Diario de Navarra

El editor navarro Fernando Oliver Albesa ha sido condenado a 6 años de prisión por estafar, o haberlo intentado, a 21 entidades públicas y privadas de Navarra, entre ellos varios Ayuntamientos y el propio Gobierno foral entre 2009 y 2011. Ofrecía a sus representantes publicar entrevistas en sus revistas sin advertirles de que implicaban un coste, y después falsificaba un contrato y con él acudía a reclamar el importe, llegando a obtener sentencias favorables. En total, obtuvo o reclamó judicialmente un total de 45.147 euros. El fallo, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, es recurrible. El acusado, con otro caso similar en Asturias, fue encarcelado el año pasado después de que llevara en situación de rebeldía (según el diario La Opinión, se encontraba en Panamá) desde 2017. El 4 de septiembre de 2018 fue encontrado y arrestado, por lo que el tribunal decretó su ingreso en prisión sin fianza. Según la sentencia, el acusado era el administrador único de la sociedad Grupo de Prensa Empresarios SL, constituida en Pamplona en 2005. En representación de esta entidad, Oliver se puso en contacto con representantes de organismos, corporaciones, entidades públicas o privadas, y sociedades mercantiles de toda índole, y les propuso la publicación de entrevistas en sus revistas “para dar a conocer la actividad profesional o corporativa de las personas entrevistadas”. “En ningún caso se les informaba de que la entrevista se realizaba con una finalidad publicitaria o a modo de plublirreportaje para insertarla con fines publicitarios a título oneroso”, afirma la sentencia, que añade que ni el acusado ni las personas que actuaban en su nombre plantearon a sus víctimas que la aceptación de la entrevista “implicara la formalización de un contrato de publicidad ni que llevara aparejado coste alguno para la entidad afectada”. Introducía los importes Pero al finalizar los encuentros con sus víctimas, el acusado les hacía firmar un documento, argumentando que era “una autorización para la entrevista, o un justificante para su realización; como parte de trabajo , o empleando cualquier otro pretexto”. Con la firma de los supuestos entrevistados estampada, el acusado llevaba a cabo su plan: introducía unilateralmente en el documento referencias a importes económicos, y después los presentaba a estas entidades para su cobro. En algunos casos, y ante la falta de cobro, el acusado acudía a los juzgados y presentaba una demanda por impago de deuda, aportando esos documentos modificados por él mismo y una supuesta factura de servicios realmente contratados y no abonados. La documentación alterada llevó a varios juzgados a estimar sus reclamaciones a y dictar sentencias que condenaban a las entidades a abonar lo reclamado por el acusado. Otra veintena de entidades en Asturias En abril de 2017, el diario La Opinión publicaba que el editor navarro iba a ser juzgado por haber estafado a una veintena de entidades asturianas, entre ellas la Universidad de Oviedo. Según la fiscalía, que reclamaba dos años y medio de prisión, el acusado y su comercial concertaban citas con representantes de las entidades para proponerles la publicación de contenidos en su revista sobre medicina. Como justificante de la cita, pedían una firma, y con ella elaboraban un contrato con el que después reclamaban el pago de los supuestos publirreportajes, el mismo modus operandi por el que ha sido condenado en Navarra. Entonces, el juicio no se pudo celebrar al encontrarse el acusado en rebeldía. El acusado ya había sido condenado a año y medio en 2014 por estafar 2.436 euros al Ayuntamiento de Oviedo falsificando la firma de un concejal.

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Condenan a un editor navarro a 6 años de cárcel por estafar a 21 entidades

Pedía a los responsables la firma como justificante o autorización y después redactaba sobre ella falsos contratos

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