Diario de Navarra

La Ley de la plusvalía municipal aprobada por el cuatripartito a finales de 2017 tenía dos finalidades: establecer un nuevo sistema para calcular a partir de 2018 este impuesto, que grava cada compraventa de un inmueble, y por otro marcar cómo había que actuar con los casos anteriores a 2018, después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el cobro de este impuesto cuando el inmueble se había transferido por un precio inferior al original. Y solo en diez días, dos sentencias distintas han puesto en entredicho dos de las soluciones que la ley daba a los casos anteriores, algo que también cuestionó el TSJN hace un año. ¿Qué grava el impuesto de la plusvalía? La plusvalía municipal, denominado técnicamente Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es un impuesto que se instauró en España en 1997, y que los Ayuntamientos giran al vendedor en todas las transacciones de inmuebles (naves, viviendas...). Durante la burbuja inmobiliaria, cuando los precios de la vivienda subían sin parar, no generó apenas controversia. Pero el mercado pinchó, los precios empezaron a caer y muchos no entendían que les cobraran un impuesto por el incremento del valor del inmueble, cuando en realidad lo que había sufrido era una minusvalía con respecto al precio abonado en su día. Decenas recurrieron el impuesto ante su ayuntamiento, el Tribunal Administrativo de Navarra y los juzgados. La plusvalía tiene peso en las arcas municipales: en 2015 los ayuntamientos navarros recaudaron 19,2 millones (en Pamplona 5,6), el 3,2% de los ingresos totales. ¿Qué respuesta daban los jueces a los primeros recursos? A pesar de que los precios caían, y de que varios juzgados de otras comunidades habían llevado el asunto al Tribunal Constitucional, que no se había pronunciado aún, hasta enero de 2017 los jueces navarros daban la razón a los ayuntamientos. “La finalidad de este tributo no es la de gravar un hipotético beneficio patrimonial derivado de negocios particulares, sino que grava el incremento del valor de un terreno urbano como consecuencia de la acción urbanística del municipio, apreciada en actuaciones como a instalación o mejora de servicios públicos como alumbrado, aceras, mobiliario...”, decía en 2016 una sentencia de un juzgado navarro, que concluía que la finalidad del impuesto era que el propietario “devuelva a la colectividad parte del beneficio por él obtenido”. ¿Qué anuló el Tribunal Constitucional? En enero del 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN llevó al Tribunal Constitucional la anterior ley al entender que reclamar este impuesto era “ficticio” si la venta se había realizado por un precio inferior al de origen. Seis meses después, el Constitucional dio la razón al TSJN y anuló el cobro de este impuesto en transacciones en pérdidas. Apreciaba una vulneración del artículo 31 de la Carta Magna, que establece que el sistema tributario, “en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio” por razones de justicia fiscal. Según un estudio, en Navarra se habían transferido 5.400 viviendas en pérdidas entre 2013 y 2016. ¿Qué se hizo tras la sentencia del Constitucional? Para entonces ya se trabajaba en una nueva ley que diera acomodo a la sentencia del Constitucional. La oposición reclamó la devolución de todo lo cobrado de más a los ciudadanos durante los años previos no prescritos, pero el cuatripartito se negó. A finales de diciembre de 2017, la nueva ley fue aprobada con los votos de Geroa Bai, EH Bildu. I-E y Podemos. El nuevo texto legal establecía la forma de cobrar el impuesto a partir de enero de 2018, pero también contenía una disposición transitoria sobre cómo actuar ante los casos anteriores. La primera parte no ha generado ningún conflicto judicial, pero prácticamente todos los artículos sobre cómo solucionar lo anterior han sido cuestionados, de una forma u otra, por diferentes tribunales. ¿A quién había que devolver lo cobrado de más antes de la ley? Solo en dos supuestos: a los que tuvieran recurrido el impuesto (ante el Ayuntamiento, TAN o juzgado), y por tanto no tuvieran una resolución firme, y a los que vendieron un inmueble entre el 15 de julio y el 31 de diciembre de 2017, entre la anulación de la antigua ley y la promulgación de la nueva. Pero en ambos casos, solo si la transacción del inmueble se hizo en pérdidas. Pero a principios de marzo, solo dos meses después de aprobar la ley, una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, el órgano superior en la Comunidad foral, cuestionó que solo tuvieran razón los demandantes con ventas en pérdidas. Los cinco magistrados de la Sala concluyeron que el cobro de este impuesto con la anterior legislación también fue nulo cuando se hizo con ganancias. El motivo, argumentaban, es que si los artículos de la ley foral fueron declarados nulos por el Constitucional, quedaban expulsados de la legislación, y por lo tanto todas las liquidaciones giradas por los ayuntamientos en cada compraventa de casas y otros inmuebles, con pérdidas o con ganancias, “quedaban huérfanas de amparo legal” y no se podían recalcular. Desde el Gobierno de Navarra se quitó importancia a esta sentencia, afirmando que era un caso anterior a la nueva legislación, si bien el fallo iba en contra del espíritu de la nueva norma. ¿Qué decía la ley sobre los casos judicializados? La nueva ley obligaba a los jueces a cerrar todos los casos en trámite y enviarlos a los Ayuntamientos para que estos, según su criterio, practicaran una nueva liquidación, que a su vez podía volver a ser recurrida. Los jueces de lo Contencioso-Administrativo, a finales de febrero del año pasado, dudaron de que este punto fuera constitucional, ya que se trataba de una cuestión procesal y esta es una competencia exclusiva del Estado. Desde el Gobierno foral también se le quitó importancia a esta decisión, afirmando que la ley lo que pretendía era “facilitar estos procedimientos”. Pero hace apenas diez días, el Tribunal Constitucional dio la razón a los jueces navarros y anuló este artículo de la ley por invadir competencias del Estado. Además, apuntaba que “el único fin” de este punto legislativo, en contra de lo defendido por el Gobierno, era “ahorrar” a los ayuntamientos las consecuencias económicas que podrían suponer sentencias desfavorables en forma de condena en costas, intereses... ¿Qué ha pasado en el juzgado con los casos? En la mayoría de los casos -antes de la sentencia del Tribunal Constitucional se presentaban unas 60 demandas al año- han visto cómo sus demandas quedaban congeladas en el juzgado. Primero, en 2017, cuando el TSJN planteó la cuestión de inconstitucionalidad, todos los casos quedaron paralizados y se suspendieron los juicios ya señalados. Tras la resolución del Alto Tribunal volvieron a señalarse, pero la nueva cuestión de inconstitucionalidad volvió a paralizarlos. Ahora se reactivarán. ¿Hay alguna forma de reclamar ahora lo pagado antes de 2018? La ley aprobada por el cuatripartito recogía, expresamente, que no se podían recurrir. Pero una empresa que había comprado una vivienda en enero de 2017 y que pagó la plusvalía municipal al Ayuntamiento de Pamplona sin recurrirla, decidió reclamarla tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional. Según la ley, es algo que no podía hacer, ya que era un impuesto girado, cobrado y firme, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona ha dado la razón al demandante, tras una sentencia del Tribunal Supremo en sentido similar. “Aunque sea un acto tributario que devino firme, es susceptible de revisión en atención de la nulidad derivada de la inexistencia de norma jurídica que sustentase la liquidación tributaria, por razón de la declaración de inconstitucionalidad de la misma”, dice el fallo. Está por ver las repercusiones de este fallo por la vía que abre y que pone, de nuevo en tela de juicio, la nueva ley de las plusvalías.

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Plusvalías, una ley en tela de juicio

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