El Gobierno foral tiene la "voluntad de evitar barreras en el acceso a la sanidad y evitar cualquier desprotección de las personas migrantes en situación irregular", aunque en estos momentos solo puede "hacer parches a una ley que nos impide dar una asistencia universal", impulsada en su día por PP y UPN.

Así lo ha asegurado en el Parlamento foral la Directora General de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irizar, reclamada por Navarra Suma para informar sobre los avances efectuados en el procedimiento de facturación por la asistencia sanitaria y el acceso a la tarjeta sanitaria a personas en situación administrativa irregular.

Al respecto, la directora general ha dicho comparecer "por respeto al Parlamento" tras cuestionar la petición de NA+ por entender que su objeto no era de sus competencias, aunque ha explicado en qué ha consistido la labor del departamento, en cuanto a información, sensibilización, recogida de quejas, contacto estrecho con entidades sociales y una importante labor de difusión de los derechos sanitarios de toda persona en Navarra.

"Es voluntad clarísima de este Gobierno asegurar la atención sanitaria a todo el mundo, con independencia de su situación administrativa", y para ello "una barrera, entre otras, es la facturación en urgencias" que se comunica a los atendidos, ha dicho tras señalar a la legislación estatal aprobada por el PP en 2012 y apoyada por UPN.

En este contexto, ha relatado lo ocurrido en este terreno para evitar barreras que las personas migrantes puedan tener en el acceso a la salud, como el escrito remitido en marzo de 2020 por parte de entidades sociales que recogía "varias vulneraciones que habían detectado entre las que se encontraban la solicitud de empadronamiento para obtener la TIS, facturaciones en Urgencias o comunicaciones a personas sobre retirada de TIS" (Tarjeta Individual Sanitaria).

Al respecto, y dado el contexto de pandemia, Salud decidió paralizar los procedimientos de quienes estaban en trámite de acceso a una TIS y se dieron "altas provisionales" -un total de 390-, lo que se sumó a la decisión de no facturar durante este periodo de tiempo a ningún ciudadano independientemente de su situación administrativa, lo que fue solventando el problema y se pudo "garantizar el libre y gratuito acceso de cualquier ciudadano a la atención sanitaria".

Sin embargo, esta excepcionalidad supuso que las personas afectadas no fueran dadas de alta en el Sistema Nacional de Salud ni se les pudiera enviar la TIS.

Posteriormente el departamento ha seguido trabajando en la cuestión y en la actualidad quedan 92 personas susceptibles de recibir la notificación de anulación de TIS y cambio de la misma.

"Para evitar malentendidos con la carta se va a proceder a pasar los casos al personal de trabajo social de los centros de salud para que se llame de manera individual a cada una de las personas, se informe adecuadamente y se realice el cambio de TIS", ha dicho.

También se van a elaborar folletos en distintos idiomas para entregar a las personas migrantes sin TIS en urgencias, para asegurar que se recibe bien toda la información y que se hace la derivación a la trabajadora social.