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Cárcel

El Gobierno foral e Instituciones Penitenciarias colaboran en iniciativas de Justicia Restaurativa

Ambas partes han firmado un convenio para la realización de talleres y “encuentros restaurativos penitenciarios”

Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia
Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia
Cedida
  • EFE
Actualizada 12/04/2021 a las 14:36

El Gobierno de Navarra e Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Interior, colaborarán en iniciativas relacionadas con la Justicia Restaurativa que se van a llevar a cabo en la cárcel de Pamplona, para lo que han firmado un convenio destinado a realizar talleres y “encuentros restaurativos penitenciarios”.

De este modo, el Gobierno de Navarra cuenta con luz verde para el diseño, la elaboración y puesta en marcha de estos talleres y encuentros, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, si bien consistirán, en último término y en aquellos casos en los que sea posible, en un diálogo entre víctimas y victimarios.

Según ha informado el Ejecutivo foral, se quiere generar un espacio de comunicación que, además de a víctimas y personas infractoras, involucre a la comunidad en su conjunto, y supere una visión estrictamente individual sobre el daño causado y la responsabilidad sobre los hechos.

La pasada semana ya se iniciaron en el centro penitenciario de Pamplona las primeras charlas de preparación con la población reclusa, “que respondió de manera muy positiva a la iniciativa, superando todas las expectativas que se habían manejado hasta el momento”, han indicado desde el departamento de Justicia.

Estos talleres y “encuentros restaurativos penitenciarios” exploran caminos alternativos a un sistema penitenciario que tiene el deber de avanzar en la resocialización de las personas privadas de libertad. Todo ello, añaden, “planteado desde la atención a las víctimas, la búsqueda final de la reinserción de los victimarios, y con una importante participación de la comunidad en todos los procesos”.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha “celebrado” la firma de un convenio que, en sus palabras, “permite avanzar en la aplicación de la Justicia Restaurativa, una apuesta del departamento por responder a un modelo más humano y que, en nuestra opinión, resulta más integrador de las personas condenadas y más reparador para la sociedad en su conjunto”.

Santos ha explicado que la Justicia restaurativa plantea una “visión transformadora que intenta contribuir a un cambio social”, analiza las causas profundas del delito e implica a la sociedad en su conjunto, en la transformación de los conflictos.

En el diálogo entre partes que se propone, las personas condenadas pueden profundizar en asumir su responsabilidad, mientras que las víctimas explican su vivencia del delito y sus consecuencias y facilitan la oportunidad de restauración. Ambas partes pueden acordar la reparación del daño causado, de forma real o simbólica, o cerrar el proceso interior que cada cual haya vivido.

Pero, además, la perspectiva comunitaria que se introduce permite que la persona autora de hechos delictivos tome conciencia de las consecuencias que las acciones individuales producen sobre la colectividad; y, a la vez, que la comunidad pueda buscar y aportar apoyos para la reinserción de esa persona.

Eduardo Santos ha señalado que “los encuentros restaurativos vienen realizándose con éxito en ámbitos tan sensibles como el de homicidios, violencia familiar o terrorismo; y cabe pensar que, si han sido eficaces en estos ámbitos, con mayor razón pueden serlo en otros por delitos de menor gravedad”.

Los diálogos y “encuentros restaurativos penitenciarios” incluyen, de manera necesaria, una primera fase de preparación a las personas condenadas. En esos talleres, se trabajan cuestiones como la empatía, la asunción de responsabilidad, el arrepentimiento o la reparación del daño causado.

El encuentro sólo se produce de manera voluntaria para sus participantes y, en todo caso, si las personas facilitadoras consideran que las partes están preparadas para dar el siguiente paso, para lo cual es imprescindible una preparación previa.

No todas las personas condenadas a privación de libertad pueden acogerse a programas de este tipo. Quedan fuera de ellos los internos condenados por violencia de género o por delitos contra la libertad sexual, además de aquellas personas que padecen patologías psiquiátricas.

La perspectiva comunitaria de esta iniciativa se reflejará en la búsqueda de la implicación de la comunidad en su conjunto, a través de asociaciones o entidades de sociedad civil organizada.

En ese sentido, se analizará la comunidad donde se produjo el delito, así como los actores sociales existentes, para desarrollar lo que se denomina un “mapeo del conflicto”, ampliando el foco y analizando el contexto de víctima y persona infractora, así como las condiciones sociales generales que forman parte del conflicto.


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