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Medio Ambiente

Ley de Cambio Climático, a participación pública hasta el 30 de junio

El objetivo es reducir el nivel de emisiones de CO2 y de los demás gases de efecto invernadero en, al menos, un 45% para 2030

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  • EFE. PAMPLONA
Actualizada 10/06/2020 a las 13:14

Desde este miércoles y hasta el 30 de junio está abierta la participación pública en el anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, el "marco normativo, institucional e instrumental de la acción climática de Navarra y de su transición a un modelo energético más sostenible".


El nuevo texto, según ha detallado en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, responde "a la exigencia de la mayor ambición climática derivada de la declaración institucional de emergencia climática" que aprobó el Gobierno y se alinea con los compromisos de transición energética y de lucha contra el calentamiento global acordados a nivel europeo.


Será, ha añadido, el "marco normativo, institucional e instrumental de la acción climática de la Comunidad Foral y de su transición a un modelo energético más sostenible con una economía baja en carbono, basada en la eficiencia de recursos disponibles y plantea la sustitución progresiva de energías fósiles por renovables".


Para ello, entre sus finalidades están la coordinación de las políticas sectoriales relacionadas, el cumplimiento de los objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar la adaptación reduciendo la vulnerabilidad de su población y territorio.


A la citada transición ha aludido también el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, quien ha apuntado, entre otras cuestiones, que se establecen obligaciones en edificios de nueva construcción y en rehabilitaciones para instalaciones fotovoltaicas, que se apuesta por la biomasa de origen local y por las comunidades energéticas y locales.


El objetivo es reducir en Navarra el nivel de emisiones netas de CO2 y de los demás gases de efecto invernadero en, al menos, un 45% para 2030, y un 80% para 2050 con respecto a las emisiones de 2005 y además, se pretende reducir un 10% el consumo de energía, y que el 50% de la que se consume en la Comunidad Foral sea renovable.


La nueva realidad, a consecuencia de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se refleja en el anteproyecto, en el que se indica que “dos de las grandes amenazas que afligen actualmente a la humanidad, el cambio climático y la pandemia del coronavirus, demandan objetivos comunes: un liderazgo valiente y cooperativo".


"La aparición de la crisis del coronavirus y su posterior recuperación debe constituir una oportunidad de encaminar el planeta hacia un camino más sostenible e, inclusivo, una senda que aborde el cambio climático, la transición y eficiencia energéticas, proteja el medio ambiente, invierta la pérdida de biodiversidad y garantice la salud y la seguridad a largo plazo de la humanidad", subraya.


La ley se desarrolla en 66 artículos ordenados en cinco títulos, el primero de los cuales establece el sistema de gobernanza para garantizar la coordinación interdepartamental y de los estamentos públicos y privados y el seguimiento participativo.


Define la planificación estratégica en materia de cambio climático y energía en coordinación con las políticas sectoriales relacionadas, y crea la Agencia de Transición Energética ATENA, la Oficina de Cambio Climático de Navarra, y el Fondo Climático como instrumento de cofinanciación de planes e iniciativas y los presupuestos de carbono.


El título II, dedicado a la mitigación del cambio climático y al nuevo modelo energético, establece medidas de impulso de las energías renovables (obligaciones de las distribuidoras energéticas, el marco para la energía eólica, descarbonización de la generación eléctrica y uso de renovables y eficiencia energética en la edificación), y de la movilidad sostenible (planes de movilidad, promoción de la movilidad eléctrica y emisiones 0). Detalla además los objetivos de mitigación en los sectores primario y residuos.


Las medidas y criterios de “Adaptación al cambio climático" se recogen en el capítulo III, en el que se alude a cuestiones como la pobreza energética, garantizando los mecanismos de compensación para los sectores de población más vulnerables.


Bajo la denominación “Administración sostenible”, el capítulo IV establece pautas y obligaciones para las administraciones públicas con compromisos en materia de edificación, movilidad, compra pública, eficiencia energética y energías renovables, así como auditorías energéticas y planes de reducción de consumos y emisiones.


Y el título V, centrado en la inspección, seguimiento y régimen sancionador, regula las medidas para garantizar la correcta aplicación de esta ley foral y sus principios.


El proceso de participación pública incluye cinco sesiones de trabajo y debate abiertas a toda la ciudadanía que tendrán lugar entre el 17 y el 23 de junio mediante videoconferencias a través de la plataforma Webex, en las que se tratará sobre: edificación, movilidad, sector primario, ámbito local y empresa.


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