El Departamento de Derechos Sociales tiene previsto ofertar a lo largo de este año 42 plazas en viviendas para personas con distintos grados de discapacidad, un programa de autonomía personal en al que el Ejecutivo va a destinar 856.883 euros.

En concreto, se van a habilitar 15 plazas en viviendas con apoyo de personal de atención directa; 22 en viviendas vinculadas con una residencia, para personas con trastorno mental grave que hasta ahora se acogían a la modalidad de piso tutelado; y, finalmente, 5 en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo.

Esta modalidad residencial está contemplada en el Plan de Discapacidad de Navarra aprobado para el periodo 2019 – 2025 y complementa los servicios existentes hasta este momento: los pisos tutelados, los pisos supervisados y los centros residenciales, ha informado el Ejecutivo foral.

Con esta iniciativa, Derechos Sociales avanza en el proceso de “desinstitucionalización” progresiva de personas que viven en centros residenciales hacia otros servicios de vivienda o servicios domiciliarios accesibles y con apoyos a la autonomía, que pueden ser tanto personales, técnicos o bien de soluciones de domótica.

Con la puesta en marcha de estos servicios Navarra contará con 1.442 plazas para personas con discapacidad, de las cuales 899 se encuentran en 18 centros residenciales, mientras que 317 han optado por la fórmula de piso tutelado, supervisado, o algunas de las viviendas con apoyo o vinculada a residencia que se pondrán a disposición en 2021. Otras 226 personas acuden a centros de día.

Derechos Sociales quiere también abrir esta oferta a diversas localidades de Navarra, como en el caso de la vivienda para personas con grandes necesidades de apoyo prevista en Tudela, y el proyecto de piso supervisado en Elizondo que permitirá a 3 mujeres pasar de vivir en un centro a llevar una vida autónoma en una vivienda.

Estos nuevos recursos de vivienda ofrecen a las personas con discapacidad o con enfermedad mental la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida independiente y autónomo, con los apoyos necesarios en cada caso.

Al mismo tiempo, según establece la Ley Foral de Servicios Sociales, han sido aprobadas las tarifas máximas para el copago de estos nuevos servicios residenciales. Dichas tarifas se establecen en consonancia con los apoyos prestados y se determinan siguiendo criterios sociales y según la capacidad económica de las personas que usan el servicio.

En cualquier caso, el pago se estos servicios, deberá permitir a la persona disponer de un mínimo de 3.858,20 euros anuales de libre disposición.

Las tarifas financian una parte del coste real de dichas plazas, que en el caso de viviendas con apoyo es de 1.395 euros mensuales, por plaza; mientras que el servicio de vivienda vinculada a residencia para personas con trastorno mental grave tiene un coste de 1.574 euros al mes por plaza, y el de viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo asciende a 2.638 euros.

La inversión de Derechos Sociales en estos nuevos servicios ascenderá en 2021 a 856.883 euros, con la previsión de ir ampliando este tipo de plazas en los años próximos.