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Discriminación

Una joven invidente denuncia su exclusión para poder trabajar para el Gobierno de Navarra

Ana Zabalza Izco, detrás de los micrófonos de Atica FM en 2018.
Ana Zabalza Izco, detrás de los micrófonos de Atica FM en 2018.
Archivo DN. Cedida
  • Efe. Pamplona
Actualizada 09/08/2020 a las 13:04

Ana Zabalza es una joven licenciada en Trabajo Social y Periodismo que denuncia “discriminación indirecta” y no poder trabajar en el Gobierno de Navarra debido a que el programa utilizado por el ente público no es compatible con extensiones para personas invidentes.


Ana sufre una ceguera total, que no le ha impedido titularse en dos carreras y acceder a una oposición como Trabajadora Social en centros de salud de Navarra, “dentro de ese 4 % que reservan”, aunque la realidad, denuncia “es que al llegar al puesto de trabajo se nos excluye”.


Ana recibió una oferta de trabajo para cubrir una vacante durante unas semanas en el centro de salud de la Milagrosa, en la capital navarra. Antes de llegar allí, y durante la tramitación de su contratación, advirtió de su situación: “Me puse en contacto con el centro y les comenté que soy ciega, y que necesito una extensión para poder acceder a los historiales de los pacientes”.


Esta extensión, JAWS, se trata de un revisor de pantalla que permite a personas invidentes leer, a través de un sistema de audio, lo que aparece en pantalla “y también los documentos adjuntados”. Desde el departamento laboral le comentaron que harían los trámites necesarios para que en su incorporación todo fuera correcto.


Añade que en ese primer contacto con el servicio ya informó de que “había escasas probabilidades de compatibilidad real entre ambos programas, JAWS y Atenea, ya que el acceso a este se realiza vía intranet, un entorno no muy accesible para los lectores de pantalla”.


Al llegar al centro de salud, la compañera a la que sustituía y a la que agradece su disposición “se quedó un día más para enseñarme, tutorizarme y ayudarme un poco en mi inicio”. Le comentaron que el único equipo compatible para la extensión JAWS era un ordenador portátil, al que le probaron el sistema, “pero no funcionó”. El sistema Atenea, el utilizado para la consulta y gestión de historiales, no era compatible.


Es más, al instalar la extensión y entrar a realizar una búsqueda en Google, el resultado era el mismo. “No podía siquiera hacer una búsqueda en Internet”, se queja.


Ana recuerda que en sus prácticas durante su licenciatura en Trabajo Social también le ocurrió pero no lo denunció. “En aquel momento trabajaba con una persona auxiliar al lado, por lo que usaba la extensión hasta donde podía, y toda la documentación anexada, que no lee el programa por sí mismo, me la leía mi compañera”, recuerda.


Esto, señala, “va en contra de una verdadera inclusión y autonomía de las personas con discapacidad” y señala la especial relevancia que tiene que “además, quienes lo incumplan sea la administración pública, que luego exige a entidades privadas que sean accesibles”.


Ahora no quiere “paternalismos” sino “reivindicar un derecho” como es el pleno acceso e inclusión de personas con discapacidad en el sistema laboral “y más aún en el entorno público”.


La Ley ampara la situación de Ana. Desde el año 2013 se encuentra en vigor la Ley 1/2013 que establece los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Esta ley recoge, en su artículo 36, que se entiende “por igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo”.


Desde el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, el director general de Transformación Digital, Guzmán Garmendia, señala que “aquí hay un pequeño vacío a resolver de cara a futuro porque esto es una cuestión de voluntad del Gobierno de Navarra y no de legalidad”.


Añade en entrevista telefónica que el Gobierno tiene “obligación de hacer accesibles los espacios de cara al público, tanto las webs como las app móviles y otra actividad que tengamos de cara al público”, aunque insiste en que “legalmente no hay normativa que nos obligue a que las herramientas internas del Gobierno de Navarra estén igualmente adaptadas”.


Garmendia reconoce que ha sabido del caso de Ana Zabalza desde “hace unos días, pero no tenía constancia anterior”. Por ello, señala, “como Gobierno debemos ponerle herramientas para que ejerza su trabajo de manera normalizada y tendremos que adaptar la herramienta que ella vaya a utilizar”.


Por tanto, pide acotar y estudiar qué herramientas serán necesarias “porque son miles las que usa el Gobierno de Navarra para todas las gestiones” y señala que “adaptar todas las herramientas internas del Gobierno tendría un coste brutal”.


Por último, se ofrece a valorar el caso de Zabalza, y “ver en qué puestos puede estar para que se le ofrezcan puestos donde haya una situación adaptada”. “Cojo el guante absolutamente, tengo que informarme bien cuáles son las herramientas que utiliza y lo trataremos con la mayor brevedad”, finaliza. 


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