bioética y/o en tratamiento de enfermedades con padecimientos graves o incurables.

La consejera de Salud nombrará a quien presida la comisión y a sus miembros para 4 años, que se podrán prorrogar una vez.

Así lo plantea el Gobierno en un proyecto de decreto abierto a sugerencias y aportaciones hasta el 30 de junio, que aborda también la regulación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia ante la eutanasia. Cuando el decreto se apruebe y se publique en el Boletín Oficial de Navarra, la comisión de garantías se deberá crear en 15 días.

POR QUÉ LA CUN QUIERE ESTAR

Antes de elaborar el proyecto de decreto, el Gobierno realizó una consulta pública previa sobre la comisión de Garantía y Evaluación. La Clínica Universidad de Navarra (CUN) manifestó entonces su deseo de participar en la comisión navarra o al menos estar presente en un comité de expertos con “adecuada formación clínica, ética y deontológica” que la pueda asesorar.

Desde la secretaría del Comité de Ética y Deontología Médicas de la CUN explicaron que el objetivo era ofrecer la visión de la medicina que tiene el centro y que han concretado en sus aportaciones. Entre otras, han pedido favorecer los cuidados “hasta el final de la vida”, con el acompañamiento de los pacientes. Reclaman que se valore la capacidad de decisión de los enfermos en “una situación de contexto eutanásico de enfermedad grave”. Y que la atención a estos pacientes se lleve a cabo desde el punto de vista clínico y sanitario, pero también social. Demandan que se tengan en cuenta y se respeten las características propias de cada centro hospitalario.

Por otro lado, el Colegio Oficial de Trabajo Social pidió que la comisión incluya a un trabajador social sanitario.

Los profesionales sanitarios podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia y negarse a realizar la eutanasia, comunicándolo de modo anticipado y por escrito. Las administraciones sanitarias crearán un registro en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia.

Navarra, como el resto de comunidades, tendrá este registro en el que figurarán los datos personales de identificación de estos profesionales y el documento en el que expresan y declaran esta objeción de conciencia.

Según la propuesta del Gobierno foral, podrán inscribirse en este registro “profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir, que realicen actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos, sin los cuales no fuese posible llevarla a cabo”. El registro se someterá al principio de “estricta confidencialidad”.

Habrá que esperar a la redacción final del decreto para saber cómo se concreta. Se regulará luego mediante una orden foral de la consejera de Salud.