Diario de Navarra

En vísperas de la romería a Montejurra el 4 de mayo de 1969 ya se notaba en el ambiente que ese domingo no iba a ser precisamente un día de fiesta. En los meses anteriores, se habían registrado protestas de los carlistas en Pamplona, Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y en el acto del Quintillo (Sevilla) contra la expulsión de la familia Borbón-Parma, dictada por Franco. Ahora se temía que subiera el tono en la gran concentración anual convocada por la Comunión Tradicionalista. Por eso, dos días antes, el gobernador civil había dejado claro que los actos religiosos estaban autorizados pero que, en esta ocasión, no habría tolerancia con las intervenciones políticas. Llegado el domingo, hubo Via Crucis y misa en la cumbre como todos los años pero, sobre todo y pese a la prohibición, duros discursos, pancartas, manifestaciones, gritos contra la dictadura y choques con una Guardia Civil incapaz de controlar la situación. Un informe oficial reconocería después que aquel 4 de mayo, hace ahora 50 años, Estella fue una ciudad sin ley, sumida en el desorden, la provocación y los insultos al “Caudillo”. Por la mañana, en las amplias campas tras el monasterio de Irache, hoy cuarteadas por la Autovía del Camino, se habían ido concentrando miles de personas “con caras de pocos amigos”, según relataba la revista Montejurra, órgano oficioso del Partido Carlista. Desde una tribuna y a través de altavoces, se dirigieron a la multitud cuatro oradores: Miguel Sancristóbal, jefe regional de Navarra; Elías Querejeta, delegado para Euskal Herría, perteneciente a una renombrada familia carlista guipuzcoana, igual que el conocido y homónimo productor de cine, primo suyo; José Ángel Zubiaur, procurador a Cortes por el Tercio Familiar, años más tarde fundador de UPN, y Juan Francisco Cerrillo Mansilla, que representaba a los obreros carlistas y que llegaría a ser secretario nacional de la poderosa Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT. En líneas generales, los cuatro criticaron duramente la expulsión de quienes abanderaban el histórico legitimismo carlista, reiteraron el compromiso con “las tres grandes libertades” -regional, sindical y política-, sumándose al resto del pueblo español en sus ansias de libertad. Igualmente y como solía ser habitual en los discursos de Montejurra, los cuatro hicieron referencias a la Guerra Civil. Sancristóbal, encargado de leer el mensaje enviado por “el Rey Javier”, pedía al Ejército que no se convirtiera en “instrumento de represión al servicio de una minoría adinerada”; Querejeta recordó que ya habían advertido en pleno conflicto de “la desviación totalitaria y fascista” del régimen; Zubiaur señaló que los requetés no habían muerto en los campos de batalla para crear una España de “vencedores y vencidos”, y, para Cerrillo, los sectores sociales que no supieron evitar la guerra serían quienes aprovecharan la victoria para instaurar “la paz de las oligarquías”. En las campas de Irache es donde aparecieron las consignas y pancartas más incisivas contra el régimen. Una de ellas decía que “la sangre hace rojas a las dictaduras”; en otra se leía: “A nuestra dinastía la ha echado el fascismo; a la otra la echó el pueblo”. Otra señalaba: “Antes que aceptar a Don Juan, ¡¡Viva la República!!”. Una vez más se pudo ver la premonitoria “Contra ETA, fueros, no fuerza”, advirtiendo que la única forma de atajar la incipiente amenaza de ETA era una reintegración foral que diera a las regiones las más altas cotas de autogobierno. Los más destacados ministros franquistas tenían dedicatorias especiales. Al general Camilo Alonso Vega (Gobernación) se le preguntaba si “Montejurra era una minoría subversiva”; a Solís Ruiz, presidente del Sindicato Vertical, “cuál era su salario mínimo”, y la dedicada al almirante Carrero Blanco (Presidencia), principal responsable de que no se reconociera la nacionalidad española a los Borbón-Parma, decía: “Si Don Javier no es español, Carrero es comunista”. A Franco se le llamaba directamente “traidor” y se le pedía que abandonara el poder como había hecho el general De Gaulle en Francia tras el Mayo del 68. Acabados los discursos, se inició el ascenso a la “Montaña Sagrada” siguiendo el Via Crucis dedicado, como señala la primera estación, a todos los carlistas muertos por sus ideales durante los siglos XIX y XX. Ya en la cumbre, terminada la misa, la princesa María Teresa de Borbón-Parma, que había burlado la orden de expulsión entrando clandestinamente desde Francia, dijo que allí estaba “la España que no quiere resignarse” y animó a todos a seguir luchando por “un futuro de justicia, fraternidad y paz”, antes de desaparecer como había venido, utilizando la red de casas que los carlistas tenían en los pueblos próximos, sin que los policías secretas enviados al acto pudieran impedirlo. MANIFESTACIÓN EN ESTELLA Durante toda la mañana circuló profusamente una pequeña octavilla convocando a una manifestación por la tarde en Estella. “El Gobierno -decía el panfleto- nos ha prohibido que hoy oigamos los discursos políticos en Estella. Hace cinco meses expulsó traidoramente de España a la familia Borbón-Parma. Esta persecución gubernamental del carlismo ha pasado de la raya. Si Quintillo ha representado la fe y la esperanza, Montejurra ha de ser la respuesta valiente. No queremos violencia, pero esta tarde a las 5 vamos a concentrarnos en la estellesa plaza de los Fueros, y nadie podrá impedirlo. Todos juntos en unión le diremos al Gobierno que seguimos fieles a Don Javier de Borbón-Parma y su hijo Carlos Hugo en la lucha por las libertades sociales, políticas y regionales del pueblo español”. Antes de esa hora, la plaza ya estaba llena de boinas rojas, pese a que muchas familias habían optado por abandonar Estella ante el creciente clima de tensión. Una primera manifestación recorrió algunas calles adyacentes para volver al punto de partida. Los gritos más coreados: “¡Rey Javier, libertad!” y “Carlos Hugo, libertad!”. Bajo la psicosis cierta de que policías secretas estuvieran “fichando” a los asistentes, un fotógrafo fue conminado a desvelar el carrete de su cámara. La ira de los manifestantes se cebó con las lunas de los bancos y del Sindicato Vertical, símbolo de la cara más fascista del franquismo. Varios jóvenes descolgaron de un local próximo un gran retrato de Franco que destrozaron junto al kiosco antes de hacer con él una hoguera. Después se inició otra marcha más compacta, integrada por unos cinco mil jóvenes y encabezada por una pancarta en la que se podía leer: “Franco, ya lo ves: los carlistas con los Borbón-Parma”. Alguien comenzó a gritar “¡¡Franco, traidor; sí, señor!!”, que fue, a partir de ese momento, un clamor unánime en la ciudad del Ega. No eran todavía las ocho de la tarde cuando se intentaron realizar algunas detenciones. En una de ellas, se produjo un forcejeo para evitar que se llevaran al apresado. Uno de los agentes sacó la pistola y realizó dos disparos al aire. Varios carlistas se abalanzaron sobre el policía, que acabó en el suelo. A esa hora, cientos de personas permanecían concentradas frente al cuartel de la Guardia Civil, al otro lado del río, junto a la plaza de Toros, pensando que había detenidos en su interior. Fue en ese momento cuando unos treinta agentes salieron armados con subfusiles para dispersar a los manifestantes disparando ráfagas al aire, llegando hasta la céntrica plaza de los Fueros. Corrió la consigna de trasladar la protesta a Pamplona. Según informes oficiales citados por el historiador Francisco Javier Caspístegui, las autoridades temieron realmente un derramamiento de sangre y, de hecho, la policía recibió orden de disparar contra los manifestantes si los graves hechos de Estella se reproducían en la capital navarra. En Pamplona, los autobuses llenos de carlistas eran bloqueados por policías armadas que les pedían el carnet de identidad. Quienes no lo tenían, eran trasladados a Comisaría; a otras personas que sí lo llevaban, se lo retiraron instándoles a que fueran a recogerlo para interrogarles. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con Reyes Berruezo, que luego sería diputada por el PSOE y también consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra. Le enseñaron fotografías para que identificara a los cabecillas. Se negó, y también a rubricar una declaración ya preparada, según la cual había ido a Estella por motivos familiares y no por propia voluntad. Días después se inició una cascada de multas. El 10 de mayo se conocieron las más elevadas: 50.000 pesetas para los cuatro oradores. Se trataba de una cifra considerable. Si tenemos en cuenta que entonces el salario mínimo estaba en torno a las 3.000 pesetas, en la actualidad equivaldría a unos 15.000 euros. Después caería sobre Navarra una verdadera pedrea sancionatoria. Entre los “afortunados”, varios conocidos socios del Muthiko Alaiak. Auxilio Goñi, procurador a Cortes como Zubiaur, y Mariano Zufía, entonces concejal en el Ayuntamiento de Pamplona y que llegaría a presidir la Cámara de Comptos en democracia, 25.000, por “presidir una reunión pública ilegal”. Otras 10.000 pesetas fueron para Jesús María Labayen, teniente de alcalde de Estella, y Juan Polo, secretario del Juzgado Municipal. La cuantía iba bajando según el grado de responsabilidad hasta las 2.500. Es la que recayó sobre el joven carlista Francisco Ubierna, activo sindicalista que se convertiría en importante dirigente del PCE. Ubierna forzó la legalización de CCOO al convocar el primer mitin de este sindicato con autorización gubernativa en los estertores del franquismo y estuvo al frente de la huelga minera de Crimidesa, una de las de mayor trascendencia laboral en el difícil periodo de la Transición. La lista de damnificados continuó hasta alcanzar las 500.000 pesetas en total, suficiente entonces para comprar dos pisos. También hubo numerosas detenciones. Entre las más notorias, las realizadas en Madrid, donde fueron clausurados el Círculo Carlista de Valdeiglesias y la Secretaría que Irene de Holanda, la esposa de Carlos Hugo, tenía en la calle Hermanos Bécquer. Uno de los apresados fue Gabriel Alonso Aristiaguirre, ex jugador del Real Madrid, de la Selección Española de Fútbol, internacional en doce ocasiones y “héroe” en el histórico Mundial de 1950, que se celebró en Brasil. Gabriel Alonso era entonces el jefe carlista de Madrid y junto a él fueron detenidos Juan Luis Rincón, responsable de los universitarios, y Vicente Catalán Antolín, integrante del consejo obrero. José Lázaro Ibáñez, impulsor del sindicato clandestino Federación Obrera Socialista (FOS), fue apresado a punta de pistola al salir del trabajo en Burlada y llevado a Comisaría, donde recibió una paliza que le provocó una brecha en la ceja. En Tudela, ingresó en prisión Ignacio Sancristóbal, hijo del jefe regional, por realizar una pintada en Cintruénigo. Solo tras depositar una fianza de 25.000 pesetas pudo quedar en libertad provisional. Por el mismo motivo, fueron detenidos otros cinco carlistas en Santander. JUICIO CIVIL Y MILITAR El proceso más grave se incoó contra Juan Francisco Cerrillo Mansilla, acusado de organizar la manifestación y de quemar el retrato de Franco. Terminó ante la Justicia Militar por estar todavía en situación de reserva. Detenido el día 8 de mayo en su domicilio de Madrid, Juan Cerrillo fue llevado a los calabozos de la DGS en la Puerta del Sol y después ante el Tribunal de Orden Público (TOP), que decidió inhibirse ante la Justicia castrense. El juez militar no aceptó el criterio del TOP y devolvió el acusado a lo Civil, donde volvieron a rechazar la causa, remitiéndole de nuevo al Tribunal Militar. El coronel jurídico, molesto por la insistencia del TOP, dictó libertad provisional con advertencia de que no volviera a delinquir hasta que en abril de 1972 saliera de la situación de reserva. La principal acusación contra Cerrillo se desmoronó cuando puso como coartada haber estado tomando café a esa hora con un mando de la Guardia Civil en Mendavia. Resulta que, tras los discursos de la mañana y precisamente en previsión de que fuera acusado de los incidentes, regresó esta localidad, donde se alojaba en casa de una familia carlista. Tomando café en un bar con varias personas, entre ellas un sacerdote del pueblo, pasó por allí casualmente el comandante del puesto de la Guardia Civil que conocía a varios de los acompañantes y se sentó con ellos a tomar un refresco hasta pasadas las 5 de la tarde, razón por la cual no podía estar ni dirigiendo las manifestaciones ni quemando el retrato de Franco. Lo ocurrido en Montejurra hace ahora 50 años tuvo incluso repercusión mediática pese a la imperante censura y no solo por la presencia de la televisión alemana, de la BBC británica, la cadena ABC norteamericana, las agencias internacionales Reuter y UPI y la revista Newsweek, que enviaron sus corresponsales, uno de los cuales dijo haber presenciado la manifestación más violenta contra Franco desde la Guerra Civil. También estuvo presente el escritor Luis Carandell, como enviado de la revista Triunfo, portavoz de los sectores intelectuales españoles más vanguardistas. En su crónica, el autor de Celtiberia Show planteaba superar la “leyenda ultramontana” que existía sobre el carlismo en la sociedad española y tener en cuenta sus principios sociales, anticentralistas, sobre la representatividad y su “colectivismo agrario”. El diario ABC y sobre todo Pueblo, órgano del Sindicato Vertical, cargaron contra José Ángel Zubiaur y Auxilio Goñi, que se negaban a pagar las multas, ya que habían actuado de acuerdo con sus ideas políticas, y solicitaban el amparo del presidente de las Cortes, Antonio Iturmendi, abriendo así un debate sobre la “inmunidad parlamentaria”. El diario Pueblo defendía que esa inmunidad era ante la Justicia no ante las acciones del Gobierno; algunos rotativos, como el Diario de Barcelona, apoyaron la posición de Goñi y Zubiaur, igual que otros procuradores también “familiares”, como como Serafín Becerra Lago o Jesús Esperabé Arteaga. Zubiaur vació su cuenta bancaria para evitar el embargo. Un día se topó en la calle con el juez encargado del caso, a quien conocía por ser también abogado; el juez le pidió que le evitara la vergonzosa tesitura de tener que ir embargándole los bienes de su casa. Solo entonces, Zubiaur aceptó reponer la cuenta y pagó la multa con el correspondiente recargo. Otra de las consecuencias indirectas de aquella jornada fue la prohibición del Aplec de Montserrat, la principal concentración carlista de Cataluña, prevista ese año para el 8 de junio. Aun ocurrió en esos días un significativo y luctuoso suceso relacionado con el carlismo, cuando en la localidad alavesa de Urabain, al pie de la sierra Urbasa, un policía secreta mató a tiros dentro de la iglesia a Segundo Urteaga Unzueta, quien, al parecer, se dirigía a tocar las campanas. De acuerdo con la primera versión oficial, se trataba de un miembro de ETA que, al verse acorralado, se había revuelto contra los agentes esgrimiendo un arma blanca. Después se descubrió que Segundo Urteaga no tenía nada que ver con ETA, que era un vecino de 55 años, excombatiente del Requeté en la Guerra Civil y que no había atacado a nadie con su “navaja cabritera”. El policía secreta, Fernando Montolio Millán, de 21 años, fue detenido pero quedó en libertad a los pocos días tras pagar una fianza de 25.000 pesetas, la misma cantidad que debió abonar Ignacio Sancristóbal para salir de la cárcel por haber hecho una pintada contra la dictadura.

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