La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado su apoyo al acuerdo entre el PSOE, Podemos y EH Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012 y ha subrayado que valora las propuestas "por el contenido de las mismas, no por quien las firma".

Chivite, en respuesta a una pregunta parlamentaria de EH Bildu, ha mostrado su respeto a los acuerdos parlamentarios "cuyo fondo ideológico y filosofía compartimos" y ha resaltado que medidas como la derogación de la reforma laboral serán "nucleares no solo para el abordaje de esta crisis, sino para el modelo de desarrollo que queremos para Navarra".

La presidenta, quien ha abogado por la creación de empleo de calidad "desde un modelo innovador y potenciando el talento", ha señalado que no comparte "ese modelo ultraliberal que da por hecho que tienen que haber trabajadores pobres".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha apostado por "ser capaces de articular una mayoría política" para "recuperar los derechos arrebatados por la reforma del PP del año 2012", que ha generado "precariedad y más despidos".

Esa derogación, ha dicho, "contará con nuestro apoyo político aquí y, si hace falta, en el Congreso de los Diputados".

Además, Araiz ha planteado un acuerdo político que permita el reparto de los fondos estatales de 16.000 millones de euros y que las entidades locales puedan gastar el remanente de tesorería, cifrado por la FNMC en unos 230 millones de euros, sin tener en cuenta las limitaciones de la regla de gasto.

También ha defendido que se negocie de manera bilateral, a través de la comisión del Convenio Económico, una mayor capacidad de endeudamiento de Navarra y la eliminación de la tasa de reposición para reducir "las altísimas tasas de temporalidad en salud y educación".

Chivite ha indicado al respecto que el Gobierno de Navarra está negociando con el Estado temas como la nueva base del Convenio, la capacidad de déficit y endeudamiento y el acceso a fondos europeos.

En este sentido, ha explicado que Navarra debe endeudarse "al máximo" ante un importante aumento del gasto, ya que hay más de 160 millones de euros gastados o comprometidos y habrá un impacto fiscal de unos 800 millones.