El Parlamento aprobó este lunes una declaración institucional con la que rechaza los argumentos con los que PP, Ciudadanos y Vox han recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley navarra de reconocimiento de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La iniciativa fue presentada por Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E y fue apoyada también por el PSN.

LAS DUDAS DEL PSN

Lo cierto es que esta ley se aprobó en marzo con el apoyo del cuatripartito que gobernaba, el rechazo de UPN y PP y la abstención del PSN. Estos tres partidos consideraban que había riesgo de que la norma fuera inconstitucional en alguno de sus artículos, como ocurrió con la ley anterior. Hay que recordar que cuando se inició el debate de la ley, advirtieron de su posible ilegalidad tanto los letrados del Parlamento como el Consejo de Navarra, por lo que el cuatripartito hizo algunos cambios, insuficientes para que el PSN diera su apoyo.

Diputados del PP, Ciudadanos y Vox presentaron recursos contra esta ley que fueron admitidos a trámite por el Constitucional.

En la declaración aprobada este lunes con el único voto en contra de Navarra Suma, el Parlamento rechaza el argumento de que con esta ley haya cometido una “vulneración de derechos fundamentales”. Se reafirma en la “defensa de los derechos de las víctimas de violencia por motivaciones políticas, independientemente de su ideología”. Además, en ella la Cámara se compromete a defender jurídicamente los derechos de Navarra en esta materia y dar los pasos para reconocer y reparar a estas víctimas, pidiendo al Gobierno navarro que “haga suyo este mismo compromiso”.

El PSN argumentó que había apoyado la iniciativa al entender que el Tribunal Constitucional “sólo se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma y no propiamente sobre el autogobierno de Navarra”.

Es ya firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) por la que anuló la ayuda del pasado Gobierno de Uxue Barkos a un equipo de la Universidad del País Vasco para un trabajo sobre víctimas de torturas en Navarra entre 1960 y 2017, por el que la UPV recibió 17.900 euros. El Estado recurrió la orden foral de la consejera de Ana Ollo que regulaba esa convocatoria de ayudas para trabajos científicos o recopilaciones documentales relacionados con la ley de reconocimiento y reparación a víctimas de violencia policial o grupos de extrema derecha. El TSJN consideró que la convocatoria desarrollaba preceptos que fueron declarados inconstitucionales y dio la razón al Estado. Así, en diciembre de 2018 anuló la orden foral “por no ser conforme a derecho”, una sentencia que es ya firme.