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Gobierno

Avanza la tramitación del decreto foral que limita las plazas de nuevos centros residenciales

Se prevé que la norma, que limita a 130 las plazas en los nuevos centros de mayores y a 70 en los de discapacidad, esté aprobada antes de final de año

Foto del exterior del centro de atención integral a la discapacidad Las Hayas, en Sarriguren.
Centro de atención integral a la discapacidad Las Hayas, en Sarriguren.
Archivo
  • EFE
Actualizada 16/09/2020 a las 12:50

El Gobierno de Navarra espera que antes de fin de año esté aprobado el nuevo Decreto Foral que regula los nuevos centros residenciales y de día y que limita a 130 las plazas en los nuevos centros de mayores y a 70 en los centros de personas con discapacidad.

En su sesión de este miércoles, el Ejecutivo ha tomado en consideración el proyecto y lo ha remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Javier Remírez.

Con esta nueva norma, que esperan que esté aprobada antes de finales de año, se posibilitará poner en marcha nuevos modelos residenciales, uno de los compromisos del acuerdo programático entre las fuerzas políticas que conformaron el Gobierno.

El borrador del texto también contempla un número máximo de personas en las unidades de convivencia de los centros, 16, con el objetivo de crear espacios más agradables y habitables para los residentes en la línea del nuevo modelo de atención pensado en la persona, que impulsa el departamento de Derechos Sociales, contando con la propia persona y su proyecto de vida.

Asimismo, recoge la creación de indicadores de calidad, o el desarrollo de las homologaciones, por lo que era preciso desarrollar la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.

Del mismo modo, según apunta el Ejecutivo, el régimen de control de la prestación de los servicios sociales requiere adaptar la regulación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los servicios, que establece disposiciones para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios.

El Gobierno, según indica, quiere adaptar la normativa que establece los requisitos que deben reunir las personas o entidades que quieran poner en marcha servicios sociales, para garantizar a las personas usuarias un adecuado nivel de calidad. El Decreto Foral que regula las autorizaciones de los centros datos de 1991, por lo que se requiere un nuevo desarrollo legislativo acomodado a las nuevas necesidades de centros socios-sanitarios.

Para la elaboración del texto, cuyo procedimiento comenzó en noviembre de 2019, se ha contado con la participación del Consejo Navarro de Bienestar Social, que estableció las líneas principales del borrador, los objetivos del mismo y el calendario de trabajo.

En el primer trimestre de 2020 tras distintas sesiones de trabajo con la Comisión de Autorizaciones, Registro y Homologaciones con la Red de calidad y algunas de las entidades del sector, se recogieron varias aportaciones al contenido.

En mayo y abril se incorporaron las sugerencias aportadas por las organizaciones sindicales, grupos políticos y entidades como el Consejo de Personas Mayores.

En el periodo de exposición pública se recibieron un total de 230 aportaciones al contenido procedentes de 45 personas, o entidades relacionadas con los ámbitos de las personas mayores, discapacidad, enfermedades mentales e inclusión social.

También se sometió el texto al Consejo del Menor al incorporarse una disposición transitorio para una aplicación parcial de algunos aspectos relacionados con los centros de menores, tal y como se solicitó en el proceso participativo.

El texto se ha enriquecido con aportaciones relativas a los derechos de los usuarios, su participación, las condiciones del personal, la atención específica a personas con discapacidad o enfermedad mental, las experiencias de innovación social, la metodología y evaluación, el apoyo de la Administración, los ratios y exigencias materiales, voluntariados, unidades de convivencia o medidas preventivas ante las crisis sanitarias de salud pública.


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