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Tribunal Supremo

El Gobierno de Navarra no tendrá que indemnizar a la concesionaria de la A-21

La empresa cuantificó un perjuicio de hasta 300 millones por la no ejecución de los tramos aragoneses

Imagen de la Autovía del Pirineo.
Imagen de la Autovía del Pirineo.
José Antonio Goñi/Archivo
Actualizada 28/12/2019 a las 10:23

El Tribunal Supremo acaba de poner fin a un litigio de seis años entre la empresa concesionaria de la Autovía del Pirineo (la A-21 entre Pamplona y Jaca) y el Gobierno de Navarra. La primera empezó a reclamar en octubre de 2013 al Ejecutivo foral el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, al considerar que la no ejecución de los tramos aragoneses, competencia del Ministerio de Fomento, afectaba al volumen de tráfico por la vía que en Navarra ya estaba en marcha. Pero el Supremo, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en 2016, no le ha dado la razón en su petición.

De los cerca de 370 millones de euros que costó construir la A-21 en Navarra, se apostó por abonar de modo diferido y durante 30 años los 271 millones de los dos últimos tramos entre Lumbier y la muga con Aragón. Esos 16,6 kilómetros finales fueron financiaron mediante la fórmula del peaje en la sombra, colaboración público-privada por la que la adjudicataria adelantaba el dinero y lo recuperaría año tras año de manos del Gobierno foral. La adjudicataria de los trabajos fue la UTE formada por Iridium Concesiones de Infraestructuras SA (del grupo de ACS y Dragados), Construcciones Mariezcurrena SL y Construcciones Luciano Elcarte SL. Estas firmas se encargarían además, durante tres décadas, de la conservación y explotación de los 46 kilómetros totales de la vía a través de la sociedad concesionaria Autovía del Pirineo SA. Las retribuciones a percibir por ésta se fijaron según dos conceptos: el Canon de Demanda (CD), conforme a parámetros como el volumen de vehículos usuarios de la autovía, y el Canon de Estado de la Infraestructura y Calidad del Servicio (CEICS), calculado en base a los kilómetros de autovía y parámetros objetivos de calidad. Entre 2012 y 2019 se estimó un importe de 210,9 millones de euros, cuando realmente lo abonado ha ascendido a 127,3 millones, 83 menos de lo previsto. Los años 2012 y 2013 se saldaron con un balance negativo total para la concesionaria de 600.000 euros, según cifró Comptos en su día.

REDUCCIÓN DEL TRÁFICO

Autovía del Pirineo SA empleó la vía administrativa para reclamar al Ejecutivo foral el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Ante la desestimación de su demanda por parte del Gobierno, optó por la acción judicial ante el TSJN al considerar que se había encontrado “con una extraordinaria e imprevisible reprogramación de la ejecución de los restantes tramos de la infraestructura”, lo que le había dejado” simplemente explotando una carretera de 45 km aislada entre núcleos menores de población”. La empresa alegaba que un 6,8% de la reducción del tráfico se debía a la crisis económica y otro 32% a “la no ejecución del resto del Corredor del Pirineo”. Con todo, cuantificó que sufriría un perjuicio económico total de 300 millones de euros en el caso de que el corredor no llegase a ejecutarse, aunque pedía que la Justicia fijase la cantidad como “indeterminada”, aunque “en todo caso por encima de 600.000 euros”. Pero el TSJN, que no halló “datos suficientes” para situarla por encima de dicha cantidad, no dio la razón a la concesionaria. Entre otros motivos, porque “sabía que existía un grado de incertidumbre sobre la construcción de los tramos cuya licitación correspondía al Ministerio de Fomento ya en el momento de la contratación, lo que destierra la imprevisibilidad como condición necesaria para el reequilibrio de las prestaciones”, según la sentencia del 13 de junio de 2016.

Ante el fallo contrario, la empresa recurrió ante el Tribunal Supremo, que ha reafirmado al TSJN. “Sólo las actuaciones de la Administración contratante (Gobierno foral), y no las de otra (Ministerio de Fomento), son las que pueden determinar la ruptura sustancial de la economía de la concesión”, afirma el Supremo, que ha condenado a la concesionaria de la A-21 al pago de costas por un máximo de 6.000 euros .


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