Delgado: “Cada nuevo BOE lo vivimos como una novela de terror”

David Delgado Ramos (Pamplona, 1968), como presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales, saca pecho de la profesionalidad con la que está trabajando el colectivo que se ha echado sobre los hombros la tramitación de los miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han presentados en las últimas semanas. Sostiene que la situación tan alocada vivida va a dejar en mal lugar a quienes se han dedicado a asesorar a las empresas sin ser profesionales del derecho laboral. Se queja de que el Gobierno de Navarra no les ha convocado para participar en la comisión de seguimiento de los ERTE, cuando ellos son “los profesionales más cualificados en la materia” y representan “al 80% de las pymes y microempresas” en Navarra.

¿Se sienten ninguneados por el Ejecutivo foral?

Hasta la fecha no nos han citado y hemos remitido una petición formal al Gobierno de Navarra para que se nos invite a la comisión de seguimiento. Esperamos una respuesta desde el lunes.

¿Cómo ha ido la actividad de los despachos en las últimas semanas?

Hemos estado continuamente colapsados desde que se declaró el estado de alarma. Las jornadas son de catorce horas diarias sin parar ni sábados ni domingos.

¿Hay precedentes de alguna situación parecida?

Ni los más veteranos recuerdan algo similar. Tampoco puede compararse en forma alguna con la crisis de 2008, cuando no se registraron estos enormes volúmenes de expedientes tramitados. Nos ha tocado vivir la peor situación que jamás se ha dado en materia laboral.

¿Están saltando las costuras de los procedimientos establecidos?

Se están notando principalmente en los expedientes temporales por causa común en empresas sin representación legal de los trabajadores por ser muy pequeñas, que son la inmensa mayoría. En esa situación, primero hay que convocar a todos los sindicatos del convenio, lo que supone una traba inaceptable.

¿Es por culpa de los sindicatos?

No es que los sindicatos estén obstaculizando intencionadamente el procedimiento. El problema es que se suman los plazos y el expediente se puede retrasar hasta once días, cuando lo ideal es que se resolviera directamente con los trabajadores en un día.

¿Qué sectores lo están pasando peor?

Principalmente todo el sector servicios y la industria, en especial toda la vinculada a la actividad de Volkswagen Navarra.

¿Han detectado la presentación de expedientes no justificados?

La picaresca siempre existe. No obstante, no me consta ningún caso últimamente. Tenemos la obligación de advertir cualquier irregularidad y ningún buen profesional se va a prestar a esas prácticas.

¿Siguen preparando expedientes al ritmo inicial?

Ya no se presentan con la intensidad de los primeros días, pero siguen llegando bastantes.

¿Qué les ha dado más problemas?

Las mayores dificultades vinieron los primeros días de la interpretación de la ley, que no es tan clara como debería y con cambios de criterio de la dirección general de Trabajo cada dos por tres. Hay que tener en cuenta que en función de las circunstancias de cada empresa, muy cambiantes, había que ver si se podía aplicar un expediente por fuerza mayor o uno por causa común.

¿En qué momento registraron el aumento masivo de expedientes?

Desde que se declaró el estado de alarma. El mismo domingo 15 de marzo nos tuvimos que poner a trabajar.

¿Los cambios normativos han sido acertados?

Cada vez que se publica un nuevo Boletín Oficial del Estado lo vivimos como una novela de terror. El Gobierno central dio a entender que todos los expedientes de regulación iban a ser por fuerza mayor, pero resultó que no.

¿El Ejecutivo central ha dado palos de ciego?

El Real Decreto 8/2020, publicado el 18 de marzo, empezamos a tener problemas de interpretación. Allí se introdujo la diferencia entre los expedientes por fuerza mayor y los comunes que nos han dado muchos quebraderos de cabeza.

¿Qué tal lo ha hecho en Navarra el departamento de Desarrollo Económico?

Hemos recibido diferentes criterios de la dirección general de Trabajo, que en algunos aspectos se contradecían con los anteriores.

¿Han sido muy continuos esos cambios?

Han sido constantes, una locura. El último que hemos tenido echaba atrás bastantes cosas que respaldaban los anteriores. Hemos estado muchos días desorientados. Esto es un problema grave porque la mayoría de los expedientes se presentaron por fuerza mayor.

¿Por qué un problema grave?

Porque el Gobierno central ha comunicado que se revisarán de oficio todos los expedientes en los próximos cuatro años, lo que genera una inseguridad absoluta. Desarrollo Económico tenía cinco días hábiles para contestar las solicitudes y el silencio administrativo suponía la aceptación.

¿Eso es un problema?

Con criterios cambiantes sobre la aplicación de la fuerza mayor, es imposible saber si una revisión posterior aceptará como válido un expediente. Sería preferible que la autoridad laboral rechazara de inicio la solicitud. Las empresas tienen que adoptar una decisión con una incertidumbre total.

¿Eso ha provocado que las empresas hayan optado por presentar expedientes por causa común?

No, en muy pocos casos.

El ahorro de costes sociales es muy grande.

Claro. Los comunes no contemplan la exoneración del pago de cuotas. Pero el vicepresidente Remírez animó a las empresas navarras a presentar los expedientes por fuerza mayor.

¿Y si se rechazan finalmente los expedientes por fuerza mayor?

Habrá un aluvión de demandas.

¿Hay problemas también respecto a la prestación para los autónomos?

Los autónomos han tenido que cerrar por decisión gubernamental. Algunos de ellos en pequeños negocios, como peluquerías, comercios o bares, está claro que van a recibir la prestación prometida por Sánchez, pero los demás tendrán que acreditar un descenso en la facturación de un 75% respecto a los últimos seis meses. Muchos de ellos no van a poder cumplir esta condición.

¿Qué tal ha ido la tramitación de las prestaciones de los asalariados?

Para todos los expedientes p

resentados antes del 28 de marzo, nos dieron un plazo de cinco días que terminaban el pasado viernes. Nos hemos encontrado con constantes caídas del sistema telemático del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

¿Y no les prorrogaron el plazo?

El último día a la cinco de la tarde nos dijeron que no iba a haber sanciones por los retrasos. Nos estuvimos comiendo las uñas hasta recibir esa noticia.

¿Habrá repercusiones en el cobro de las prestaciones?

Por supuesto. El SEPE ha informado que el colapso llevará a que no se paguen hasta el 10 de mayo. Y esa situación ha sido completamente ajena a nuestra actividad profesional.

¿La prohibición temporal de despidos será efectiva?

Todas las empresas que se acojan a los ERTE se comprometen a mantener la plantilla durante los siguientes seis meses, pero no se especifica qué consecuencias tendría un incumplimiento. En cualquier caso, creo que no debería aplicarse a las bajas voluntarias de los trabajadores, a la jubilación, muerte o invalidez del tanto del empresario como del trabajador, ni tampoco a los despidos objetivos procedentes.