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El TSJN defiende que se puede adoptar cualquier medida sin estado de alarma

Sostiene que la Ley General de Sanidad de 1986 permite restringir derechos fundamentales

Cientos de personas se han concentrado este viernes a las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra para apoyar a los cinco redactores y cinco tutores que han acudido a declarar sobre el programa Skolae y que han entrado a los juzgados entre aplausos y gritos de solidaridad.
Cientos de personas arropan a los responsables de Skolae en la Audiencia de Navarra
  • G.G.O.
Actualizada 12/05/2021 a las 11:54

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra tiene más alcance que las propias medidas que descarta. Sobre todo porque, a diferencia de la Fiscalía de Navarra y un buen número de juristas, los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sostienen que fuera del estado de alarma las comunidades sí tienen competencia “para adoptar cualesquiera medidas sanitarias restrictivas (que no suspensivas) de derechos fundamentales”. Un argumento que, en el futuro, podría tener su impacto ante medidas que disponga el Gobierno de Navarra, si bien será el Tribunal Supremo el que unifique doctrina y el que fije si las comunidades y la legislación ordinaria son suficientes, ya que otros tribunales superiores no comparten la tesis del TSJN.


Los magistrados recuerdan que para restringir derechos fundamentales se requiere de una Ley Orgánica, que es el rango que tiene la Ley General de Sanidad de 1986. “Si se aprobó con rango de Ley Orgánica fue precisamente para que no hubiese duda sobre la posibilidad de que la autoridad sanitaria adoptara las medidas necesarias restrictivas de derechos fundamentales cuando así lo requiriera la protección de la salud pública”, dicen los magistrados, que afirman que de lo contrario la ley sanitaria “no tendría sentido alguno”. Por lo tanto, consideran que con esta ley en la mano, las comunidades “están habilitadas legalmente” para dictar medias que supongan limitaciones a una colectividad de personas.


Con estas atribuciones a la ley ordinaria, prosiguen los jueces, no vacía de contenido una ley de excepción como la del Estado de Alarma, puesto que esta última que abarca muchas otras crisis distintas a la sanitaria y un haz de medidas restrictivas de muy distinta índole. Por lo tanto, concluyen, si la ley del Estado de Alarma y la sanitaria tienen el mismo rango de legal, “nada impide” que con la legislación ordinaria las autoridades sanitarias puedan restringir derechos fundamentales.

 

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