Diario de Navarra

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a un navarro que reclama al Estado 600.000 euros de indemnización por haber pasado tres años y medio en prisión provisional por un caso de tráfico de drogas y haber sido finalmente absuelto, aplicando así la nueva doctrina que fijó el propio tribunal en junio del año pasado. El Ministerio de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo habían denegado cualquier tipo de indemnización por los perjuicios sufridos, pero ahora el Alto Tribunal estima que se vulneró su derecho a la igualdad y al de la presunción de inocencia. La sentencia ordena que la solicitud de indemnización vuelva al punto de partida y que el Ministerio de Justicia “resuelva la reclamación patrimonial (al Estado) de forma respetuosa con los derechos fundamentales”, sin entrar a valorar la cantidad que le corresponde. La sentencia sobre el caso de este navarro es una de las primeras que se producen en España después de que el Constitucional avalara el año pasado que los presos preventivos que fueran absueltos tienen derecho a una indemnización si se demuestra que han sufrido un perjuicio. Hasta entonces, cuando el Alto Tribunal decidió aplicar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que una reclamación al Estado pudiera prosperar se tenía que demostrar que el hecho delictivo por el que habían sido encarcelados no había existido. Es decir, las absoluciones por falta de pruebas quedaban por lo general fuera de cualquier derecho a indemnización. Para el Constitucional, esta diferencia de trato según el motivo de la absolución suponía una discriminación, por lo que decidió en junio suprimir esta referencia de la ley. El afectado fue detenido en 2005 fuera de Navarra en una operación antidroga y hasta 2009 pasó tres años y medio en prisión provisional por decisión de un juzgado de esta comunidad. En 2009 fue condenado a 13 años de prisión, pero un año después el Tribunal Supremo le absolvió tras declarar nulas las intervenciones telefónicas del juzgado de instrucción por ser “constitucionalmente ilícitas”. “Además”, añadía el Supremo, el acusado “siempre negó los hechos, por lo que no existe una confesión que pueda ser valorada como prueba”. PEREGRINAJE POR LA JUSTICIA Una vez absuelto con sentencia firme, el navarro reclamó una indemnización al Estado que fue desestimada con el argumento de que la sentencia absolutoria “no había declarado la inexistencia del hecho delictivo que originó la incoación de las actuaciones judiciales”. La Audiencia Nacional volvió a rechazar su reclamación con el mismo argumento, ya que el delito contra la salud pública sí había existido y la absolución se había basado en la nulidad de la intervención telefónica. De igual manera, el Tribunal Supremo también denegó cualquier indemnización. El afectado no cejó en su empeño y llegó hasta el Tribunal Constitucional. Su recurso decía lo siguiente: “Ha de ser indiferente que exista o no el hecho imputado, pues lo que realmente importa es que el recurrente fue absuelto y declarado inocente, habiendo sufrido pese a ello perjuicios patentes por el error cometido y efectos de su libertad”. Su abogado resaltaba el miércoles que su defendido “estaba en el momento equivocado en el lugar oportuno”, y que los más de tres años en prisión le habían originado graves problemas laborales, familiares y económicos. “Incluso tiene que soportar embargos para pagar las costas por haber perdido las reclamaciones judiciales de la indemnización a la que tiene derecho”, afirmaba. Ahora, con la nueva doctrina legal, el Tribunal Constitucional anula todas las sentencias anteriores, por lo que ahora sí que será indemnizado por su estancia en prisión.

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Reconocen la indemnización a un navarro absuelto tras 3,5 años preso

El Ministerio de Justicia tendrá que volver a estudiar su reclamación de 600.000 euros

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