Diario de Navarra

Las retribuciones y los horarios de los policías forales vuelven a la palestra a raíz de una proposición de ley que va a debatir y votar este jueves el Parlamento. La impulsa el PSN, que busca recuperar en forma de ley el decreto foral de 2016 que regulaba jornadas y sueldos en el Cuerpo autonómico y que ha sido anulado por la Justicia. Todo hace indicar que la iniciativa socialista saldrá adelante. Navarra Suma tiene previsto votar en contra al entender que la nueva norma deroga la última Ley de Policías, aprobada en 2018, mientras que EH Bildu medita abstenerse siempre que se acepten enmiendas que aclaren la no anulación de las disposiciones de la ley de 2018 relacionadas con jornadas, horarios y retribuciones, o que la nueva norma será transitoria, imperando sólo hasta que entre en vigor la reglamentación de la ley de 2018. Algo para lo que el Gobierno tenía de plazo, según la propia ley, hasta noviembre de 2019 y todavía no ha hecho. Los síes de los socios de Gobierno (PSN, Geroa Bai y Podemos) bastarían para aprobar la ley, independientemente de la postura de Izquierda-Ezkerra. La proposición del PSN se tramita por el procedimiento de urgencia al considerar que, con la anulación por la Justicia, las retribuciones y jornadas en Policía Foral han quedado sin regulación. La Justicia ha declarado nulo el decreto de 2016, elaborado a partir de una ley policial, la de 2015, que ocasionó incrementos salariales para 816 agentes del Cuerpo a costa de rebajas para otros 242. El TSJN dio la razón a los recursos que contra el decreto presentaron 25 altos mandos y los sindicatos APF y CSIF/SPF. La ley de 2015 la impulsó el PSN y provocó una gran fractura en el seno de la Policía Foral. El decreto lo elaboró en la pasada legislatura el Gobierno de Uxue Barkos, con María José Beaumont (propuesta por Bildu) como consejera de Interior. DEVOLUCIÓN SALARIAL PARA 242 POLICÍAS Por ejecución de sentencia, el Gobierno foral va a tener que devolver a los agentes con rebajas el salario que hayan dejado de percibir desde que entró en vigor el decreto de 2016. El montante total, según indican fuentes sindicales que les trasladó el actual consejero Javier Remírez, es de unos 4 millones de euros. El PSN justifica su proposición de ley para evitar que, en relación con lo anterior y por la nulidad del decreto foral, los más de 800 policías que vieron mejorados sus sueldos a raíz de la ley de 2015 los vean ahora disminuidos desde el 1 de enero de 2016. La nueva norma cuenta con una disposición adicional única que busca proteger estos casos. EL NUEVO REGLAMENTO DEBÍA ESTAR PARA 2019 El Parlamento foral, con el apoyo de Bildu (principal impulsor), Geroa Bai, Podemos y UPN, aprobó en 2018 la actual Ley de Policías, que derogó la de 2015 y que introdujo conceptos retributivos y porcentajes distintos en algunos casos a los del decreto de 2016. La recuperación de éste como norma provoca en este sentido colisiones, a juicio de partidos como UPN y Bildu y sindicatos policiales como CSIF/SPF y APF, que exigen que el departamento de Interior reglamente ya jornadas y sueldos en base a la norma de 2018. Esta reglamentación debía haber estado lista para noviembre de 2019 por el plazo de un año que fija la ley. Y todavía no existe, pese a que incluso obra en poder de Interior un estudio de puestos de trabajo. Fuentes políticas y sindicales señalan que la demora del Ejecutivo se debe al coste económico que supone la aplicación de la ley, calculado en su día en unos 4 millones. NAVARRA SUMA, EN CONTRA PORQUE NO SE FÍA El PSN defiende que su proposición es transitoria (“hasta la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa que se apruebe”, dice el texto) y no deroga la ley de 2018. Navarra Suma, por contra, replica que este derogación sí se produce. “Ley posterior deroga la anterior”, subrayan en la coalición, basándose además en que la iniciativa socialista reza que “quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan” a lo establecido en la nueva norma. Navarra Suma, que votará en contra al desconfiar de que Remírez vaya a reglamentar, aboga por otra vía: una proposición para modificar la ley de 2018 contemplando la aplicación únicamente transitoria del decreto de 2016 y garantizando el mantenimiento del salario tanto para el 80% de la plantilla que lo vio mejorado como para el 20% que lo recuperará por sentencia. BILDU HA PRESENTADO ENMIENDAS Bildu ha presentado tres enmiendas a la proposición del PSN. Los abertzales quieren que el texto de la nueva ley deje claro su carácter “transitorio y temporal” y que “en ningún caso” se entenderán derogadas las disposiciones en materia de jornadas, horarios y retribuciones recogidas en la norma aprobada en 2018, que no serán aplicables hasta que el Gobierno no las desarrolle reglamentariamente. Así, Bildu enmienda también para subrayar que la nueva ley del PSN sólo tendrá vigencia hasta la entrada en vigor de la reglamentación que sobre la norma de hace casi tres años debe haber Interior. La otra enmienda de Bildu busca que se mantenga en la nueva ley la regulación de las pruebas físicas imperante desde 2018. Los agentes pueden elegir entre una compensación de 126 horas al año por superación de pruebas físicas o una económica de un 17% del sueldo inicial del nivel, salvo quienes se han convertido en agentes a partir de finales de 2018, que sólo pueden optar por la compensación económica.

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El PSN recupera como ley el decreto anulado de retribuciones policiales

Todo hace indicar que la iniciativa saldrá hoy adelante en el pleno del Parlamento foral

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