Diario de Navarra

Los fondos que el departamento de Salud destina anualmente a cubrir los costes del transporte sanitario han aumentado un 30% desde 2015, incremento que se refleja en la partida presupuestaria para sufragar este servicio público actualmente adjudicado a las empresas privadas Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG) y Baztán Bidasoa. Si hace cuatro años la cuantía se situaba en los 10,8 millones de euros, fue creciendo hasta alcanzar en 2019 los 14 millones de euros, casi un 30% por encima. A esta circunstancia se une que los contratos con SSG y Baztán Bidasoa ya finalizaron y se están prorrogando mediante la fórmula provisional de “enriquecimiento injusto”, una situación que ha llevado a los sindicatos con representación en el sector a sospechar que las empresas adjudicatarias se están beneficiando de un aumento de las tarifas. El departamento de Salud justifica esta escalada debido al “incremento de servicios” especialmente “por hospitalización a domicilio, programa de crónicos y rehabilitación”, al tiempo que explica que el procedimiento denominado enriquecimiento injusto da pie a interpretaciones erróneas sobre su verdadera naturaleza y que en realidad debería entenderse “en sentido contrario a lo que significa”. Además, tras finalizar los contratos, en las sucesivas prórrogas “se ha ajustado el pago del servicio” en atención al “nuevo convenio sectorial”, que entró en vigor en junio de este año, y el “incremento de los costes generales” como el combustible. Estas razones no convencen a los sindicatos, que denuncian que la fórmula de enriquecimiento injusto resulta opaca y dificulta el control del gasto, así como su fiscalización por parte de las plantillas. A ello habría que sumar, tal como recuerdan los representantes legales de los trabajadores, que en el caso de SSG se incumple “sistemáticamente” lo estipulado en el convenio sectorial desde su entrada en vigor. El secretario general de la federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Cecilio Aperte, remitió una carta al anterior consejero de Salud, Fernando Domínguez, en la que daba cuenta de estas irregularidades en SSG, misiva que recibió como contestación el compromiso de que se analizaría el caso para corregirlo aunque finalmente “no se concretó ninguna acción efectiva”. FALTA DE CONTROL El sector del transporte sanitario en Navarra está inmerso en una fase de provisionalidad iniciada tras el intento fracasado del anterior Ejecutivo foral para volver a hacer público el servicio. “Cuando el anterior Gobierno anunció sus intenciones de internalizar el transporte sanitario, nadie tenía claro cómo se iba a hacer”, expone Alberto Paz, de ELA. El exconsejero Domínguez se topó con distintas dificultades que, a la postre, le obligaron a prorrogar los contratos con SSG y Baztán Bidasoa. Estas empresas, conscientes de que tarde o temprano el servicio iba a volver a manos públicas, han perdido todo incentivo para invertir en nuevos vehículos y mejoras técnicas, lo que ha repercutido, según reconocía recientemente en el Parlamento la actual consejera de Salud, Santos Induráin, en la “calidad del servicio de los pacientes”. Según apuntaban algunos de los sindicatos consultados, el principal obstáculo que se encontró Domínguez para ejecutar el primer paso en la internalización del transporte sanitario, que se centró en las ambulancias de Soporte Vital Avanzado, fue el empeño de la exconsejera de Función Pública, María Beaumont, por limitar a tres años la subrogación del personal de las empresas antes de sacar sus plazas a concurso oposición, posición que avaló el sindicato LAB. Sí es unánime la denuncia de las centrales sobre la ausencia de medios y de “interés” de la Administración foral por vigilar el cumplimiento de los pliegos de los contratos firmados por las adjudicatarias. Una falta de voluntad que, según los representantes legales de los trabajadores, ha derivado en que, por ejemplo, muchas de las ambulancias en servicio actualmente no respetan las características técnicas especificadas en el Decreto Foral 8/2011. Es el caso de los vehículos para transporte colectivo y los de soporte vital básico y avanzado, que deberían contar con suspensión independiente neumática con barras estabilizadoras en ambos ejes, algo que “a veces se cumple y otras no”. Irregularidades a las que se suman las denuncias sindicales de que los vehículos de respaldo en espera para garantizar el servicio público se estarían empleando simultáneamente en servicios privados. Estos incumplimientos, que también se produjeron durante los anteriores gobiernos de UPN, han llevado a los sindicatos a alertar del “descontrol” con el que operan las empresas adjudicatarias. No obstante, los representantes de las plantillas aclaran que, pese a que muchos de los medios técnicos y materiales se han quedado anticuados, su funcionamiento es “correcto”. Tras la incapacidad del anterior Gobierno de Navarra por corregir esta situación, la nueva responsable de Salud ha heredado un problema, la reversión a lo público del servicio, que su predecesor calificó en su día como “uno de los compromisos programáticos más complejos de materializar”. Por de pronto, durante su comparecencia ante el Parlamento, Induráin anunció “con carácter inmediato” la licitación del transporte sanitario, un compromiso que Salud espera que esté adjudicado “antes del verano de 2020”. UTESNA critica la homologación TES de los bomberos con un título “a medida” Luis Gómez Ortigosa y José Crespo Martínez, presidente y vicepresidente de Unión de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Navarra (UTESNA), dejan claro por adelantado que tienen en alta estima a los bomberos, que describen como “profesionales muy capacitados para desarrollar sus funciones específicas”, pero entienden “que no deberían estar homologados a los TES (Técnicos de Emergencias Sanitarias)”. El problema se originó cuando el anterior Gobierno de Navarra anunció su voluntad de recuperar de manos privadas la gestión del transporte sanitario urgente, objetivo que “chocó con los intereses de Función Pública y, en especial, con los bomberos”. Según UTESNA, las dificultades comenzaron debido a la “bicefalia” del anterior Gobierno de Navarra, ya que dos departamentos, Interior y Salud, tenían competencias sobre el transporte sanitario y “no compartían la misma visión sobre el futuro modelo del sector”. Desde Interior, con María Beaumont al frente, se presionó a Educación, dirigido por María Solana, para que se facilitara a algunos bomberos en activo el título oficial que se exigía para trabajar como TES en las ambulancias, una solución que censura UTESNA porque, a su juicio, lo que debería haberse hecho es un concurso oposición de plazas TES que requirieran previamente la titulación. Gómez y Crespo recuerdan que el acceso a la profesión de Técnico de Emergencias Sanitarias está reglamentada por el Real Decreto 836/2012, que estipula la obligación de contar con una titulación de FP de grado medio con al menos 2.000 horas de formación. Por contra, Educación diseñó un programa “a la carta” para otorgar a los bomberos ese título oficial con unos cursos “de tan solo 560 horas”. Desde UTESNA denuncian el acceso “privilegiado” de esos bomberos a la titulación oficial TES a través de un atajo, máxime cuando el índice de aprobados que obtuvieron fue “del 100% y con nueves y dieces” frente a una tasa general en torno al 30% que se registra en el sistema educativo. Esta solución ad hoc “sólo se ha realizado en Navarra”, lo que subraya la excepcionalidad de una medida que está judicializada por el agravio comparativo en el acceso a la titulación TES. Reconocen que la convivencia con los bomberos se ha deteriorado en los últimos años debido a estos roces, pero recuerdan que ambos colectivos tendrán que seguir colaborando en el futuro.

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El coste de los contratos de las ambulancias se ha disparado un 30% en los últimos 5 años

Salud lo atribuye a un aumento de los servicios y de los costes generales

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