La comisión parlamentaria de Derechos Sociales ha aprobado este martes por unanimidad una resolución que insta al Gobierno de Navarra a “trabajar con las organizaciones y agentes sociales el borrador" de decreto que clasifica los servicios y centros en materia de servicios sociales y establece las condiciones de infraestructura, equipamiento, personal y funcionamiento que debe reunir cada uno de ellos.

La resolución incluye un segundo punto en el que se emplaza al Ejecutivo Foral a “participar en la mesa de negociación establecida por los sindicatos y las empresas u organizaciones del sector para la elaboración de un convenio autonómico de intervención social que regule las condiciones laborales en toda Navarra”.

En un tercer apartado se exhorta al Gobierno de Navarra a contemplar en los presupuestos de 2020 "los incrementos necesarios para hacer frente a las mejoras salariales que se deriven del nuevo convenio, en aquellos contratos o conciertos a los que afecte”.

Asimismo, con la abstención de PSN y Geroa Bai, la moción conmina al Ejecutivo Foral a que, “una vez se publique dicho convenio en el BON, actualice automáticamente, a través de sus respectivos departamentos, las partidas económicas de los conciertos, convenios o contratos afectados, para adaptarlos a la nueva regulación laboral”.

Por último se pide al Gobierno que “los nuevos pliegos que se liciten con posterioridad a la publicación en el BON del Convenio Sectorial de Intervención Social incorporen cláusulas de obligatoriedad de cumplimiento, observando su incumplimiento como causa de rescisión”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E subraya la “nula o escasa regulación laboral” existente en torno a un sector que, pese a ser “de vital importancia para el mantenimiento del estado del bienestar”, arrastra llamativos niveles de “precariedad”, también en el caso de los servicios ofertados por las administraciones públicas, cuyas condiciones de concierto o licitación resultan “insuficientes, pese a superar la regulación establecida en el Decreto Foral 2019/1991”.

A ese respecto y a propósito del primer Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social 2015-17 que algunas CCAA han optado por “mejorar”, se apela a la mesa de negociación constituida en abril para, con el “apoyo y compromiso” del Gobierno de Navarra, “consensuar” un acuerdo satisfactorio para todos los agentes que trabajan en un sector “heterogéneo, poco valorado y altamente feminizado”.