La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha decretado la apertura de juicio oral por la quiebra de Construcciones Flores contra ocho personas por los delitos de insolvencia punible, estafa agravada, societario, alzamiento de bienes y apropiación indebida.

El auto, contra el que no cabe recurso, ratifica las medidas cautelares adoptadas durante la causa y requiere al acusado para que, en el plazo de un día, presente en fianza una cantidad de 7.186.000 euros para asegurar las responsabilidad pecuniarias que pudieran imponerse.

En junio de 2017, la juez dictó una resolución en la que apreciaba indicios de delitos societarios y de alzamiento de bienes en la quiebra de la empresa Construcciones Juan Bautista Flores, una de las más importantes en su momento del sector en Navarra.

En ella consideraba que la presidenta de la empresa C.F. junto con el administrador de European Credit, J.M.A., perteneciente al grupo Bandemia, idearon "una estrategia" para permitir a la primera poner a salvo de los acreedores el patrimonio de la constructora y al segundo enriquecerse a costa de ese patrimonio y en detrimento de estos.

Además la magistrada veía indicios de delito en la actuación de otros seis personas que también han sido investigadas vinculadas a las referidas empresas. Ahora ha determinado la apertura de juicio oral contra los ocho investigados.

El ministerio fiscal ha presentado escrito de acusación contra C.F. y J.M.A., en calidad de acusados, y A.G., como colaborador necesario, por un delito continuado de insolvencia punible por el que pide penas de cuatro años y seis meses de prisión, mientras que interesa el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los otros cinco investigados al considerar que "no existe prueba de la existencia de participación dolosa en los hechos".

Por su parte, las acusaciones personadas en el caso formulan acusaciones, en algunos casos contra todos ellos, por delitos de insolvencia punible, estafa agravada, societario, alzamiento de bienes y apropiación indebida y peticiones de cárcel, que en alguno de los delitos llegan a los seis años de prisión.