Europa falla que 8.000 interinos navarros deben cobrar el complemento de grado

Extender esta medida puede tener un coste de 12 a 20 millones de euros para el Gobierno navarro

El TSJN anula un despido de una trabajadora que sufrió 'moobing'
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El TSJN anula un despido de una trabajadora que sufrió 'moobing'José Carlos Cordovilla
El TSJN anula un despido de una trabajadora que sufrió 'moobing'

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Iñigo Salvoch

Actualizado el 21/06/2019 a las 10:08

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijo ayer desde Luxemburgo no a la “discriminación salarial” de los trabajadores interinos de la Administración Foral. Aunque se pronunció sobre un solo caso, el del docente Daniel Ustariz Aróstegui, quien había planteado una demanda con el sindicato de Educación ANPE en 2016 para cobrar el complemento del ‘grado’, la decisión europea deberá ser tenida en cuenta en otros pleitos planteados por decenas de interinos navarros y que se encontraban ‘paralizados’ en la vía judicial a la espera de este pronunciamiento del TJUE.


Desde que ayer a primera hora de la mañana se conoció el contenido de la sentencia, los sindicatos navarros celebraron lo que entienden va a ser la puerta para que los trabajadores eventuales de las Administraciones Públicas de Navarra puedan cobrar el ‘grado’. Ese es un complemento que los funcionarios lo adquieren cada seis años y siete meses, como si fuera antigüedad. Los eventuales no lo cobran por considerar el Gobierno foral que es un complemento indisociable del carácter de funcionario.


Cada ‘grado’ dependiendo del nivel en el que se encuadre cada funcionario supone entre 104 y 172 euros brutos al mes por catorce pagas, es decir, entre 1.467 y 2.414 euros brutos al año. A lo largo de la vida laboral se pueden conseguir hasta siete grados, por lo que este complemento se puede multiplicar hasta por siete. Según un estudio de CC OO, más de 8.000 trabajadores del Gobierno foral llevan como contratados no fijos una media de 12,3 años.


Discriminación al contratado


Hasta hace un par de años los requerimientos de los interinos para cobrar el grado como los funcionarios, vía judicial e incluso vía parlamentaria, se habían estrellado contra una pared. Sin embargo, el magistrado Daniel Rodríguez, que en 2016 era titular del juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, decidió en contra de las sentencias habidas hasta entonces plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por si la denegación del complemento del ‘grado’ para los interinos “resulta compatible o no con el principio de no discriminación”. El juez añadía en su auto al tribunal europeo que “resulta necesario conocer si el trato menos favorable para el contratado administrativo puede quedar o no justificado en la finalidad en sí de retribuir ese desarrollo de una carrera profesional, que es exclusiva de los trabajadores fijos funcionarios, aun cuando el requisito para evolucionar en esa carrera profesional (llevar 6 años y 7 meses en el cargo) se cumpla igualmente por el contratado administrativo”.


El hecho de que existiera jurisprudencia ya dictada en los últimos años por el TJUE encaminada a eliminar la discriminación salarial entre funcionarios e interinos motivó que el trabajador demandante, Carlos Ustariz, se mostrara favorable a que el juez remitiese la consulta a la justicia europea, aspecto al que se opuso el Gobierno de Navarra.


Posteriormente, los pronunciamientos de la propia Comisión Europea, en mayo de 2018, y de la abogado general del TJUE Juliane Kokott, ya apuntaban el sentido de la que iba a ser la sentencia que se conoció ayer. En ella se sostiene que el complemento salarial del ‘grado’ tiene la consideración de “condición de trabajo” y, por tanto, no se puede excluir a los contratados temporales del mismo. En definitiva, Europa no hace sino aplicar su normativa del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE) en la que rechaza la discriminación salarial por motivo de la duración del contrato.


El hecho de que Navarra tenga autonomía en materia de personal y de que cuente con su propio Estatuto del Personal al servicios de las Administraciones Públicas no le exime de atenerse al marco europeo.


De 12 a 20 millones de coste


Ahora, una vez que la sentencia sea notificada de modo oficial al Juzgado Nº1 de lo Contencioso Administrativo de Pamplona, desde el que se había planteado la cuestión a Europa, el titular deberá dictar sentencia de acuerdo a ella. No se podrá recurrir y será de obligado cumplimiento. Lo mismo ocurrirá en el Tribunal Supremo, donde hay una demanda del sindicato AFAPNA sobre el mismo asunto del ‘grado’.

Pagar el ‘grado’ a todos los eventuales que cumplan los requisitos tendrá un coste millonario para las arcas forales. Fuentes sindicales han calculado que la extensión del complemento podría suponer un desembolso de entre 12 y 20 millones de euros anuales.

Claves
 


1 ¿Qué es el ‘grado’? El ‘grado ’ es un complemento que recoge el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y que se pensó para suplir la ausencia de una carrera profesional. Aunque se ideó pensado en que interviniera el mérito en su concesión, la realidad es que se trata de un complemento que se asemeja mucho a la antigüedad.


2 ¿Cuántos grados puede adquirir un funcionario a lo largo de su carrera profesional?

Los funcionarios pueden ascender sucesivamente desde el grado 1 hasta el grado 7 de su respectivo nivel. Lo habitual es que cada seis años y siete meses los funcionarios asciendan un grado.


3 ¿Qué importe económico supone el ‘grado’?

Varía en función del nivel en el que se encuadra cada funcionario. En el nivel A, supone 172,4 euros mensuales por 14 pagas, es decir, 2.414 euros anuales. En el B, son 145,1 euros al mes y 2.031 al año. En el C, 120,3 euros al mes y 1.685 al año y en el D, 104 y 1.467. Si un funcionario tiene dos grados estas cantidades habría que multiplicarlas por dos, y, así, sucesivamente hasta siete.


4 ¿Cuál sería el coste global de aplicar el grado a los interinos?

No hay cifras exactas pero es un tema que ya se planteó en el Parlamento. Según fuentes sindicales podría incluso acercarse a unos veinte millones de euros al año.

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