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NA+: "El decreto de gestión de fondos europeos no garantiza la igualdad"

La coalición explica que había trasladado una serie de medidas que consideraban "fundamentales” y que como “partido muy mayoritario”, su participación debía estar presente en la gestión de los fondos

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NA+: "El decreto de gestión de fondos europeos no garantiza la igualdad"José Carlos Cordovilla
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EFE

Publicado el 15/04/2021 a las 10:17

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha explicado que la negativa de su formación al texto del decreto de gestión de los fondos Next Generation que ha elaborado el Gobierno Foral se basa en que “no garantiza la igualdad de concurrencia y de objetividad” ente quienes quieran concurrir.

Ha señalado que, a pesar de lo que defiende PSN, “la modificación permite una intervención limitada previa que lo que mira es si hay presupuesto y quién es el órgano competente”, ha añadido. “Esto no es pasar por la intervención”, ha apuntado Álvarez en declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Navarra.

Las modificaciones legislativas van “mucho más allá” de lo que es la gestión de los fondos, ya que se modifican leyes como la Ley del Plan de Inversiones Locales y la Ley de Hacienda Pública para “eliminar controles por parte del Parlamento” y permitirá “eliminar el techo de gasto" sin pasar por la Cámara, ha abundado.

Su partido, según ha señalado, había trasladado una serie de medidas que consideraban "fundamentales” y que como “partido muy mayoritario en esta tierra”, su participación debía estar presente en la gestión de estos fondos.

En este sentido, ha apuntado que Navarra Suma había trasladado una serie de peticiones en reuniones mantenidas entre Javier Esparza, María Jesús Valdemoro y la misma Marta Álvarez con la presidenta María Chivite.

En ellas expusieron las condiciones, pero el Gobierno “lejos de aceptarlas, ninguna de las cosas sustanciales aparece en este Decreto Ley y por ello no podemos aceptarlo”, ha considerado.

Por último, ha señalado que el periodo en que se van a recibir los fondos es de 10 años, por lo que excede al tiempo de legislatura “en que Chivite será presidenta” y por ello consideraban que debían añadir criterios de la coalición.

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