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Las competencias sanitarias en la cárcel de Pamplona se retrasan por el 10-N

El consejero Eduardo Santos compareció ante el Parlamento de Navarra para explicar el estado de las tramitaciones para asumir la materia

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  • EFE. Pamplona
Publicado el 29/10/2019 a las 11:54
El Ejecutivo foral continúa "presionando" para avanzar en la asunción de la competencia de la Sanidad Penitenciaria, pero la inestabilidad del Gobierno estatal ha provocado "un parón en la interlocución" de un asunto en el que todos los grupos del Parlamento han mostrado unanimidad en su apoyo.
Así se ha puesto de manifiesto durante la comparecencia del consejero del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, y en la respuesta de los portavoces, que han abogado por la pronta asunción de estas competencias tras criticarse entre ellos no haber hecho lo suficiente para llevarlas a cabo cuando tuvieron responsabilidades de Gobierno, ya sea en Navarra o en el Estado.
El consejero Santos se ha extendido en explicar los numerosos trámites que desde hace tres lustros se han llevado a cabo para la transferencia de estas competencias, cuyo coste actual ha cifrado en unos 2,5 millones de euros que se pagan al Estado por la vía del Convenio, cifra que se podría rebajar a 1,5 millones con la asunción de las competencias "por una cuestión puramente de escala e integración" y que, además, "redundará en una mayor eficacia".
Ha explicado que actualmente la sanidad penitenciaria es competencia de un cuerpo especial, separado del sistema general, que depende de Instituciones Penitenciarias, y su asunción por Navarra -como ya hizo el País Vasco- conllevará que la ejerza el Servicio Navarro de Salud, con mayor asiduidad de las consultas generalistas -ahora tres días presenciales a la semana-, mayor fluidez de las de urgencia, y acceso a especialistas.
También ha explicado que en las prisiones el nivel en prevalencia de las enfermedades es mayor que en el régimen de vida abierta, pues -como ocurre en centros escolares o en lugares cerrados- se propagan más las infecciones y epidemias, ha dicho para explicar también que los reclusos tienen especial incidencia de enfermedades de salud mental -por adicciones y otras patologías específicas- que generan mayor demanda asistencial.
También ha valorado que en Navarra "siempre se ha tenido especial sensibilidad con este asunto" y eso se ha revelado tanto en el tejido asociativo de Navarra, con colectivos y ONGs que han trabajado con campañas en la prisión, como en esta demanda política de asunción de la competencia, que en el acuerdo entre cuatro partidos para esta legislatura aparecía como uno de los compromisos para los primeros 100 días de gobierno.
Sin embargo, y pese a la voluntad del anterior y del actual gobierno foral, que en este momento está a la espera de recibir del ministerio de Economía los datos del coste de esta competencia, todo apunta a que hasta después de las próximas elecciones y de la configuración de un Gobierno nacional estable no podrá hacerse.
"Navarra ha hecho todos los deberes que tiene que hacer", ha señalado Santos, que ha reconocido que aunque en este caso la negociación "no es una discusión económica", ha subrayado que debe hacer "de forma económicamente justa para Navarra, con una correcta evaluación de costes", porque "sería irresponsable por nuestra parte aceptar sin hacer nuestros números".
En el turno de los grupos, Jorge Esparza, de Navarra Suma, ha expuesto su apoyo a la asunción de estas competencias pero se ha mostrado muy crítico en lo "poco serios" que desde el Gobierno foral han sido a su juicio al plantearlo como un compromiso que cumplirían en los primeros cien días pese a conocer los problemas de inestabilidad en el Gobierno estatal.
La socialista Inmaculada Jurío ha sacado como "conclusión positiva" la "unanimidad" del Parlamento en este compromiso, que afecta a "una materia importante que se refiere a los derechos de las personas", si bien ha replicado a las críticas de Navarra Suma porque con UPN en el Gobierno durante más de diez años "ustedes tampoco cumplieron".
Blanca Regúlez (Geroa Bai) ha respaldado que "con la asunción de la competencia en Navarra, los presos mejorarán calidad de vida, con asistencia sanitaria 24 horas como el resto de ciudadanos de Navarra," además de otros aspectos normalizados, como campañas de salud entre los presos.
Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz se ha mostrado escéptica por su experiencia de años viviendo en el Parlamento los mensajes de "inminencia" en este asunto, por lo que también ha criticado que el actual gobierno "creara expectativas" con su compromiso de los cien días, cuando "la realidad es que el sistema de salud penitenciario es inhumano".
Ainhoa Aznarez (Podemos) también ha trasladado la "mucha preocupación por su salud" transmitida por los reclusos, y ha disculpado al consejero como único responsable de la tardanza en 90 días cuando ha habido gobierno anteriores de todas las siglas implicados que tampoco han logrado esta transferencia en años.
También Marisa de Simón (I-E) ha coincidido en lamentar que este asunto ha sido recurrente durante las tres legislaturas en las que ella ha estado presente en el Parlamento y, aunque ha valorado las gestiones, "lo cierto es que hasta que no se reúna la Junta de Transferencias no hay transferencia", ha señalado para poner el acento del "atasco" en los problemas del Gobierno nacional de los últimos 5 años.
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